Los tribunales de la provincia de Río Negro dictaron nuevas medidas contra deudores alimentarios.

En el primer caso, la jueza de Familia de la ciudad rionegrina de Viedma le prohibió a un deudor alimentario cargar combustible en las estaciones de servicio de la cadena YPF hasta que cumpla con el pago de la cuota para sus cuatro hijos.

En la otra sentencia, la jueza de Familia de San Carlos de Bariloche le impidió al deudor alimentario concurrir al casino de la ciudad, participar en las ligas deportivas locales, ya sea como jugador y/o espectador, ordenó su incorporación al registro de deudores alimentarios y la prohibición de salir del país.

El deudor alimentario no podrá cargar nafta

En el expediente “H.J.J. c/ O.F.D. s/ Ejecución”, la jueza de Familia de Viedma constató que el obligado no pagó la cuota alimentaria, por lo que consideró necesario llevar adelante medidas hasta que resuelva su deuda.

A raíz de ello, le impidió cargar nafta en la ciudad hasta que no cubra su deuda y le prohibieron brindar servicios en su lugar de trabajo.

Además, como el deudor abastece a un supermercado de una ciudad de la región Sur rionegrina, le prohibió brindar cualquier servicio a ese establecimiento. El comercio ya fue notificado.

Otra de las medidas le impide contratar, vender productos, bienes, transporte, mudanzas, entre otros, “hasta tanto acredite fehacientemente el pago de la prestación alimentaria en favor de sus cuatro hijos”, dice el fallo.

Por último, se dispuso el embargo del 15% de los ingresos del alimentante por las contrataciones que el deudor tiene con el Municipio. En este caso, incluyen contratos de locación de obras y servicios en general.

La contraparte solicitó el embargo de las cuentas y plazos fijos del deudor, pero para avanzar con esa medida la jueza consideró que será necesario identificar primero las entidades financieras correspondientes.

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No podrá ir al casino, participar de la liga de fútbol ni salir del país

En el caso “A.V.G.M. c/.A.D.A. s/ Alimentos”, el demandado nunca se presentó a los requerimientos del juzgado de Familia de Bariloche. Sólo se obtuvo un monto de la cuota que le corresponde al niño cuando se ordenó desde el tribunal el embargo de una indemnización laboral recibida por el progenitor. Nunca más aportó la cuota. No obstante, siguió realizando actividades recreativas y deportivas de manera personal.

La jueza sostuvo que “las prestaciones alimentarias que deben los progenitores a sus hijos menores de 21 años forman parte ineludible de los derechos/ deberes que son consecuencia de la responsabilidad parental. Ellas están en cabeza de ambos sin considerar a quien se atribuye el cuidado personal. Por tal motivo, ambos tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna”.

“Como consecuencia de esta obligación, el Cód. Civ. y Comercial dispuso una serie de facultades a las que puede recurrir el juez que entiende en la causa para asegurar el cumplimiento de la prestación alimentaria. Así, el art. 553 del Cód. Civ. y Comercial integra el plexo normativo orientado a la eficacia de la resolución que fija los alimentos.

Se trata de una norma abierta que faculta al juez para disponer “medidas razonables” para asegurar el cumplimiento de la cuota establecida”, remarcó.

El fallo destacó que “la cuestión alimentaria es uno de los derechos humanos básicos.

El derecho a la alimentación se encuentra fuertemente emparentado con el derecho a la vida, y representa el derecho de toda persona de satisfacer sus necesidades básicas”.

Asimismo, se consignó que “a niñas, niños y adolescentes les corresponden todos los derechos y garantías de las personas mayores, junto con todas las protecciones especiales previstas por su situación particular de persona en desarrollo”.

En el mismo sentido destacó que la Convención de los Derechos del Niño indica que los Estados pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.

En el caso en particular, la jueza consideró que “imponer una sanción de índole pecuniaria sería igualmente ineficaz a los fines de compeler al cumplimiento de la cuota.

En efecto, la cuestión de la eficacia -o ineficacia- de las resoluciones judiciales que condenan al pago de una cuota alimentaria, cuando los obligados al pago son remisos en su efectivización o incurren en el incumplimiento liso y llano, imponen a los operadores jurídicos el deber de adoptar medidas asegurativas del pago de alimentos”.

Por ello, hizo lugar a las medidas solicitadas por la progenitora, ya que las mismas constituyen una medida de acción positiva en los términos del art. 75 inc. 23 Const. Nacional, en cuanto se debe legislar y promover medidas de acción positiva (y aplicarse judicialmente).

A su vez, remarcó que la actora es quien “se encuentra en mejores condiciones para indicar cuáles son las realidades e intereses del alimentante a fin de incidir en su conducta y modificar su reticencia a cumplir con la prestación alimentaria”.

De esta manera, la jueza le impidió al deudor concurrir al casino de la ciudad, no podrá participar en la liga de fútbol local -LIFUBA- y en cualquier otro deporte, ya sea como jugador y/o espectador. También se ordenó su incorporación al registro de deudores alimentarios y la prohibición de salir del país.

Ponemos a disposición el fallo

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