Por: Richard Amaro Gómez

Rememoren que el Régimen de Reparación Histórica, en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799), propone un nuevo paradigma: la exteriorización de activos ocultos de modo 'encubierto'. A diferencia de otros regímenes, este no requiere la presentación de declaraciones juradas especiales de regularización ni una exteriorización específica en Ganancias, y está dirigido solo a ciertos sujetos (básicamente personas humanas y sucesiones indivisas residentes).

Claramente, no se está ante un sinceramiento regular o tradicional como los vistos en el pasado -por citar un ejemplo reciente, el Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743) de 2024-. Si se compara un blanqueo regular con este nuevo esquema de 'cuasi-blanqueo', se encuentran diferencias sustanciales, siendo la más relevante que este último ofrece menor seguridad jurídica y mayores riesgos.

El riesgo local: Ingresos Brutos y Tasas Municipales

En esta línea de pensamiento, no escapa a este régimen. Para aquellos sujetos que son contribuyentes en provincias o municipios, la exteriorización de activos ocultos puede activar la figura del incremento patrimonial no justificado. En el orden subnacional, esto se traduce automáticamente en:

Ventas omitidas en el IIBB (ISIB).
Ventas omitidas en las Tasas Municipales (Seguridad e Higiene, entre otras).

Este es un riesgo inherente que ha existido en cualquier régimen de exteriorización, sea regular o irregular.

La insuficiencia de los acuerdos: la necesidad de leyes locales

Más allá de los acuerdos de adhesión que la ARCA pueda firmar con los fiscos locales, es necesario resaltar que, sin normativa local específica, los mismos pueden carecer de efectos concretos. Para que el riesgo desaparezca en este ámbito, es imperativo contar con:

1. Normativa provincial (incluyendo CABA): las legislaturas locales deben emitir leyes de adhesión que establezcan regímenes de fiscalización limitada, bloqueando la posibilidad de que el fisco local determine de oficio impuestos sobre la base de los activos exteriorizados a nivel nacional. Asimismo, las Direcciones Generales de Rentas deben reglamentar estas leyes.

2. Ordenanzas municipales: los municipios deben establecer formalmente su adhesión y limitar sus facultades de fiscalización respecto al incremento patrimonial detectado.

Conclusión

Para que el contribuyente tenga plena tranquilidad, no basta con convenios de colaboración administrativa. Es necesaria la existencia de normativa local expresa que actúe como escudo jurídico. Sin este respaldo legal en provincias y municipios, la exteriorización a nivel nacional podría convertirse en el 'caballo de Troya' de futuras inspecciones locales por ingresos omitidos.

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