Por medio del Decreto 969/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo creó un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las Provincias y/o la CABA, el cual tendrá como objetivo extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas.

La medida apunta a acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas recíprocas y/o créditos entre las partes.

Por su parte, el Vicejefe del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán, anunció en su cuenta de X lo que él denominó el lanzamiento del “Régimen de Reparación Federal” y expresó que lo considera un “borrón y cuenta nueva” que los gobernadores podrán utilizar de una forma “creativa” para aportar claridad a las cuentas públicas.

¿En qué consiste la medida?

El viejo Régimen Federal de responsabilidad fiscal establecido por Ley 25917, prevé en su art. 26 la creación de un régimen de compensación de deudas.La norma del año 2004 es hoy reflotada con el diseño de un plan que dispone que las 24 jurisdicciones podrán utilizar para sanear sus pasivos y créditos.

El Ministerio de Economía está dotado de la facultad de determinar créditos y débitos del Estado Nacional y además a establecer los mecanismos para su extinción a través de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. Es en uso de esta facultad que la Secretaría de Hacienda desplegará el mecanismo necesario para la adhesión y el trámite al nuevo régimen.

El mismo está constituido por una primera etapa de adhesión en la que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán expresarse en un plazo de 30 días hábiles administrativos. Pasado dicho plazo se dispondrá de 60 días hábiles administrativos para presentar la documentación respaldatoria de los créditos y débitos que pretenden compensar.

Capítulo aparte merecen aquellas deudas objeto de controversias administrativas o litigios judiciales y/o arbitrales, para las cuales se requerirá la intervención previa de la Sindicatura General de la Nación.

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