Durante los últimos días se dieron a conocer causas judiciales de fueros laborales de distintos lugares del país que trataron sobre la procedencia de las multas por empleo no registrado o por falta de certificado de trabajo, entre otras, a los casos en trámite luego de la entrada en vigencia de la denominada Ley de Bases, que las eliminó.

El primer caso, “A. R. A. c/ B. J. M. s/ Laboral” que se difundió ocurrió en la provincia de Misiones. El magistrado de ese caso consideró que se trataba de sanciones y no de indemnizaciones, por lo cual, al no haber sentencia firme en un caso de 2016, no había que aplicarlas.

Ley Bases: primer fallo que no aplica multas laborales por estar derogadas

Luego, se dieron a conocer otras sentencias, de las provincias de Córdoba y Corrientes, pero con soluciones totalmente distintas.

Mientras la primera siguió los lineamientos de la ley de bases y consideró que no había que aplicar las multas por tratarse de una sanción, la sentencia del tribunal correntino consideró que las normas que incrementan los montos resarcitorios por empleo no registrado debían considerase para las causas en trámite porque se trata de indemnizaciones y no de sanciones.

A favor de la eliminación de las multas a los casos en trámite

Los casos de Córdoba

La sala Décima de la Cámara del Trabajo de la ciudad de Córdoba, en dos sentencias consideró que la Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos, que eliminó las multas laborales, es aplicable a los litigios en trámite.

En el caso “Moyano, Rosa Inés c/ Rossi, Paola Andrea - Ordinario - Despido”, la actora reclamó la aplicación de las multas del artículo 1 y 2 de la Ley 25.323 y el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En este escenario, la Cámara del Trabajo -constituida unipersonalmente por el juez Huber Oscar Alberti- indicó que estos rubros 'ya no están contemplados'.

Lo mismo ocurrió en el caso “Orellano, Miguel Ángel c/ M.A. Comercial SRL – ordinario – despido”, firmada por el juez Horacio Saad.

En concreto, compartieron visiones similares:
“Las normas derogadas preveían sanciones pecuniarias a manera de punición por el apartamiento de determinados comportamientos por parte del empleador. Aquella particular naturaleza determina la aplicación de la reforma de manera retroactiva por resultar las nuevas disposiciones 'más favorables' en relación al 'alcanzado' por la sanción punitiva que preveían los regímenes derogados'.

“Las normas derogadas no tenían en cuenta el daño sino la conducta del empleador; es decir, su función no era compensar el daño producido al empleado sino castigar y prevenir determinadas conductas consideradas típicas por ser subjetivamente reprochables, con la finalidad de desincentivarlas”.

El dictado de la Ley de Bases conlleva ese cambio en la valoración social de los hechos que antes eran pasibles de reproche y disparaban la aplicación de multas'.

A favor de la continuidad de las multas a los casos en trámite

El caso correntino

El juez correntino Octavio Roberto Panozzo, en el caso “Correa Baier, Miguel Ángel c/ Gallo, Julian; Elvil SRL s/ ind.; etc”, en cuanto a las indemnizaciones agravadas solicitadas por el actor, el magistrado remarcó que fueron derogadas mediante el dictado de la Ley 27.742, pero correspondía determinar si era aplicables o no al caso concreto.

Desde su punto de vista, el legislador a lo largo de los años y en diferentes leyes, escogió tipificar a estos créditos como verdaderas indemnizaciones laborales. Este criterio interpretativo fue seguido por la CSJN en los precedentes “Di Mauro”; y “Espinosa, Gustavo Carlos c/ Marítima Maruba S.A. y otros s/ despido”, del 29 de agosto de 2019.

Y consideró que las normas derogadas establecían una reparación específica a favor del trabajador por la falta o incorrecta registración de su contrato de trabajo. Así, entendió que “la naturaleza jurídica de las normas derogadas responden a verdaderas indemnizaciones destinadas al patrimonio del trabajador. Las que tienen como causa fuente la no registración del contrato de trabajo que vinculaba a las partes y por consiguiente, el daño que hubiere sido ocasionado por la conducta disvaliosa del empleador al incumplir las obligaciones registrales a su cargo”.

El art. 237 de la Ley 27.742 establece: “Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, salvo en los capítulos o títulos en donde se señala lo contrario”. Dado que la ley citada fue publicada en el Boletín Oficial con fecha 8 de julio de 2024, la misma comenzó a regir el 9 de julio de 2024.

“Es evidente que la nueva legislación -por su propio efecto inmediato- se aplica a las situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro (es decir, a partir de la vigencia de la nueva ley). Pero también a las relaciones y situaciones que se encuentran en curso de constitución, y a aquellas ya constituidas y existentes en cuanto no estén agotadas”, añadió.

Y explicó que “una situación jurídica está agotada cuando los actos que la constituyen se han realizado y sus efectos se han producido en su totalidad, de manera que no quede ninguna acción o efecto pendiente bajo el imperio de la ley antigua”.

“Entonces, al contener esas normas derogadas verdaderas indemnizaciones surgidas del daño ocasionado por la conducta del empleador durante la existencia del contrato de trabajo que vinculaba a las partes, el cual ha fenecido antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.742, sumado al perfeccionamiento por parte del actor de la acción destinada a obtener el reconocimiento de las mismas, también antes de dicha entrada en vigencia; entiendo que la situación jurídica habida se hallaba plenamente agotada al momento de la entrada en vigor de la nueva ley, que derogó dichas indemnizaciones especiales”, enfatizó.

Por lo tanto, debía aplicarse las normas vigentes mientras la situación jurídica -laboral- existió.

En este punto, hizo referencia al principio de ultractividad de la ley, que asegura que los derechos y obligaciones surgidos en situaciones jurídicas agotadas, bajo la vigencia de la ley antigua no sean alterados por la promulgación de una nueva ley que derogue las disposiciones anteriores.

La sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (sala II)
Los camaristas José Sudera y Andrea García Vior, en el caso 'Cordini Juncos, Martín Alejandro y otros C/ Comisión Nacional de Regulación del Transporte S/ Despido', señaló que “el derecho al cobro de las indemnizaciones y agravamientos indemnizatorios reclamados en función de las leyes 25323 y 25345 (esta último modificatoria del art 80 LCT sobre la indemnización por falta de entrega por certificados de trabajo), ha quedado perfeccionado en el caso con notoria anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa, por lo que siendo la sentencia emitida al respecto declarativa y no constitutiva de derechos, se ha aplicado al presente la normativa vigente al tiempo de sucederse los hechos sometidos a juzgamiento”.

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