La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en los autos “Tucumán Vidrios S.R.L. s/quiebra declarada s/ incidente de revisión”, invalidó la sentencia recurrida en cuanto el Superior Tribunal provincial, al desestimar el recurso de casación y confirmar lo resuelto por la cámara, y rechazó la verificación de la deuda reclamada por la AFIP sobre la base de que el ente recaudador no había cumplido con la carga de acreditar su pretensión en el proceso concursal.

Fundamentos

Se omitió ponderar que los documentos del expediente administrativo constituían -en los términos de la resolución general (AFIP) 1566/2010- los actos mediante los cuales aplicó a la sociedad fallida diferentes multas por infracciones al régimen de la seguridad social y donde puso en conocimiento de la empresa el derecho que le asistía a interponer, contra esas sanciones, los recursos previstos legalmente, debiendo haber evaluado el a quo tales cuestiones a fin de determinar si resultaba procedente o no la verificación de las sanciones reclamadas por la AFIP.

Antecedentes del Caso

El caso se originó en el marco del concurso preventivo y posterior quiebra de la empresa Tucumán Vidrios SRL. La AFIP había solicitado la verificación de créditos en concepto de multas por incumplimiento de obligaciones de la seguridad social. La Cámara en lo Civil y Comercial Común de Tucumán rechazó dicha verificación, sosteniendo que el organismo fiscal no había adjuntado las resoluciones que imponían las multas, lo que impedía verificar su existencia y firmeza, y que no se había garantizado el adecuado ejercicio del derecho de defensa. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán desestimó el recurso de casación de la AFIP, confirmando esta postura.

Argumento de la AFIP

La entidad fiscal interpuso un recurso extraordinario (que generó la presente queja) argumentando que el tribunal provincial había efectuado una incorrecta interpretación del derecho y se había apartado de la prueba, violando el debido proceso y el derecho de defensa. Sostuvo que las actas agregadas al expediente constituían el acto administrativo de aplicación de las multas, conteniendo las sumas a ingresar, la normativa aplicable y el plazo para el descargo y ejercicio del derecho de defensa, que el contribuyente no utilizó. Además, señaló que el síndico interviniente había aconsejado admitir el crédito por las multas.

Dictamen de la Procuradora Fiscal y Decisión de la CSJN

El dictamen de la Procuradora Fiscal, cuyos fundamentos y conclusiones fueron compartidos por la CSJN, señaló que el tribunal provincial había omitido ponderar que los documentos obrantes en el expediente constituían los actos administrativos mediante los cuales la AFIP aplicó las multas por infracciones al régimen de seguridad social (períodos 6, 7, 9, 10, 11 y 12/2016, y 1 y 5/2017), conforme a la Resolución General (AFIP) 1566/2010. Se indicó que en esos actos se había notificado a la empresa la posibilidad de interponer recursos.

En consecuencia, se consideró que el pronunciamiento de la Corte de Tucumán no era una derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias comprobadas de la causa, calificándolo como una sentencia arbitraria por prescindir de las constancias de la causa y menoscabar el derecho de defensa.

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