La sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la multa que el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal le impuso a un abogado por infringir deberes fundamentales inherentes al ejercicio profesional.

En el caso “M. B., J. C. c/ CPACF (EX 32058) s/ Ejercicio de la abogacía - Ley 23187 - art 47”, el denunciante manifestó sentirse agraviado por la conducta de su expatrocinante, a quien contrató como abogado para que lo represente en el marco de un divorcio. Por dicha gestión adelantó un pago por $10.000.

Tiempo después, se contactó con el profesional para saber si había introducido -en la demanda de divorcio- las modificaciones solicitadas y éste le hizo saber que renunciaba a su patrocinio.

A los pocos días, el denunciante tomó conocimiento de que su exabogado se encontraba conviviendo -en su casa- con su ex esposa, a quien ahora representaba en los reclamos contra él relacionados a la división de bienes de la sociedad conyugal.

Enfatizó que, en virtud de la contratación de sus servicios, le proporcionó toda la información quedando indefenso, por lo que surgía de manera evidente que el abogado se comportó de manera desleal.

Multa por no cumplir con los deberes profesionales

El Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal le impuso una multa de $100.000 por entender que el denunciado no atendió los intereses confiados por su cliente con celo, saber y dedicación (artículo 19 inciso a) del Código de Ética.

Para el Tribunal, el letrado no realizó la tarea asumida con cuidado y diligencia, ni evitó la representación de intereses contrapuestos sin brindar a cada caso la atención que requiere. Desde ese punto de vista, quedó demostrado que el abogado no se comportó con la lealtad, probidad y buena fe exigidos en el desempeño profesional con respecto a su cliente.

Explicó que, en base a las pruebas presentadas, el abogado debió, por la relación sentimental que mantiene con la exesposa de su excliente, abstenerse de realizar labores judiciales y/o extrajudiciales contra aquél, pero tuvo toda la intención de ir en su contra representando al hijo y a la ex esposa, usufructuando la de información obtenida.

El acusado cuestionó la decisión. Manifestó que no utilizó información de su antiguo cliente para perjudicarlo y que la multa impuesta es arbitraria, en tanto carece de fundamento legal por cuanto no hay de su parte conducta que sea reprochable

Añadió que “el procedimiento se encuentra plagado de aspectos y cuestiones meramente conjeturales y que no son el fiel reflejo de los hechos; que no confeccionó las cartas documento en las que se sustenta la sanción; que solo reconoció que figuraban sus datos pero no que las había confeccionado; que no se determina “que” información es la que se habría utilizado en perjuicio de su ex cliente con el quien tuvo una desvinculación sin reproches de su parte”.

La decisión de la Cámara

Los camaristas Sergio Fernández y Jorge Moran remarcaron que el art. 6 de la Ley 23.187 sostiene que “Son deberes específicos de los abogados, sin perjuicio de otros que se señalen en leyes especiales, lo siguiente: … e) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional; …”.

En tanto, el art. 44 de la misma ley refiere que “Los abogados matriculados quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esta ley, por las siguientes causas:... e) Retardo o negligencia frecuente, o ineptitud manifiesta, u omisiones graves, en el cumplimiento de sus deberes profesionales;…”; g) Incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el Colegio; y h) “Todo incumplimiento de las obligaciones o deberes establecidos por esta ley”.

Por otra parte, el art. Art. 10, inc. a) en orden a los deberes inherentes al ejercicio de la abogacía, precisa “a) Utilizar las reglas de derecho para la solución de todo conflicto, fundamentado en los principios de lealtad, probidad y buena fe”; asimismo, el art. 19, con motivo del deber de fidelidad agrega –entre los deberes fundamentales del abogado para con su cliente- “Decir la verdad a su cliente, no crearle falsas expectativas, ni magnificar las dificultades, o garantizarle el buen resultado de su gestión profesional y atender los intereses confiados con celo, saber y dedicación; y en el inc. f) agrega “Proporcionar a su cliente información suficiente acerca del Tribunal u organismo donde tramite el asunto encomendado, su estado y marcha, cuando así se lo solicite, en forma y tiempo adecuados”.

Tras considerar acreditado el presupuesto de hecho objeto de reproche por lo que se le impuso la sanción de multa en la suma de $100.000, los magistrados añadieron que los argumentos que esgrime el recurrente no rebaten los términos de la sanción que impuso autoridad de aplicación, en tanto no permiten desvirtuar los argumentos del Tribunal de Ética.

Añadieron que “el abogado debe demostrar interés efectivo en la defensa de los derechos de su cliente. La actitud contraria a la conducta descripta configura una violación al deber de fidelidad, en tanto, no se protegen los intereses confiados, con celo, saber y dedicación según lo previsto en el art. 19 inc. a) del Código de Ética”.

Sobre la base de lo expuesto, enfatizaron que “los planteos defensivos articulados –que sostienen que no brindó información que perjudique a su ex cliente- no logran justificar la conducta reprochada y en ese orden, no expone ni evidencia la arbitrariedad o ilegalidad que invoca como sustento de su pretensión impugnatoria y que justifique modificar o dejar sin efecto la decisión que se impugna”.

Esto se debe a que “las escuetas consideraciones formuladas en el escrito recursivo no controvierten las pruebas en las que se sustenta el pronunciamiento apelado ni los fundamentos allí desarrollados”.

“No demostró que la decisión impugnada carece de fundamentos suficientes, que incurre en deficiencias lógicas o viola las reglas de la sana crítica; en definitiva, no logra demostrar que no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa; tampoco refiere concretamente a los argumentos que sustentan la decisión cuestionada ni mucho menos a la razón por la que éstos resultarían errados, limitándose a reiterar su postura mediante lacónicas y genéricas afirmaciones desprovistas del necesario fundamento, cuya relación con las circunstancias de la causa no resultan conducentes para pretender se revoque el acto que le impuso la sanción de multa”, concluyeron.

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