La sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una multa contra la cadena de electrodomésticos Frávega por no cumplir debidamente con una promoción del conocido programa de descuentos online “Hot Sale”.

En el caso “Frávega SACIFyA c/ Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo (Ex 48527581/20 - Disp 84/21) s/ Recurso directo Ley 24.240 - art 45”, el organismo mencionado le impuso a la empresa una multa de $2.500.000 porque en el marco de un Hot Sale, la empresa promocionó un descuento exclusivo, pero luego se comprobó que era “idéntico al realizado en forma previa a la entrada en vigencia de ese programa”.

Agregó que la firma también consignó un precio anterior más elevado al que se ofrecía en los días previos, informando así un porcentaje de descuento que no era tal; en consecuencia, no suministró información veraz induciendo a engaño y/o error a las y los consumidores.

La firma sancionada interpuso un recurso contra la sanción impuesta. En su recurso sostiene la actora que el pago previo de la multa que se le impuso, previsto en el art. 45 de la Ley 24.240, es inconstitucional.

El fallo de la Cámara

Los jueces Jorge Alemany, Guillermo Fabio Treacy y Pablo Gallegos Fedriani remarcaron que “el incumplimiento que se le endilga a Frávega SACIFyA, en cuanto a la información que debe suministrar a los potenciales consumidores, se encuentra suficientemente probada, por lo que los hechos infraccionales endilgados no se ven desvirtuados por las afirmaciones de la firma sancionada”.

“De conformidad con la compulsa de las actuaciones administrativas, se advierte con claridad que resulta fundada la imputación efectuada y la correspondiente sanción que le fuera aplicada a la firma recurrente, a la vez que carece de relevancia el argumento referido a su supuesta ausencia de responsabilidad en cuanto al lugar donde fueron colocados los productos en las góndolas del supermercado”, añadieron.

Sobre los cuestionamientos de la empresa por supuesta falta de pruebas, los magistrados añadieron que “no debe olvidarse que los expedientes administrativos, incluso de las empresas estatales, tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas”.

“Con mayor rigor, llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos, y ello aun tratándose de las empresas estatales”, subrayaron.

No es necesario el daño para configurar la infracción

No obstaba a lo expuesto, según los jueces, la no existencia de un daño a los consumidores, como arguyó la empresa, ya que, como regla general, las infracciones como la examinada revisten el carácter de “formales”, y su sola verificación hace nacer por sí la responsabilidad del infractor, por lo que no se requiere daño concreto sino simplemente la violación de lo prescrito por la ley.

Es que, según los camaristas, “la infracción se configura por la sola omisión o el incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios y no requiere la producción de un daño concreto; pues basta la conducta objetiva contraria a la ley; por lo que tampoco es necesario ponderar el grado de culpabilidad del infractor”.

El monto de la multa

“La determinación y graduación de las multas es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad. En efecto, no resulta exigible una exacta correlación numérica entre la multa y la infracción cometida, sino que es suficiente que la autoridad de aplicación realice una apreciación razonable de las diferentes circunstancias tenidas en cuenta para justificar la sanción”, añadieron.

En el caso, para los jueces, no se advertía que la multa fuera desproporcionada en relación con la falta cometida porque “se respetaron los montos autorizados por la Ley 24.240, como así también deben ponderarse las características del servicio, la posición en el mercado de la empresa infractora y su grado de responsabilidad en la comisión de la infracción, y el carácter ejemplar y disuasivo de la medida sancionatoria”.

Asimismo, se tuvo en consideración que el evento denominado Hot Sale resulta de gran alcance, en virtud de desarrollarse por canales de comercio electrónico, durante varios días, involucrando una importante campaña publicitaria y que tiene llegada a público de todo el país.

Así, rechazaron el recurso interpuesto por Frávega SACIFyA.

La publicidad engañosa y los derechos del consumidor

En el artículo “El fenómeno de la publicidad engañosa y la cadena de proveedores”, publicado en Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor de Erreius, Melissa Zanoni explicó que “las leyes de defensa del consumidor y las disposiciones sobre publicidad engañosa están diseñadas para proteger a los consumidores de prácticas comerciales abusivas y asegurar que la información proporcionada por las empresas sea transparente y confiable”.

“Este caso también destaca la necesidad de que las empresas revisen sus estrategias de marketing y ventas para cumplir con las normativas vigentes y evitar sanciones que no solo afectan su reputación, sino que también pueden resultar en consecuencias económicas significativas. En definitiva, el cumplimiento de la ley 24240 y otras disposiciones relacionadas es crucial para garantizar un mercado justo y equitativo para todos”, concluyó.

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