Por: Mercedes Rodríguez Soria

Abogada (UBA). Mediadora general (MJyDH)

I – Introducción

Abordaremos en este trabajo una cuestión que involucra al mismo tiempo varios derechos personalísimos: el derecho a la vida, a la dignidad, a la autonomía de la voluntad y autodeterminación. Cuando hablamos de la denominada comúnmente “muerte digna”, estamos hablando del derecho que tiene toda persona a decidir cómo desea transitar el tramo final de su vida cuando se dan determinadas circunstancias que tienen que ver con la irremediabilidad del desenlace fatal.

Es necesario aclarar que no debe confundirse la noción de “muerte digna” con las prácticas eutanásicas. De acuerdo con la normativa vigente en nuestro país, está permitido manifestar la voluntad de retiro del soporte vital o la abstención de la hidratación y alimentación artificial (prácticas denominadas “pasivas”).

Sin embargo, no están permitidas las prácticas que impliquen eutanasia activa. Este tipo de directivas del paciente, en caso de existir, se deben tener por inexistentes o no escritas, según lo normado por el Código Civil y Comercial (CCyCo.) y por la ley 26529. En el mismo sentido, la legislación de Córdoba proscribe las “conductas que tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida, la eutanasia o la provocación de la muerte por piedad”.

El caso que analizaremos es el de un paciente de 64 años que se encontraba internado en estado vegetativo en el Hospital Municipal de Urgencias de la ciudad de Córdoba, cuya familia tuvo que acudir a la justicia para que ordenara el retiro de las medidas de soporte vital, luego de varios meses sin cambios significativos en su cuadro neurológico irreversible.

Para comenzar, repasaremos lo que establece la normativa nacional sobre la autonomía de la voluntad del paciente con una enfermedad incurable y qué sucede cuando se encuentra imposibilitado para expresar su voluntad.

Como veremos, en el caso en análisis se plantea una colisión normativa entre las disposiciones nacionales (arts. 59 y 60, CCyCo. y L. 26529) y la normativa de la Provincia de Córdoba (L. 10058).

Además:

II - Legislación nacional: principios fundamentales
III - Fallo del tribunal superior de justicia cordobés
IV - Conclusión

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