En la causa “Lobariñas, Alberto c/ Piegari S.A. s/ despido”, el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 49 resolvió que el trabajador actuó correctamente al considerarse despedido indirectamente el 29 de junio de 2020. La jueza entendió que la empresa no acreditó el pago íntegro de los salarios de abril y mayo de 2020, a pesar de los depósitos parciales efectuados y del aporte estatal del programa ATP.

El fallo remarca que la asistencia estatal no exime al empleador de completar el salario, y que la falta de pago constituye un incumplimiento grave que habilita la ruptura indirecta (arts. 242 y 246 LCT). En consecuencia, se reconocieron las indemnizaciones derivadas de los arts. 232, 233 y 245 LCT, duplicadas por el DNU 34/2019.

La sentencia también incorpora las propinas como parte de la remuneración habitual. Pese a la prohibición del CCT 389/04, la magistrada concluyó que la práctica estaba tácitamente permitida por la empresa y respaldada por testimonios, por lo que integró $60.000 mensuales a la mejor remuneración.

Asimismo, se aplicó la multa del art. 80 LCT por no entregar en término los certificados laborales y se rechazaron las multas de la ley 24.013 y del art. 132 bis LCT por falta de cumplimiento de los requisitos formales. Se descartó además la responsabilidad solidaria de los directivos al no verificarse fraude.

La condena asciende a mas de $9.400.000, más actualización por IPC y tasa pura del 3% anual.

Responsabilidad societaria y medida cautelar

Responsabilidad solidaria (Art. 54 L.S.C.): se rechazó la extensión de responsabilidad a los codemandados (M.L. Chinkies e I.A. Chinkies). El Tribunal sostuvo que la mera constatación de diferencias salariales por propinas o la falta de pago no configura, por sí misma, la actuación fraudulenta, la desnaturalización de la sociedad o el desvío del objeto social que exige la doctrina societaria para 'correr el velo' y hacer responsables a los directivos.
Medida cautelar (Embargo): el fallo confirmó la medida cautelar de embargo preventivo que ya se encontraba trabada sobre bienes de la demandada principal. Esta medida, dispuesta en una etapa previa del proceso, fue ratificada por la sentencia definitiva con el objetivo de garantizar la percepción del crédito laboral reconocido en autos.

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