Por: Richard Amaro Gómez

Se recuerda que el Código Civil y Comercial de la Nación estableció en el artículo 1059 el instituto jurídico de la seña o anticipo al reglar que “la entrega de señal o arras se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse; en tal caso, quien entregó la señal la pierde en beneficio de la otra, y quien la recibió, debe restituirla doblada”.

Asimismo, en artículo 1060 del mismo, regla ciertos aspectos de las mismas al fijar que: “como señal o arras pueden entregarse dinero o cosas muebles. Si es de la misma especie que lo que debe darse por el contrato, la señal se tiene como parte de la prestación si el contrato se cumple; pero no si ella es de diferente especie o si la obligación es de hacer o no hacer”.

Desde la perspectiva contable, se puede afirmar que cuando es el contribuyente quien recibe la seña o anticipo de un cliente, por ejemplo: para la futura venta de un bien de cambio o la prestación de un servicio, básicamente; constituye para este último un pasivo ya que asume una obligación a futuro. Dichos en otros términos, recibe dinero hoy (activo) y asume la obligación futura de vender un bien o prestar un servicio (pasivo).

A su vez, las señas o anticipos en relación con la fijación del precio final de la operación de venta pueden ser:

Las que congelan precio, que son aquellas que fijan un precio cierto del bien a recibir. El congelamiento tiene que ver directamente con la fijación de un precio preciso y cierto.
Las que no congelan precio, que son las que simplemente constituyen un pago a cuenta del precio final, pero que de ninguna manera fijan el precio del bien a recibir.

Lo medular del asunto es que la seña o anticipo no es el precio de la operación, sino sólo un anticipo por una futura prestación o venta. Siendo ello así, no se generó aún en el vendedor el derecho de exigir el precio, ni en el comprador el derecho de exigir el cumplimiento de la operación..

En este contexto, traigamos a memoria que fue recién en el 2011 que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 'Compañía Tucumana de Refrescos SA' (fecha: 24/5/2011) delimitó el concepto de lo devengado al sostener, en líneas generales y básicamente, que son los hechos jurídicos los que deben acaecer para que se perfeccione la causa que hace nacer la obligación de pago, con exclusión de toda otra circunstancia.

Dichos en otros términos, interpretó en el caso concreto que todo el gasto realizado en virtud de cada contrato debía deducirse al momento en el que se generaran los presupuestos a los que tal erogación atiende. De esta manera consagró el concepto del devengado jurídico. En otras palabras, el devengado es el momento en que se produce el origen de un derecho de naturaleza patrimonial. El concepto tiene una vinculación directa con el momento en que acaecieron los hechos jurídicos que son su fuente.

A todo lo expuesto se suma que la RG (AFIP) 1415 instauró un régimen de facturación el cual alcanza, entre otras operaciones, a las “señas o anticipos que congelen el precio de las operaciones”.

En este contexto, los anticipos de clientes al cierre por operaciones aún no concretados no constituirán un ingreso devengado, dado que su hecho generador (devengado) acaecerá recién cuando se entreguen los bienes o se presten los servicios. Por lo tanto, constituyen un pasivo el cual representa ingresos a devengar en ejercicios futuros. Por lo tanto, si en el periodo de la próxima recategorización a efectuarse en febrero 2025, el cual comprende el periodo fiscal enero a diciembre 2024, se facturó o no un anticipo por un bien o servicio que se va a vender o a prestar en 2025, no se tiene que tener en cuenta como un ingreso devengado. Recién el ingreso se va a considerar devengado en 2025.

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