El Gobierno nacional derogó, por medio del Decreto 1036/2024, la norma que le otorgaba la exclusividad a Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA) para regular los derechos de autor en el país.

Qué establecía la norma derogada

El decreto 736/23 establecía que la asociación civil denominada “CADRA” representaba dentro del territorio nacional a los autores, sus derechohabientes, sucesores por cualquier título y los editores de las obras literarias fijadas en formato libro, fascículo, publicación periódica y/o impreso similar, en formato digital o analógico, siempre que hayan sido publicadas, para percibir, administrar y distribuir las retribuciones por los derechos de reproducción reprográfica analógica parcial, parcial o total en caso de la reproducción digital o de cualquier otro tipo, de conformidad con los artículos 2 y concordantes de la Ley 11.723, sus modificatorias y complementarias, y 23 de la Ley 25.446.

Dicha norma autorizó al centro, en exclusividad, para convenir con terceros usuarios o utilizadores de tales derechos de reproducción reprográfica, por su explotación en el territorio nacional, la forma de recaudación y el importe de las retribuciones referidas, así como su adjudicación y distribución entre los autores y los editores que las hayan publicado.

El ex-Ministerio de Cultura, actual secretaría- debía aprobar, fijar y modificar los aranceles de retribución, tarifas y mecanismos para su cálculo, en función de una propuesta formulada por el mencionado centro.

A su vez, la normativa derogada establecía que quedarían eximidos del pago del canon para la reproducción de material educativo y/o con fines de investigación, las bibliotecas públicas y populares, archivos y museos, así como también autorizaba a las universidades públicas a solicitar “la reducción o eximición del pago de la tarifa exigible cuando demostraran que por su onerosidad se ponía en riesgo el acceso al material educativo y/o con fines de investigación por parte de la población usuaria”.

Es decir, CADRA, además, tenía la autoridad de regular las licencias y podía habilitar a centros de copiado, universidades, empresas y otras instituciones para la distribución de material de estudio, ya sea en formato analógico o digital, dirigido a usuarios y alumnos.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

A través del decreto ahora publicado, se dejó sin efecto el decreto 736/2023, que había convertido al Centro de Administración de Derechos Reprográficos en una “entidad única” para cobrar y negociar los derechos de reproducción de las obras nacionales.

“El mencionado organismo debía tomar en cuenta, entre la información relevante, la población regional de alumnos universitarios y secundarios, los ingresos per cápita de cada región del país, la tasa de uso de libros y otros textos y los consumos anuales en fotocopias u otros tipos de reproducción, de acuerdo a los diferentes grupos de interés”, menciona el decreto en su considerando.

Fundamentos

Sin embargo, para el Poder Ejecutivo, el régimen de la norma ahora derogada “constituye una regulación irrazonable, engorrosa, de difícil aplicación, que no garantiza el cumplimiento de su finalidad, que genera manifiestas inequidades injustificadas, distorsiones en la actividad comercial de quienes proveen el servicio de fotocopias y un perjuicio económico a estos comercios y a sus clientes”.

Desde su punto de vista, la retribución de la norma derogada se basaría en “elementos tan difíciles de determinar como los datos de mercado, del producto final y el costo de los equipamientos e insumos de los centros de copiado”, por lo que terminaría siendo fijado sobre una base presunta.

“Resulta imposible establecer un método medianamente fidedigno y objetivo de trazabilidad que permita identificar qué textos han sido fotocopiados y asignar así a sus autores y editores, en función de la utilización de sus obras, lo recaudado por la retribución establecida en el decreto referido”, agregó.

Por otro lado, el Gobierno señaló, entre sus argumentos, que la exclusividad otorgada a la asociación civil “constituye una medida contraria a la libre concurrencia, por cuanto impide que otras asociaciones de autores que puedan, libremente constituirse, representen los derechos de los autores y editores, sus derechohabientes y sucesores”.

Por ello, sostuvo que “cualquier autor o editor es libre de disponer de su derecho de propiedad y decidir eventualmente quién y cómo habrá de representarlo”.

El Ejecutivo mencionó también que el Estado Nacional adoptó, mediante el DNU 70/2023, la responsabilidad de “promover y asegurar la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.

“Toda vez que el régimen del Decreto 736/23 restringe la oferta de bienes y servicios y pone en riesgo el trabajo de muchos de los empleados de los comercios que brindan el servicio de fotocopiado, corresponde remover toda restricción y exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”, enfatizó.

Obras de arte

El Poder Ejecutivo modificó la reglamentación de la ley de circulación de bienes culturales, que regula la importación y/o exportación de las obras de artes de artistas argentinos o extranjeros, dentro de las que se encuentran: pinturas, collage y asamblage, esculturas, grabados, estampas, litografías, cerámicas y arte textil.

“Será libre el traslado de obras de arte, conforme los términos comerciales que el exportador o importador acuerde con el transportista. No existirá límite a la cantidad de obras de arte exportadas o importadas, sea como equipaje de mano, equipaje acompañado, equipaje no-acompañado y/o encomienda”, estableció mediante el decreto 1037/2024.

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