Apuntes sobre las principales Modificaciones al Código Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Impacto en el contexto actual

I - Introducción

El recambio de año nos ha recibido con dos importantes reformas al Código Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Una de ellas entró en vigencia a finales del año 2020, mientras que la otra lo hizo a principios del año en curso.

En el presente artículo se realizará un recorrido sobre las cuestiones elementales que ambas reformas regulan en relación con el proceso judicial que nos convoca.

De tal manera, en primera medida se abordarán los aspectos regulatorios sobre la novedosa intervención especial y obligatoria del Ministerio Público Fiscal bajo pena de nulidad, con carácter previo a importantes actos procesales; para luego estudiar la regulación que adapta de manera integral el proceso contencioso, administrativo y tributario al formato electrónico, quedando vigente el soporte papel tan solo para actos aislados, excepcionales e inevitables.

Por último, se expondrá acerca del funcionamiento del fuero a partir de la emergencia sanitaria y de la incorporación de la competencia sobre relaciones de consumo.

II - Intervención especial y obligatoria del Ministerio Público Fiscal - modificaciones efectuadas al Código Contencioso Administrativo y Tributario de diciembre/2020 (L. 6381)

El 23/12/2020 se promulgó mediante ley 6381 una modificación al Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA que altera sustancialmente el curso de los procesos judiciales. Tal modificación regula la intervención especial y obligatoria del Ministerio Público Fiscal en todo proceso regulado por el Código, incluyendo idéntica regulación para las acciones de amparo (L. 2145).

En particular, la norma contempla -bajo la incorporación del art. 10 bis- que el Ministerio Público Fiscal deberá intervenir en forma obligatoria bajo pena de nulidad en los siguientes casos:

a) en aquellos anotados en el Registro Público de Procesos Colectivos;

b) en aquellos vinculados a contrataciones, servicios públicos u obra pública (aunque estén planteados como cuestiones individuales);

c) en cualquier otro caso en que “a criterio del Ministerio Público Fiscal esté comprometido el orden público, el interés social o los intereses generales de la sociedad”. Agrega el artículo que “…deberá conferirse vista al representante del Ministerio Público Fiscal, ante su solicitud, en el plazo de dos días de encontrarse el expediente en condiciones de ser remitido”.

Por su parte, se regula -bajo la incorporación del art. 10 ter- el momento procesal en el cual los jueces deben dar intervención al Ministerio Público Fiscal. En particular, con carácter previo a: a) correr traslado de la demanda; b) dictar medidas cautelares o precautelares; c) dictar sentencias definitivas u homologatorias; d) convocar a audiencias de oficio; e) resolver un recurso de apelación; f) en procesos de ejecución de sentencia.

Además, se contempla la suspensión del juicio en los casos en que no se haya corrido vista al Ministerio Público Fiscal y en los supuestos en que, otorgada la vista, el/la representante del Ministerio Público Fiscal no hubiera intervenido efectivamente y emitido su opinión. La reforma contempla la obligación de correr vista, de manera explícita, como un deber específico en cabeza de los jueces.

En resumen, la intervención del organismo resulta obligatoria con carácter previo a la mayoría de intervenciones judiciales determinantes en un gran caudal de causas que tramitan en el fuero. La reforma tuvo repercusión mediática y, según se informó en portales de comunicación masiva, fue susceptible de críticas por parte de los magistrados locales.

En esa línea, corresponde mencionar que la modificación altera sustancialmente la lógica del proceso del fuero. Si bien, debido a la reciente promulgación, todavía las modificaciones no fueron puestas en funcionamiento de manera plena, resultaría conveniente atender a que la intervención previa y obligatoria del organismo no genere demoras y condicionamientos en el derecho humano de acceso a la justicia, teniendo especial consideración de que en el fuero tramitan causas que requieren una respuesta rápida y eficaz del órgano jurisdiccional, como por ejemplo en medidas cautelares, amparos y/o procesos colectivos. Por otro lado, cabe mencionar también que la presente reforma no contó con un debate amplio, plural y participativo de todos los actores sociales involucrados. En ese sentido, a pesar de las notables diferencias en su regulación material y ámbito de aplicación, resulta adecuado recordar que las modificaciones a la sustanciación de medidas cautelares contra el Estado Nacional -L. 26854- ha representado, en su momento, un tema de amplio debate en ámbitos jurídicos y periodísticos.

Más allá de lo relativo a la oportunidad, mérito y conveniencia de la reforma, se podría señalar que, a primera vista, la intervención del Ministerio Público Fiscal en los mencionados procesos resultaría compatible con sus funciones asignadas: velar por la legalidad de los intereses generales de la sociedad y por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social (según el art. 125, CCBA, y art. 17, L. 1903 - ley orgánica del Ministerio Público). Todo ello, siempre y cuando en la práctica no altere ni condicione al derecho de defensa, de acceso a la justicia y debido proceso y que, a su vez, no represente una desnaturalización de la acción de amparo.

III - Adaptación del proceso judicial al formato electrónico - modificaciones efectuadas al Código Contencioso, Administrativo y Tributario en enero/2021 (L. 6402)

Por su parte, con fecha 5/1/2021 se promulgó mediante ley 6402 una segunda modificación al Código Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA.

Para este caso, el eje de la reforma consistió en adaptar, de modo integral, el Código al funcionamiento electrónico del proceso contencioso; el cual ya venía sirviéndose de medios remotos en el marco de la pandemia.

En particular se modificaron las siguientes temáticas:

a) Domicilio electrónico: se establece la obligación de denunciar domicilio electrónico del patrocinante, el cual tendrá carácter de domicilio procesal constituido (arts. 34 y 269).

En cuanto al domicilio electrónico del Gobierno de la CABA, se interpreta que es el de la Procuración General “donde serán válidas todas las notificaciones dirigidas a una entidad representada judicialmente por esta” (art. 34) y a quien se le debe dirigir la presentación de la demanda cuando se destine al Gobierno de la CABA, a excepción de las restantes entidades descentralizadas, a las cuales se debe notificar al domicilio electrónico de su autoridad superior (art. 278).

b) Patrocinio obligatorio y firma electrónica (arts. 50 y 51): incorpora la exigencia de que los escritos lleven firma electrónica o digital de letrado/a; bajo pena de tener por no presentado el escrito.

c) Costas: en casos de que el actor se allane a la prescripción opuesta las costas se distribuyen en el orden causado (art. 70). En la redacción original tal solución era solo una posibilidad dependiendo de que la “conducta del/la vencido/a sea justificable”.d) Soporte electrónico: todas las presentaciones realizadas en el proceso y las actuaciones judiciales deben efectuarse en formato electrónico (art. 102) admitiéndose que se practiquen en días y horarios inhábiles siempre que sea bajo esa modalidad (art. 134). De forma explícita se contempla que deben tener firma electrónica las providencias simples (art. 142), las sentencias interlocutorias (art. 143) y las sentencias definitivas (art. 145).

e) Audiencias: se establece que serán videograbadas, fijándose sin demoras y estableciendo que no pueden transcribirse. En principio son de carácter público y se incorporan al expediente electrónico quedando a disposición de las partes (art. 109).

f) Oficios y exhortos: como principio general deben realizarse bajo formato electrónico siempre que sea posible (art. 115).

g) Notificaciones: se mantiene la modalidad de notificación ministerio legis como principio general (art. 117) y como excepción se enumeran las resoluciones que se comunican bajo cédula electrónica, sin perjuicio de las decisiones dictadas en el marco de una audiencia que quedan notificadas para quienes estuvieron presentes y se mantiene que en formato de cédula papel se cursa solamente la “primera notificación dirigida al sujeto a notificar y la citación de personas extrañas al proceso, terceros y de aquellas personas que no han sido tenidas como partes” (art. 119).

h) Sentencia definitiva: regula como un inciso independiente la previsión de que “la sentencia hará mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido articulados como hechos nuevos” [inc. 7), art. 145]. Al respecto Balbín concluye que “el fallo no solo debe contemplar las circunstancias iniciales sino también las sobrevinientes que resulten del expediente, esto es los hechos existentes y el derecho vigente al momento de pronunciarse la sentencia”.

i) Prueba documental: la documentación que se acompaña junto a la demanda debe realizarse también en formato electrónico, debiendo digitalizarse todo instrumento que figure en papel (art. 270).

j) Otras materias modificadas: asimismo fueron materia de reforma la digitalización de firma a ruego (art. 103), la forma en que opera el cargo en presentaciones electrónicas (art. 108), la confección digital de la cédula suscripta por el letrado interesado (art. 121), la incorporación de una intimación previa a la parte actora antes de la declaración de la caducidad de instancia (arts. 265 y 266) y la notificación electrónica a peritos en su designación, como así también de los dictámenes que emitan (arts. 376 y 380).

De tal manera, la presente reforma estableció las bases por las cuales se desenvolverán los futuros procesos judiciales del fuero contencioso, administrativo y tributario local, regulando la compulsa de expedientes de modo no presencial a través de soportes electrónicos; en concierto con el contexto de nueva normalidad a causa de la situación de pandemia.

IV - Virtualidad y pandemia: su impacto en el fuero - incorporación de competencia en relaciones de consumo

A pesar del contexto pandémico, el ámbito jurisdiccional local se ha mostrado como un terreno fértil para la discusión de cuestiones de vital importancia en la Ciudad. El andamiaje jurisdiccional ha tenido que adaptarse a las herramientas digitales, las cuales representaron el soporte preponderante para desarrollar la función de administrar justicia. De tal manera, bajo formato electrónico se han cursado notificaciones de sentencias trascendentales, se efectuaron citaciones a las partes y terceros, se han celebrado numerosas audiencias, se ha convalidado la identidad de los letrados intervinientes y, en definitiva, se han sustanciado procesos judiciales desarrollados de principio a fin sin presencialidad.

Mediante modalidad electrónica han tenido lugar casos emblemáticos, vinculados a la emergencia sanitaria, como por ejemplo aquellos relativos a asistencia alimentaria a niños, niñas, adolescentes y personas con padecimientos mentales que residen en villas y asentamientos por la situación de aislamiento/distanciamiento; elaboración de protocolos de actuación en villas y asentamientos; protección de personas en situación de calle y en riesgo de estarlo; provisión de elementos de protección personal para trabajadores de la salud; protección para las personas internadas por motivos de salud mental en los hospitales Borda, Moyano, Alvear y Tobar; provisión de medios a los niños, niñas y adolescentes en edad escolar obligatoria que asisten a los establecimientos educativos de gestión pública y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social; protección frente al COVID-19 para los niños, niñas y adolescentes alojados en diferentes dispositivos, como así también para el personal de dichas instituciones; limitación de circulación para los adultos mayores de 70 años; entre otros.

Además, bajo soporte electrónico también tramitaron cuestiones ajenas a la pandemia pero de significativa importancia, como por ejemplo aquellas relativas a actualizaciones de asignaciones familiares, o problemáticas vinculadas a la protección patrimonial de la ciudad.

No obstante ello, resta señalar que, además de ello, el fuero incorporó formalmente la función de impartir “justicia en materia de relaciones de consumo, hasta tanto se transfiera la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo”.

De tal manera, a partir del año en curso en la Ciudad comenzarán a tramitarse causas relativas a relaciones de consumo, cuya competencia estará a cargo, en primera instancia, de 6 (seis) magistrados, quienes alternarán semestralmente.

Al efecto, la emergencia sanitaria por la situación de pandemia ha llevado a la justicia local a adaptarse y servirse de las tecnologías para seguir cumpliendo con su función fundamental en nuestro Estado de derecho, consiguiendo dar curso a las distintas causas que se presentaron con sus respectivas complejidades. A tal escenario se le suma el desafío de ejercer la competencia de relaciones de consumo, materia completamente novedosa, que representa un paso más para el fortalecimiento de la justicia local y para la autonomía de la Ciudad.

V - Conclusiones

Resultaría conveniente atender a que la intervención previa y obligatoria del Ministerio Público Fiscal no genere demoras y condicionamientos en el derecho humano de acceso a la justicia, teniendo en especial consideración la necesidad de respuesta urgente en las temáticas sometidas al fuero.
La reforma que regula la intervención previa y obligatoria del Ministerio Público Fiscal no contó con un debate amplio, plural y participativo de todos los actores sociales involucrados.
A primera vista, la intervención del Ministerio Público Fiscal resultaría compatible con sus funciones asignadas: velar por la legalidad de los intereses generales de la sociedad y por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social.
La última reforma al Código consistió en adaptar, de modo integral, el proceso judicial al funcionamiento electrónico en todas sus etapas.
Durante la emergencia sanitaria la justicia local se sirvió de los medios tecnológicos para dar curso a causas complejas y de alto impacto público. Frente a tal escenario, se le suma el desafío actual de asumir la novedosa competencia de relaciones de consumo.

Nota:

(1) Subcoordinador de la Asesoría en Derecho Administrativo de la Defensoría del Pueblo de la CABA, docente en las Facultades de Derecho de la UBA (Derecho Administrativo) y de la Universidad de Palermo (Práctica Profesional I y II y Acciones Privadas, jurisprudencia CSJN sobre art. 19, CN), máster en Derecho Administrativo (UAI)

Este contenido forma parte de la Publicación Temas de Derecho Administrativo, dirigida por el Doctor Carlos F. Balbín.