La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados analizó un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para agravar las penas aplicables a conductores que causen muertes o lesiones graves como consecuencia de conductas imprudentes, negligentes o antirreglamentarias. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue aprobada por unanimidad en septiembre del año pasado.

La Presidente de la comisión Laura Rodríguez Machado indicó que se prevé emitir dictamen en un plazo aproximado de 15 días, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto de la Cámara baja para su tratamiento.

Alcance de la legislación vigente

En la actualidad, el Código Penal regula estos hechos en los artículos 84 bis y 94 bis. El artículo 84 bis establece que quien cause la muerte de otra persona mediante la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor será reprimido con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial para conducir de 5 a 10 años.

La pena se eleva a un rango de 3 a 6 años de prisión cuando concurren determinadas circunstancias agravantes. Entre ellas, se encuentran la fuga del conductor o la omisión de auxilio a la víctima; la conducción bajo los efectos de estupefacientes o con niveles de alcoholemia iguales o superiores a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público, o de un gramo por litro en los demás casos; el exceso de velocidad superior a 30 kilómetros por encima del límite permitido; la conducción estando inhabilitado; la violación de señales de tránsito; o la existencia de múltiples víctimas fatales.

Por su parte, el artículo 94 bis fija que las lesiones graves ocasionadas por conducción imprudente se reprimen con penas de 1 a 3 años de prisión e inhabilitación de 2 a 4 años. Cuando se verifican agravantes -los mismos previstos en el artículo 84 bis- la pena puede elevarse a un rango de dos a cuatro años.

Modificaciones propuestas

El proyecto introduce cambios en ambos artículos. En el caso del homicidio culposo por conducción, se mantiene la pena base de dos a cinco años de prisión e inhabilitación especial de cinco a diez años.

Sin embargo, se propone subir la escala penal a un rango de 4 a 8 años de prisión, con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, cuando se verifique alguna de las circunstancias agravantes y el conductor incurra en determinadas conductas.

Entre los supuestos contemplados se incluyen:

Haber consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir
Presentar cualquier nivel de alcoholemia superior a cero
Exceder en un 30% la velocidad máxima permitida
Conducir sin habilitación o con una licencia no apta para el tipo de vehículo
Manejar estando inhabilitado por autoridad judicial o administrativa
Violar la señalización de semáforos o de circulación
Participar en pruebas de velocidad o destreza sin autorización (conocidas comúnmente como “picadas”)
Manipular dispositivos móviles de comunicación al momento del hecho
Darse a la fuga o no asistir a la víctima, siempre que no configure otro delito
Provocar un hecho con múltiples víctimas fatales
Cruzar vías ferroviarias sin habilitación o incurrir en culpa grave temeraria

Además, la iniciativa instaura una pena de 5 a 12 años de prisión cuando concurran en forma conjunta tres o más de estos agravantes. En todos los casos agravados, la inhabilitación para conducir se fija en el doble del tiempo de la condena.

En cuanto a las lesiones graves, se mantiene la pena base de 1 a 3 años de cárcel. En caso de agravantes, la escala se incrementa a 2 a 4 años, y puede alcanzar un rango de 3 a 6 años si se verifican tres o más circunstancias agravantes.

Restricciones a la probation

El texto también contempla una modificación del artículo 76 bis del Código Penal con el objetivo de limitar la aplicación de la suspensión del juicio a prueba en este tipo de delitos.

En ese sentido, se establece que este mecanismo judicial no podrá ser concedido en casos de homicidio culposo agravado ni en lesiones culposas agravadas derivadas de siniestros viales.

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Exposiciones en comisión

Durante el tratamiento en comisión expusieron representantes de organizaciones vinculadas a la seguridad vial. Entre ellas, Viviam Perrone, fundadora de la Asociación Madres del Dolor, quien se refirió a la incidencia de los siniestros viales en la mortalidad y a la respuesta penal vigente en estos casos.

Según se informó en el encuentro, las exposiciones formaron parte del análisis previo a la emisión del dictamen que habilitaría el tratamiento del proyecto en el recinto.

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