El Gobierno nacional negocia con sindicatos y empresarios para consensuar una reforma laboral orientada a modernizar las relaciones laborales y fomentar la competitividad.

Por un lado, bajo la coordinación de la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, busca consensuar apoyos para una iniciativa que está en el Congreso y que pretende reducir los costos laborales, flexibilizar las condiciones de empleo y promover nuevas contrataciones a través de incentivos fiscales, indicaron distintos medios periodísticos.

Por otro, por fuera del Congreso, busca impulsar cambios en las relaciones laborales para que se impongan los convenios colectivos entre empresas y sindicatos, priorizando negociaciones paritarias a nivel empresarial, por sobre los de actividad.

Propuesta de modernización laboral

En este punto, el Gobierno analiza impulsar en el Congreso una reforma laboral basada en el proyecto de ley “Promoción de Inversiones y Empleo”, presentado por la diputada Romina Diez, de La Libertad Avanza (LLA), junto con otros legisladores del bloque oficialista. Este proyecto plantea modificaciones significativas a la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) y a otras normativas relacionadas con el empleo.

De acuerdo a distintos medios periodísticos, aunque el proyecto cuenta con el apoyo de sectores empresariales y algunos sindicatos, las negociaciones se encuentran pausadas. Desde la Casa Rosada, señalan que las reuniones se reanudarán después del receso de verano, probablemente en febrero, una vez superadas las elecciones legislativas.

Algunos sindicatos muestran buena predisposición para discutir la reforma, reconociendo que el crecimiento del empleo registrado los beneficiaría por el incremento de afiliados y recursos. Sin embargo, otros expresan preocupación por posibles medidas que puedan debilitar la representación sindical, como la limitación de la cuota solidaria o la eliminación de la obligatoriedad de esta contribución.

Entre los principales cambios propuestos se encuentran:

Renunciabilidad de derechos: se propone permitir que los trabajadores puedan renunciar a condiciones pactadas que superen lo estipulado por la ley o los convenios colectivos.
Facultades del empleador: el empleador podría introducir cambios en la forma y modalidades de trabajo, siempre que no resulten irrazonables ni perjudiquen al trabajador. En caso de desacuerdo, el empleado tendría la opción de considerarse despedido sin causa.
Beneficios sociales: se incluirán prestaciones no remunerativas como alimentación, guarderías, útiles escolares y capacitación. Se modernizarán los sistemas de pago y el registro de recibos de sueldo mediante plataformas electrónicas.
Flexibilización de vacaciones: podrían fragmentarse en períodos no inferiores a una semana, adaptándose a las necesidades de las partes.
Banco de horas y esquemas flexibles: se permitirá implementar bancos de horas y otras modalidades de organización laboral a través de convenios colectivos.

Reforma al trabajo agrario

Se introducirán ajustes específicos para modernizar la Ley de Trabajo Agrario.

Incentivos para la creación de empleo

La reforma también incluye un capítulo sobre “Incentivos al Empleo”, con medidas destinadas a fomentar la contratación formal:

Bonos de crédito fiscal: se otorgarán beneficios fiscales a las empresas que incrementen su nómina de empleados, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa (micro: 100%, pequeñas: 75%, medianas: 50%, grandes: 25%).
Suspensión de planes sociales: los beneficiarios de asistencia social que ingresen al empleo formal dejarán de recibir gradualmente estos subsidios.
Bonificaciones para contrataciones del sector público: se propone una exención del 100% en contribuciones patronales para empleadores que contraten a trabajadores provenientes del sector público, con algunas exclusiones.

El proyecto también avanza en la creación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que funcionará como un RIGI y será similar tanto por sus efectos directos como por su muy importante, diversificado y distribuido ámbito de aplicación para inversiones de mediana categoría.

Al igual que el RIGI, el RIMI establece el monto mínimo de la inversión alcanzada, asimismo contiene previsiones respecto de la devolución anticipada del IVA, amortización acelerada, así como otros tipos de beneficios fiscales y aduaneros.

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Negociaciones con los sindicatos

En paralelo, el Poder Ejecutivo busca que los cambios en las relaciones laborales surjan de acuerdos entre empresas y sindicatos, priorizando negociaciones paritarias a nivel empresarial. Esta estrategia apunta a promover incrementos salariales solo vinculados a aumentos en la productividad, adaptar los convenios colectivos a las necesidades de cada región y actividad económica y validar aumentos salariales que acompañen la inflación sin afectar la estabilidad económica.

Ejemplos como el acuerdo firmado por el gremio de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, con un aumento del 5,5% trimestral alineado con la inflación, son destacados como un modelo de cooperación.

El Gobierno también planea avanzar en una reforma previsional una vez que se logren los cambios en el ámbito laboral. Este enfoque secuencial busca asegurar el respaldo político y social necesario para implementar ambas reformas.

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