El Poder Ejecutivo Nacional formalizó un giro trascendental en el sistema de resolución de conflictos al reglamentar de manera definitiva la digitalización de la Mediación Prejudicial Obligatoria (Ley 26.589), a través del Decreto N° 696/2025.

La norma, publicada hoy en el Boletín Oficial, sustituye la reglamentación del Decreto 1467/2011 por un nuevo ordenamiento que establece el uso de herramientas digitales como la videoconferencia y otros medios electrónicos, buscando agilizar los procedimientos y reducir costos.

El salto definitivo a la modalidad digital: las audiencias virtuales

La modificación reglamentaria principal apunta a establecer el desarrollo de la mediación mediante herramientas digitales. Si bien las audiencias virtuales se habían implementado de forma excepcional durante la emergencia sanitaria (a través de la Resolución 121/20), el nuevo Decreto retira el carácter temporal de esta práctica y la convierte en una modalidad estándar.

El cambio se fundamenta en la experiencia positiva acumulada, que demostró que el sistema digital 'agiliza los procedimientos de mediación y conciliatorios, reduce los plazos y los costos', al tiempo que se alinea con el proceso de digitalización integral del servicio de justicia impulsado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2011.

Creación del Sistema Informatizado de Gestión Integral

Una de las principales novedades que trae el Decreto 696/2025 en su anexo es la creación del Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria.

Este sistema operará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y será la columna vertebral del nuevo procedimiento, con las siguientes funciones clave:

-Notificaciones Electrónicas: Gestionará la comunicación de todas las actuaciones del proceso.

-Actas Digitales: Permitirá la generación de actas en formato digital.

-Firma Digital y Electrónica: Garantizará el uso de firma electrónica para las partes y sus letrados (con la debida autenticación), e incluirá la firma digital de los mediadores.

-Registro e Interconexión: Estará a cargo de la registración de los trámites y deberá contar con las vinculaciones tecnológicas necesarias para la acreditación ante el Poder Judicial.

El Ministerio de Justicia cuenta con un plazo de 180 días corridos (prorrogable por 90 días adicionales) para la implementación definitiva de este nuevo sistema.

Principio de igual validez y garantías

La norma establece que, de acuerdo al criterio del mediador, las mediaciones podrán realizarse de forma presencial o digital, y garantiza el principio de igual validez para ambas modalidades.

Según las particularidades del caso y los requerimientos formulados por las partes, los mediadores podrán optar por la celebración de las audiencias en la modalidad presencial.

Es fundamental destacar que el Decreto pone especial énfasis en asegurar que la digitalización no vulnere los principios rectores de la Ley 26.589.

El uso de plataformas virtuales debe garantizar la autenticación e identificación de los participantes, la confidencialidad y el cumplimiento de los principios de imparcialidad y neutralidad.

Los avances tecnológicos y los mecanismos de seguridad de las plataformas se consideran suficientes para resguardar la confidencialidad y prevenir accesos no autorizados.

En síntesis, el Decreto 696/2025 no solo legaliza una práctica ya vigente, sino que sienta las bases para un servicio de justicia más eficiente, transparente y accesible, formalizando el camino hacia una mediación moderna y adaptada a la realidad tecnológica.

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