Por: Ricardo I. Orlando

El Proyecto de Ley de Bases, aprobado en la Cámara de Diputados días atrás, trata los aspectos laborales en sus Títulos IV y V (arts. 76 a 98). Por su parte, los aspectos previsionales se atienden en el Título VIII (arts. 227 y 228).

Además, es importante saber que, con relación a los aspectos laborales, el decreto 70/2023, que está suspendido en su aplicación por un fallo de una Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de fecha 30 de enero de 2024, tenía una extensión sensiblemente mayor. Recordemos que este decreto contenía 44 artículos en su Título IV (arts. 53 a 97). Por el contrario, este proyecto tan solo contiene 22 artículos (Títs. IV y V, arts. 76 a 98).

Cabe destacar, por ejemplo, que gran parte de los aspectos vinculados a la ley 20744 (LCT), que nos viene del año 1974, en su mayoría fue eliminada, así como también las cuestiones de índole gremial (L. 23551 de entidades sindicales) y teletrabajo, por citar algunos casos. Como aspecto muy positivo, las multas de la ley de empleo 24013 fueron derogadas en este proyecto de ley.

Conocé el nuevo Micrositio con todas las reformas

y medidas del nuevo Gobierno

Trataremos a continuación los aspectos anteriormente señalados:

Aspectos laborales

Se comienza en el Título IV con el artículo 76 sobre la promoción del empleo registrado, en el que se señala que los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes iniciadas con anterioridad a la fecha de la promulgación de la ley. Esta regularización podrá comprender las relaciones laborales no registradas o registradas deficientemente.

Por el artículo 77 del proyecto con media sanción, se delega en el Poder Ejecutivo la reglamentación de los efectos de las regularizaciones previstas. Estos efectos podrán comprender lo siguiente:

a) La extinción de la acción penal, prevista por la ley 27430, y la condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización, previstas en las leyes 11683 (t.o. 1998 y modif., L. 17250 y modif.), 22161 y sus modificatorias, el artículo 32 de la ley 24557 y sus modificatorias, y la ley 25212 y su modificatoria, firmes o no, siempre que se encuentren impagas o incumplidas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

b) Baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado por la ley 26940, respecto de infracciones cometidas o constatadas hasta la entrada en vigencia de la presente ley, siempre y cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores por los que se encuentra publicado en el REPSAL, y se pague, de corresponder, la multa.

c) Condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social que se detallan a continuación:

i) Sistema Integrado Previsional Argentino, ley 24241 y sus modificaciones.

ii) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19032 y sus modificaciones.

iii) Régimen Nacional del Seguro de Salud, ley 23661 y sus modificaciones.

iv) Fondo Nacional de Empleo, ley 24013 y sus modificaciones.

v) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24714 y sus modificatorias.

vi) Contribución con destino al Registro Nacional de la Industria de la Construcción, ley 22250 y sus modificatorias.

vii) Otros regímenes laborales o de seguridad social que determine la reglamentación.

La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al 70% de las sumas adeudadas. Se podrán establecer incentivos para la cancelación de la obligación de contado, y beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por el artículo 78, y respecto de los trabajadores incluidos en la regularización, tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, todo ello calculado sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo, vital y móvil, únicamente a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la ley 24241 y sus modificatorias, tanto para la prestación básica universal como para el beneficio de prestación por desempleo. Los meses regularizados no serán considerados a los fines de la determinación de la prestación compensatoria, ni de la prestación adicional por permanencia.

En el artículo 79 se señala que la regularización prevista en este proyecto deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la ley. Se podrán disponer planes de regularización plurianuales, previendo un plazo máximo de 5 años y una regularización anual mínima del 20% de las diferencias. El porcentaje deberá ser constante o decreciente a lo largo de todo el plan de regularización.

El artículo 80 señala que '…podrán incluirse en la propuesta de la ley las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial a la fecha de publicación de la ley en el Boletín Oficial. Ello, en la medida en que el empleador se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie de toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial, según corresponda…'.

En el artículo 81 se destaca que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y las instituciones de la seguridad social, con facultades propias o delegadas en la materia, “se abstendrán de formular de oficio determinaciones de deuda y de labrar actas de infracción por las mismas causas y períodos comprendidos en la regularización correspondientes a los subsistemas de la seguridad social, así como también de formular ajustes impositivos, todo ello con causa en las relaciones laborales regularizadas en el marco de este Título...'.

Hasta aquí podemos decir que, en materia de promoción del empleo registrado, no se han operado grandes cambios con su similar previsto en el primer proyecto de la 'Ley de Bases', oportunamente retirado del tratamiento parlamentario por el Gobierno Nacional.

A continuación, el Título V se ocupa de la denominada modernización laboral, término este que viene a reemplazar el viejo giro 'reforma laboral', la cual nunca se concretó.

Tiene seis capítulos.

Este artículo forma parte de la publicación “Práctica y Actualidad Laboral”, exclusivo para suscriptores de Errepar.

Si contas con la suscripción, hace clic acá para seguir leyendo

Y si todavía no te suscribiste, descargá el artículo GRATIS haciendo clic acá

También te puede interesar:

Reforma laboral: los cambios más relevantes en la LCT
Reforma Laboral: Declaran la inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU 70/2023
DNU 70/2023: la CNAT reafirmó nuevamente la inconstitucionalidad del capítulo laboral

Media sanción de la Ley de Bases: análisis de sus aspectos laborales y previsionales