La sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una sentencia que condenó al ex cónyuge al pago de la suma única de $4.000.000 por compensación económica a favor de su ex esposa, en el marco de un matrimonio celebrado en el extranjero, bajo el entendimiento que si el matrimonio celebrado en el extranjero resulta válido conforme la ley aplicable a tal fin, dicha unión era por tanto eficaz en el territorio nacional, con independencia de que se encuentre o no inscripto en la República Argentina.

En el caso “K. G. A. c/B. M. G. s/fijación de compensación económica”, las partes contrajeron matrimonio en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, el 2 de enero de 2015 y se divorciaron por sentencia, del 24 de septiembre de 2018, en los términos de los arts. 437, 438, 439 y concs. del Código Civil y Comercial de la Nación. Se declaró disuelta la comunidad de bienes de conformidad con lo dispuesto por el art. 480 del mismo cuerpo legal.

La sentencia de divorcio se encuentra firme pero no fue inscripta. El juez de grado reconoció el derecho de la actora a ser compensada económicamente, luego del divorcio y, en consecuencia, condenó al accionado M. G. B., al pago de la suma única de $4.000.000.

Contra lo decidido se alzaron las partes. Mientras que las quejas de la actora se dirigen a cuestionar el alcance de la condena, el accionado argumentó que los títulos alegados (matrimonio y divorcio), carecían de aptitud para otorgar legitimación a la actora.

En ese sentido, sostuvo que la cuestión de fondo, relativa al matrimonio celebrado en el extranjero, se dio por válida sin efectuar análisis alguno y pasando por alto el procedimiento que exige la ley 26.413 y el art. 2621 y cctes. del Código Civil y Comercial de la Nación; que tampoco se cumplió con lo dispuesto en la sentencia de divorcio, acerca de la previa inscripción de tal decreto en la jurisdicción extranjera, manda que no resultaba opcional, sino obligatoria para la actora.

Argumentó, en concreto, que en tanto no existió matrimonio válido para el estado argentino y, entonces, el divorcio no resultaba legal, por lo que la actora carecía de acción con fundamento en los términos de los arts. 441 y 442 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Qué dijo la Cámara

Los camaristas explicaron que “el fenómeno de la internacionalización de las relaciones jurídicas privadas plantea constantemente desafíos a los operadores jurídicos debido a la interacción de normas provenientes no sólo de diversos Estados sino también pertenecientes a diferentes ramas cuyo funcionamiento combinado y armónico resulta necesario para cumplir con uno de los fines tradicionales del derecho internacional privado como es el de efectividad”.

Además, señalaron que “en las áreas vinculadas a las relaciones de familia, la circulación internacional de actos y decisiones y su extraterritorialización suelen aparecer como un recaudo necesario para garantizar la vigencia de derechos humanos”. Sin embargo, destacaron que “a menudo, deben enfrentar obstáculos fundadas en razones de orden público (interno) que requieren un reexamen a la luz de la doctrina de los derechos fundamentales”.

Luego enfatizaron que “si bien la registración de estas situaciones tiene en miras la protección y seguridad jurídica, dar publicidad a determinados actos, garantizar la identidad legal de las personas y que puedan acceder al goce de sus derechos, entre otros, no es menos cierto que al momento de proceder a la inscripción de situaciones que toman contacto con más de un ordenamiento jurídico no debería perderse de vista la protección integral de los derechos humanos en juego y, por lo tanto, no erigir a la inscripción en un fin en sí mismo”.

Matrimonio celebrado en el extranjero y validez en Argentina

En concreto, los magistrados sostuvieron que “si el matrimonio celebrado en el extranjero resulta válido conforme la ley aplicable a tal fin, dicha unión es por tanto eficaz en el territorio nacional, con independencia de que se encuentre o no inscripto en la República Argentina, lo cual torna improcedente el requisito de su previa inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas para reputarlo existente y válido”.

“Las leyes que reglamentan el ejercicio de una actividad administrativa, como pueden ser las inscripciones en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, no pueden dejar sin efecto ni ignorar situaciones previstas por las normas de derecho internacional privado que resultan aplicables. Así, siendo la ley del país en el que se celebró el matrimonio la que determinará su existencia, su validez y los elementos a partir de los cuales el vínculo ha de probarse, exigir mayores formalismos por previsiones administrativas, resultaría contradictorio y obstruccionista”, remarcaron.

Compensación económica: los parámetros a emplear

“La fijación y la extensión de la compensación económica es uno de los aspectos más complejos que se derivan de la regulación de esta figura. Ello en tanto no existe disposición legal alguna que establezca reglas de cálculo. Los arts. 442 y 525 del Código Civil y Comercial no definen criterios objetivos a tales fines, como sí lo hace el art. 1746 del mismo ordenamiento para las indemnizaciones por lesiones o incapacidad física o psíquica”, explicaron los jueces.

Por el contrario, enfatizaron que “las citadas normas contienen enunciados generales que indican circunstancias personales o familiares y funcionan sólo como guías o pautas para su cuantificación”.

Así, siguieron la corriente doctrinaria que expresa que “en estos supuestos se trata de ponderar el desequilibrio que provocó a quien reclama la ruptura de la vida en común. Si bien la compensación económica presenta semejanzas con otras instituciones, como por ejemplo los daños y perjuicios y alimentos, no se confunde con estos”.

“De ahí que subyace la idea de que no corresponde la aplicación de fórmulas matemáticas rígidas frente a supuestos en que no se advierten parámetros de los que tales cálculos pudieran partir. Se opta por el método de cálculo global producto de la ponderación de las circunstancias subjetivas que arroja el caso concreto”, concluyeron.

Así, confirmaron el fallo de primera instancia en todo lo decidido.

Sanción al letrado del demandado

Por otro lado, los jueces destacaron que en la medida en que los términos y adjetivaciones de 'disparate', “abnegado”, “retorcida”, “siniestramente”, “juez cortipego ”, “..que poco le importa el apego a la normativa”, “juez: ‘siga, siga’”, “seguramente el a quo tampoco conoce lo establecido por el art. 356 CPCCN”, “olfato jurídico”, “ ingenuidad judicial por ser benevolente con el a quo”, “magnánimo”, entre otros, no fueron empleados en el marco del recurso contra la condena que le fue impuesta a B., sino como una descalificación hacia el magistrado de grado, absolutamente gratuita, desajustada al estado procesal que transitan las actuaciones e importó una transgresión al adecuado estilo que debe ser observado ante el poder jurisdiccional.

De esta manera, consideraron que “la conducta en que incurrió el letrado firmante de la presentación, es susceptible de ser encuadrada en la falta que contempla el art. 22, inc. a), del Código de Ética sancionado por el Colegio Público de Abogados”.

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