En el Boletín Oficial de hoy, el Poder Ejecutivo Nacional publicó varias normas enroladas en lo que se conoció en los medios como la “batalla cultural” librada por el Presidente desde su llegada a la Casa Rosada, hace un año atrás.

Ley de armas

En primer lugar, está el Decreto 1081/2024, que redujo el requisito de edad para el uso de armas de uso civil, su tenencia y portación, en consonancia con la legislación vigente.

Mediante esta medida, se modificó la reglamentación de la ley 20.429, aprobada por decreto 395/1975, y se reconoció la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas a partir de los 18 años; conforme lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la mayoría de edad.

Comunidades indígenas

Más adelante, con el Decreto 1083/2024, se declaró finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, establecida en la Ley 26.160, a partir del 11 de diciembre de 2024.

En consecuencia, también culminó a partir de esa fecha, la suspensión de ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea la desocupación de esas tierras y podrán reanudarse los desalojos sobre territorios ocupados por comunidades indígenas.

Propaganda y adoctrinamiento político

En último lugar, se publicaron los Decretos 1084/2024 y 1086/2024, mediante los cuales el Gobierno prohibió la propaganda política y de culto en escuelas y edificios públicos por un lado, y prohíbe expresamente el adoctrinamiento político en el ámbito educativo por el otro.

El primero de ellos vetó la colocación de imágenes, símbolos o referencias personales que puedan interpretarse como forma de propaganda política en edificios públicos, oficinas, monumentos u otros bienes del Estado Nacional; así como también la denominación de dichos bienes con nombres de personalidades políticas antes de transcurridos 10 años desde su fallecimiento.

Y el segundo, reformó la reglamentación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por Decreto 415/2006, a los fines de incorporar de forma expresa al adoctrinamiento político como hecho que transgrede los derechos de los menores.

De acuerdo al texto del decreto, 'la imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo', vulneró el derecho a la dignidad, a la integridad personal, el derecho a la educación, y el derecho a la libertad de los niños, niñas y adolescentes, así como su libertad de conciencia.

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