Por: Humberto Diez y Germán Ruetti

Como hemos comentado en otra colaboración, la ley 27799, titulada “ley de inocencia fiscal”, contiene, en su Título I, diversas y significativas modificaciones al régimen penal tributario. En primer lugar, incrementa todos los montos dinerarios de los delitos tributarios y previsionales y adiciona, en el Título III, una norma sobre el procedimiento de actualización de los umbrales cuantitativos de los delitos fiscales, así como también de los importes de las multas formales de la ley 11683 y de los parámetros establecidos para el sistema de declaración jurada simplificada recientemente instituido; modifica sustancialmente el instituto de extinción por pago del artículo 16 y agrega -como art. 16.1- una prohibición de aplicación de otras salidas alternativas del proceso penal; luego, incorpora -como art. 16.2- una limitación a la persecución penal cuando se encuentren prescriptas las acciones fiscales; y, finalmente, sustituye la antigua redacción del artículo 19 del régimen penal tributario conocido, desde su origen, como la cláusula legal, que establece la “obligación de no hacer la denuncia penal”, por una redacción más clara y amplia de los supuestos en los que opera.

El objeto de este trabajo es reseñar los nuevos umbrales cuantitativos para los delitos fiscales que rigen a partir del 2/1/2026, así como también ratificar la ineludible aplicación de la doctrina del precedente del Alto Tribunal en materia de modificaciones a los montos del régimen penal tributario; y, por sobre todo, habremos de comentar la novedad inserta en el Título III de la ley 27799 en orden a la -tan ansiada, aunque imperfecta- adopción de un procedimiento de actualización de esos montos dinerarios a efectos de poner fin al método hasta ahora utilizado por el legislador de “acordarse”, cada un puñado de años, de la recomposición de los montos en un país de constantes períodos inflacionarios altamente erosivos del valor de la moneda nacional.

Esa tradicional manera de aumentar los umbrales provocaba una paradójica situación judicial: la descriminalización de las conductas en proceso de juzgamiento por su aplicación a los hechos pasados exponía el carácter meramente simbólico del régimen penal tributario pero, a la vez, se asistía a una intensa e inusitada litigiosidad -no solo por la defensa, sino por el acusador- sobre la aplicación o no del principio de ley penal más benigna, lo que provocaba años y años de litigios, impugnaciones, recursos ordinarios y extraordinarios en torno a la aplicación o no del artículo 2 del Código Penal; es decir, una dilatada pero estéril exposición a un proceso penal sin que en ese largo trayecto de idas y vueltas se analizara conducta ilícita alguna, perdiéndose, de esta manera, la oportunidad de debatir las cuestiones de fondo a sabiendas de que en la mayoría de los casos la inflación erosionaba el componente cuantitativo, expresada por el tipo objetivo del delito.

Además:

II - Recomposición de las cuantías en los delitos del régimen penal tributario

III - El fallo “Vidal” y la doctrina del leal acatamiento a la jurisprudencia constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

IV - Los umbrales cuantitativos hacia adelante: la previsión de un régimen de actualización

Este artículo forma parte de la publicación 'Doctrina Penal Tributaria y Económica', exclusivo para suscriptores de Errepar

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