Por: Richard Amaro Gómez

Existe una revolución tecnológica y digital a escala mundial la cual ha permitido la proliferación de la industria de los servicios locales e internacionales. Es que el valor económico de los servicios incide cada vez más en el producto bruto interno de las naciones, lo cual no llama la atención si tenemos en cuenta que estamos ante la era de las telecomunicaciones.

Ante este escenario, no se puede descartar que el acceso a la oferta de servicios en el mercado local y mundial no ha reconocido edades, jugando las nuevas generaciones un rol muy importante en la prestación de servicios digitales. Máxime si tenemos en cuenta que hoy una empresa puede ser totalmente en línea desde “casa”, lo que se podría denominar como “home business”.

En este sentido, muchos menores de edad han creado sus “empresas digitales”, generando una amplia gama de servicios digitales dirigido tantos a individuos como a empresas, locales y del exterior. Es que internet ofrece un camino para el desarrollo de negocios digitales sin importar edades.

En este contexto, se expone el tratamiento frente al impuesto al valor agregado de los menores de edad. Al respecto, la ley del tributo estipula en el artículo 4 lo sujetos pasivos (de iure, de derecho o de ley) tipificando, entre otros, a aquellos que:

“a) hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de comercio accidentales con las mismas o sean herederos o legatarios de responsables inscriptos; en este último caso cuando enajenen bienes que en cabeza del causante hubieran sido objeto del gravamen;

b) realicen en nombre propio, pero por cuenta de terceros, ventas o compras;

c) importen definitivamente cosas muebles a su nombre, por su cuenta o por cuenta de terceros;

d) sean empresas constructoras que realicen las obras a que se refiere el inciso b) del artículo 3, cualquiera sea la forma jurídica que hayan adoptado para organizarse, incluidas las empresas unipersonales. A los fines de este inciso, se entenderá que revisten el carácter de empresas constructoras las que, directamente o a través de terceros, efectúen las referidas obras con el propósito de obtener un lucro con su ejecución o con la posterior venta, total o parcial, del inmueble;

e) presten servicios gravados;

f) sean locadores, en el caso de locaciones gravadas;

(…)”.

Por consiguiente y en general, es sujeto pasivo todo ente que realice la venta de cosa mueble, preste servicios, realice locaciones, obras o importaciones, en el territorio nacional y siempre que sea a título oneroso. Lo dicho incluye a los menores de edad.

De hecho, la Ley N° 11.683/1933 en el artículo 5 identifica a los responsables por deuda propia estando entre ellos “las personas humanas, capaces, incapaces o con capacidad restringida según el derecho común”.

Asimismo, dicha ley identificó como responsables por deuda ajena, respondiendo de manera personal y solidaria, en el inciso “b” del art. 6 “los padres, tutores, curadores de los incapaces y personas de apoyo de las personas con capacidad restringida, en este último caso cuando sus funciones comprendan el cumplimiento de obligaciones tributarias”.

En consecuencia, los padres deberán gestionar la inscripción del menor en el impuesto cuando estos verifiquen la realización del hecho imponible, obteniendo previamente la CUIT, así como también serán responsables por la presentación de la respectiva declaración jurada y pago del tributo en caso de corresponder. Sin olvidar, que serán los padres los responsables también de facturar las operaciones del menor.

De hecho, en el espacio de diálogo AFIP – entidades profesionales, acta 33 de fecha 6 de noviembre de 2019, el Fisco sostuvo:

“(…)

De conformidad con el artículo 5º de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas leyes tributarias, en la medida y condiciones necesarias que estas prevén para que surja la obligación tributaria, “a) Las personas humanas, capaces, incapaces o con capacidad restringida según el derecho común”, entre otras.

Por otro lado, el Artículo 6° de la ley mencionada establece que están obligados a pagar el tributo al fisco con los recursos que administran, perciben o disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etcétera, en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables, los padres, tutores, curadores de los incapaces y personas de apoyo de las personas con capacidad restringida, en este último caso cuando sus funciones comprendan el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Así pues, los menores de edad revisten la calidad de contribuyentes frente al Fisco en la medida que respecto de ellos se configuren los hechos imponibles que las leyes tributarias les atribuyan.

En tal caso, el menor deberá contar con la CUIT, la cual deberá ser solicitada por su representante legal, conforme el procedimiento reglado por las Resoluciones Generales 10 (AFIP) y sus modificatorias, 2337 (AFIP) y 2811 (AFIP).

(…)”.

Si bien el aspecto se refiere al impuesto a las ganancias, sus conclusiones generales aplican también al impuesto al valor agregado.

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