Desde que asumió, la administración del presidente Javier Milei se enfrenta a diversos frentes en los estrados judiciales.

Por un lado, hay cada vez más reclamos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, dictado por el mandatario para desregular la economía y que entró en vigencia a fines de diciembre. Se presentaron decenas de pedidos para solicitar su total o parcial inconstitucionalidad en distintos fueros del Poder Judicial de todo el país.

Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos la demanda iniciada por la provincia de La Rioja en la que se solicita la inconstitucionalidad de todo el DNU. El procurador Eduardo Casal dictaminó esta semana que el caso corresponde a la competencia originaria del máximo tribunal del país.

Por otro lado, se están presentando en la justicia diversas acciones por la eliminación del fondo compensador al transporte, del Fondo de Incentivo Docente (FONID), y por los recortes de recursos coparticipables.

Reclamos contra el DNU

-Capítulo laboral: amparo a favor de la CGT y CTA

Tanto la CGT como la CTA lograron el aval de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a las acciones de amparo que presentaron para pedir la declaración de inconstitucionalidad contra el capítulo que reforma normas laborales en el DNU. Estas decisiones fueron apeladas por el Estado Nacional.

Además, hay cautelares vigentes contra el mismo en expedientes iniciados por la Asociación Bancaria, la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante y la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina (FUVA).

En sentido contrario, se conoció una presentación conjunta que hicieron la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como amicus curiae, en apoyo a la reforma laboral incluida en el Título IV Trabajo del DNU 70/2023.

En un comunicado, las entidades señalaron que los artículos que contemplan multas económicas 'dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar'.

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-La extranjerización de tierras tiene un fallo adverso, pero fue revocado

El artículo 154 del DNU derogó la Ley 26.737, que creó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad y limitó la adquisición y posesión de tierras en manos de extranjeros.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal de La Plata. El 29 de enero el juez federal de feria Ernesto Kreplak concedió una medida cautelar y suspendió ese artículo.
Poco después, se revocó la cautelar.

-Sociedades Anónimas Deportivas

El DNU permite que las entidades deportivas (actualmente asociaciones civiles sin fines de lucro) se transformen de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

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La Liga de Fútbol de Salto Asociación Civil presentó un pedido de inconstitucionalidad ante el Juzgado Federal de Mercedes de los artículos del DNU que tratan sobre el tema: el 335, que indica las organizaciones rectoras del deporte no podrán impedir la afiliación de clubes administrados por SAD; y el 345, que le da un plazo de 1 año a las federaciones y asociaciones para adecuar su estatuto a los términos del DNU.

El juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto concedió la medida cautelar y suspendió la aplicación de estos artículos. El Gobierno nacional ya apeló.

-Instituto Nacional de la Yerba mate

El DNU 70/2023 dispuso modificaciones a la Ley 25.564, que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate y regula este mercado. Pequeños productores de la provincia de Misiones presentaron una acción de amparo ante la Justicia de esa provincia para pedir que se declare la inconstitucionalidad de todo lo referido al Instituto Nacional de la Yerba Mate, que le quitaba al organismo el rol de fijador de precios.

El Juzgado Civil y Comercial N °8 concedió la cautelar, suspendió esos artículos, ordenó “no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones” del Instituto y remitió el expediente a la Justicia federal de esa provincia.

-Aumentos de prepagas

Se dictaron distintas cautelares contra los artículos del DNU que habilitan a las empresas de medicina prepaga a establecer aumentos en las cuotas de sus planes. Son demandas de particulares que sólo benefician a quien lleva adelante la acción.

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-Desregulación de actividades profesionales (abogacía)

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Morón hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Colegio de Abogados de Morón, y ordenó al Estado Nacional la suspensión inmediata de los artículos 2° y 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2023, que desregulan el ejercicio de distintas actividades, como la abogacía.

El actor entendía que el DNU podría habilitar a la derogación de la ley 5.177 del ejercicio profesional de la abogacía, lo que implicaría avanzar sobre una facultad no delegada a la Nación.

Suspenden dos artículos del DNU 70/2023 que desregulaban el ejercicio de la abogacía

Fondos fiduciarios y coparticipación

-Eliminación de fondos provinciales

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que recurrirá a la Corte Suprema luego de que le recortan el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal, que suma unos 30.000 millones de pesos.

El mandatario bonaerense inició diversos expedientes para reclamar recursos recortados: El primero por la no ejecución de convenios del Servicio Penitenciario Bonaerense; el segundo por la falta de pago en el Servicio Alimentario para comedores escolares; el tercero por no pago de transferencias acordadas en el Consenso Fiscal y deudas por los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024, relativo al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires; por último el reclamo por el Fondo Compensador de Transporte y del FONID (fondo docente).

Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres planteó una medida cautelar por la falta de pago de 13.500 millones de pesos de la coparticipación federal.

En este caso, el Juzgado Federal de Rawson hizo lugar al pedido y dictó una medida autosatisfactiva para que dejen de retenerle fondos y ordenó que las partes renegocien la deuda que la mencionada provincia tiene con la Nación.

Para el Gobierno nacional, dicho conflicto debía dirimirse directamente en la Corte Suprema dado que son de su “competencia originaria”. Esto significa que no se plantean ante un juez de primera instancia para que luego se pronuncie una cámara y luego la Corte.

El mismo juzgado había ordenado días atrás, también con una medida autosatisfactiva, que el Estado Nacional no elimine fondo de Compensación para el Transporte que maneja los subsidios al transporte público de personas de jurisdicción provincial.

Por su parte, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que su provincia presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el Estado Nacional en la que exige el cobro inmediato de las partidas adeudadas tras la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Esta decisión coincide con el reclamo de su par de La Rioja, Ricardo Quintela, quien también presentó ante el máximo tribunal una medida cautelar innovativa por la eliminación del FONID y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

El FONID representa un porcentaje del salario que cobran, de manera igualitaria, más de 1,6 millones de docentes de todo el país del sistema educativo formal. El Gobierno nacional tampoco transfirió el dinero del Fondo de Compensación Salarial Docente, que solo cobran las provincias de menores recursos.

-Concesión de represas

Los gobernadores Alberto Weretilneck, de Río Negro, y Rolando Figueroa, de Neuquén, intimaron al Gobierno nacional a no tomar ninguna medida inconsulta ante el vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, en defensa de los recursos naturales que, recalcaron, 'son potestad de las provincias'.

Los distintos frentes judiciales que enfrenta el gobierno de Javier Milei