Por: Vanina Guadalupe Tschieder
Abogada y notaria, con especialización en temas vinculados a blockchain y criptoactivos

I. Introito

En una reciente publicación dábamos cuenta de los requisitos para aportar criptoactivos al capital social que estableció la Resolución General N°15/2024 de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Allí comentábamos que una de las condiciones consistía en: “Acompañar una declaración del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales [P.S.A.V] en la cual se encuentren depositados los activos virtuales respecto de la viabilidad de ejecución forzosa de los activos virtuales aportados” (inc. 5, art. 67).

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Y decíamos que la exigencia de acompañar esta declaración tiene por propósito dar por cumplimentado el requisito de que los aportes sean “susceptibles de ejecución forzada” conforme exige la Ley General de Sociedades (art. 39, Ley 19550).

A la vez agregábamos que, debería poder diferenciarse: los criptoactivos que integran el capital de la sociedad y que están “depositados” en el P.S.A.V (en rigor las claves privadas vinculadas a los criptoactivos y que se encuentran bajo la custodia de éste), de aquellos criptoactivos que son de propiedad y giro del P.S.A.V. Es decir, el P.S.A.V. debería gestionar y tener contablemente individualizado los criptoactivos que tiene en nombre de sus clientes (servicio de custodia).

Caso contrario, (si no hubiese acabadamente una diferenciación de los criptoactivos que son aportados en propiedad a la sociedad), estaríamos en un supuesto de confusión patrimonial. Por lo que, los criptoactivos de la sociedad estarían bajo el riesgo latente de sufrir la agresión patrimonial de parte de los acreedores del P.S.A.V. En otras palabras, la exclusión de los acreedores del P.S.A.V. se dará cuando exista una clara segregación de los criptoactivos que son de propiedad de la sociedad.

Ahora bien, ¿esto significa que los criptoactivos que se aportan a una Sociedad al estar depositados en un P.S.A.V. quedan inmovilizados?

II. La respuesta

La respuesta es NO. Los criptoactivos que se aportan al capital de una Sociedad no quedan inmovilizados.

Diferente sería el caso, de que los criptoactivos tuviesen por finalidad constituir reservas de capital (v.gr. constitución de reservas estatutarias o facultativas previstas en el párrafo tercero del art. 70 de la Ley 19550). Puesto que, en tal caso, su destino sería justamente servir de resguardo limitando su utilización.

En consecuencia, los criptoactivos aportados al capital social (sea en la constitución o aumento de este) no quedan per se inmovilizados. La reglamentación [RG IGJ N°15/2024] en ninguna parte exige que los activos virtuales aportados al capital de la sociedad queden inmovilizados. Es más: si lo exigiera, tal condición sería contraria a la Ley General de Sociedades.

Los criptoactivos una vez que son aportados forman parte del capital social y pueden ser válidamente utilizados en el giro de la sociedad (según sea el negocio que ésta desarrolle: giro industrial, comercial o de servicios).

En consecuencia, los administradores de la sociedad van a poder utilizar los criptoactivos a medida que vayan desplegando la actividad a los fines de la consecución de su objeto societario. Es así como pueden con ellos adquirir otros bienes e incluso, (al igual que cuando se aporta dinero), pueden consumirlos y utilizarlos para pagar deudas.

Esto no afecta la característica de que sean bienes “susceptible de ejecución forzada”.

III. El alcance de la exigencia

Interpretamos que el alcance de este requisito establecido en el inciso 5 del artículo 67 [RG IGJ N°15/2024] es al mero efecto de acreditar en la registración de la constitución de la sociedad (o aumento de capital), que los bienes aportados en especie (en este caso activos virtuales) cumplimentan aquel requisito establecido en la Ley General de Sociedades y son “susceptibles de ejecución forzada”. Por esta razón de ninguna manera esto conlleva a inmovilizar los bienes aportados.

En general, el alcance de la expresión de que un aporte sea susceptible de ejecución forzada implica que los terceros (acreedores) puedan judicialmente obtener (a los fines de cobrar sus acreencias) el bien aportado o el dinero obtenido por la venta que se ordene judicialmente. Y esto está estrechamente relacionado con la comercialidad del bien objeto del aporte societario. Para esto se requiere que los bienes estén “dentro del comercio” (por contrario sensu del art. 234; CCyCN).

En el caso de los criptoactivos (en especial aquellos que operan de manera descentralizada) estos bienes digitales técnicamente son registros electrónicos en direcciones (o cuentas) blockchain y que mediante la utilización de claves privadas asociadas a estos son controlados por su titular.

Por este motivo, para poder llevar adelante una orden judicial que establezca una limitación (medida cautelar) o ejecución forzosa sobre criptoactivos, se requiere el secuestro de las claves privadas que posibilitan su transferencia o la colaboración de la persona que custodia dichas claves.

En cuanto a la comercialidad, en el caso de los criptoactivos esto depende de que tengan un valor de mercado.

Como comentario entre paréntesis, cabe mencionar que, los criptoactivos por sí mismos, no tienen asegurada la demanda en el mercado.

Aun así, por ejemplo, en el caso de Bitcoin es público y notorio, que aun cuando su precio fluctúa, tiene aceptación y valor en el mercado. Existe una nutrida comunidad que se identifica con su filosofía subyacente y propicia su utilización en reemplazo del dinero fiduciario. También, hay inversores que buscan obtener ganancias a partir del aumento de su precio. Y, a ello se agrega que, actualmente en los mercados de capitales (como vehículos de inversión) se ofrecen instrumentos financieros vinculados a bitcoin. Por tanto, la comercialidad y valor de este criptoactivo es verificable.

En cambio, en el otro extremo, encontramos tokens que carecen de un valor genuino.

Son conocidos como “shitcoin”. Este término se utiliza para referenciar a aquellos tokens que resultan ser un mero fraude y también para definir a los activos virtuales que fracasan y no perduran en el tiempo (en general por presentar serias falencias en sus proyectos).

Los tokens “shitcoins” NO catalogan como criptoactivos. No obstante, al ser objeto de trading e inversión especulativa están disponibles en el mercado. Por este motivo, en una interpretación amplia alguien podría considerarlos activos virtuales de “inversión” (inc. 10; art. 413, RG IGJ N°15/2024). Pero, lo concreto es que no son una representación digital de valor, lo que tienen es un precio de mercado, por lo que la perdurabilidad comercial de este tipo de tokens resulta ser por demás incierta.

Y, en el entremedio, hay una amplia gama de opciones y tipos de criptoactivos. Por nombrar algunas de las opciones más conocidas: ether, litecoin, USDT, USDC, DAI.

Abarca tanto a activos virtuales de emisión descentralizada como centralizada y los hay con precios fluctuantes y otros con mecanismos de estabilización. El universo de activos virtuales es muy amplio.

Por esta razón, y como existe libertad al momento de elegir la clase de activo virtual que se aporta al capital social, es que adquiere relevancia el principio de la buena fe, la prudencia y la diligencia al momento de efectuar el aporte y la valuación de los activos virtuales.

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Ahora bien, retomando la interpretación sobre el requisito de que el aporte sea susceptible de ejecución forzada, entendemos que la reglamentación de IGJ resolvió dar por cumplimentada dicha exigencia poniendo la carga en la aseveración que realiza un tercero. Quien con su declaración asegura que los activos virtuales aportados cumplen con el requisito de ser “susceptibles de ejecución forzada”.

Daría la impresión de que la autoridad de contralor considera a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (registrados ante la Comisión Nacional de Valores, domiciliados en el país y sujeto a legislación nacional) como sujetos con experticia en materia de activos virtuales, y por eso se vale de ellos. Y, además, los erige en auxiliares de la justicia. Puesto que con su declaración el P.S.A.V. queda expresamente comprometido a cumplimentar las medidas que la justicia le solicite con relación a los activos virtuales que tiene en nombre y para la sociedad (esto en la medida de que los criptoactivos continúen bajo su custodia).

No obstante esto, cabe mencionar que también podría haberse habilitado otros mecanismos para cumplir la exigencia del artículo 39 (LGS). Pensamos que, por ejemplo, en los supuestos en los que los criptoactivos (aportados y entregados en propiedad a la sociedad) estuviesen en autocustodia, una posibilidad podría haber sido requerir el compromiso de parte de los administradores de que, ante una orden judicial (sea una medida cautelar o ejecutoria), el incumplimiento injustificado implicaría una responsabilidad personal de éstos por los perjuicios derivados de aquella negativa.

Obviamente, esto siempre y cuando los criptoactivos permanecieren en custodia de la propia sociedad y no hubiesen sido transferidos en el curso normal de la actividad que ella desarrolla (y esto es algo sumamente comprobable).

Empero, (por lo menos hasta el momento), la reglamentación de IGJ optó por exigir en el procedimiento de aportes de criptoactivos al capital social la intervención de P.S.A.V. registrados ante la CNV y con domicilio en jurisdicción argentina.

Esto no quita que, en un futuro (y a medida que avance el conocimiento y se expanda la utilización de los criptoactivos para la integración del capital social), no se pueda avanzar en mecanismos normativos que posibiliten demostrar la cumplimentación de los requisitos legales de una manera que pueda ser compatible con la custodia de los activos virtuales efectuada por parte de los propios administradores de la sociedad.

IV. Síntesis

Interpretamos que los activos virtuales aportados al capital de una sociedad no quedan inmovilizados en el P.S.A.V. Lo contrario carece de sentido.

La regla es que el capital social tiene por propósito dotar a la sociedad de fondos necesarios para llevar adelante su actividad.

Si bien complementariamente el capital social también actúa como garantía común de los acreedores, lo cierto es que la sociedad responde con el capital social que disponga al momento de afrontar las deudas.

Puesto que, por la funcionalidad que cumple, la composición del capital social va variando a lo largo del trascurso del tiempo y a medida que se desarrolla la actividad societaria.

Si sos suscriptor, te invitamos a acceder al texto completo de la doctrina 'Aportes societarios en criptomonedas: nueva normativa de la Inspección General de Justicia', por Marcos Zocaro, publicada en el Micrositio de Criptoactivos

¿Los criptoactivos que se aportan a una sociedad quedan inmovilizados?