La Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó un fallo de primera instancia que estableció que los aumentos en el valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se aplican retroactivamente a pagos judiciales efectuados en tiempo y forma.

En el caso 'S., R. D. c/ Droguería del Sud S.A. y otros s/ despido', el tribunal de primera instancia había sostenido que las modificaciones retroactivas del valor de la UMA solo afectan a obligaciones aún no canceladas, y no a aquellas ya cumplidas conforme al valor vigente al momento del pago. La parte actora apeló.

Revisión del criterio previo

Los jueces María Cecilia Hockl y Leonardo Jesús Ambesi reconocieron que, en antecedentes previos -como el fallo “Muñoz c/ Aguilar” de febrero de 2022-, esa misma sala había admitido reclamos por diferencias surgidas a raíz de aumentos retroactivos de la UMA. En ese caso, se sostuvo que la variación posterior del valor de la unidad podía dar lugar al reclamo de diferencias respecto del monto abonado.

No obstante, en esta oportunidad el juzgado consideró necesario revisar la interpretación a la luz de una nueva hermenéutica normativa. Según los magistrados, modificar a posteriori el valor de la UMA respecto de un pago hecho en tiempo y forma, dentro de un proceso judicial, y sin reserva sobre dicha variable, podría vulnerar los derechos de propiedad y de defensa en juicio garantizados por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Para sostener esta posición, los jueces citaron el artículo 51 de la Ley 27.423, que establece con claridad que el pago será considerado “definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal equivalente a la cantidad de UMA contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago”.

A partir de esta disposición, concluyeron que el cumplimiento en tiempo y forma de la obligación, sin reservas, debe ser considerado plenamente liberatorio. En el caso concreto, la parte demandada había realizado el pago correctamente y dentro del plazo, por lo que -según el tribunal- quedó liberada de su obligación.

Finalmente, los jueces aclararon que el carácter retroactivo de las acordadas de la Corte Suprema solo alcanza a obligaciones que aún no han sido canceladas, lo cual diferencia el presente caso de otras situaciones aún en curso.

Por ello, resolvieron confirmar la sentencia apelada.

Deudas por honorarios

En el artículo “Ley 27423 de honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la justicia nacional y federal”, publicado en Temas de Derecho Procesal de Erreius, Miguel Á. S. Gitto explica que “las deudas de honorarios, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiere mora del deudor, devengarán intereses desde la fecha de la regulación de primera instancia y hasta el momento de su efectivo pago, los que serán fijados por el juez de la causa siguiendo el mismo criterio que el utilizado para establecer la actualización de los valores económicos de la causa”.

“La norma establece al menos tres directivas -entre otras tantas- que considero conveniente poner de resalto. La primera es que el condenado en costas tiene diez días a partir de que quede firme la regulación de honorarios para cumplir con su obligación de pago. La segunda es que cuando se habla de intereses se lo hace en referencia a los moratorios (“cuando hubiere mora del deudor”). Finalmente, la tercera es que, en caso de incumplimiento, la deuda por honorarios generará intereses desde la fecha de la regulación de primera instancia y hasta el momento de su efectivo pago”.

Por otro lado, señala que el artículo 51 dispone: “La regulación de honorarios deberá contener, bajo pena de nulidad, el monto expresado en moneda de curso legal y la cantidad de UMA que este representa a la fecha de la resolución. El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMA contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago”.

Esto significa que las UMA reguladas a un letrado en una sentencia que, por ejemplo, hace un año quedó firme y aún no fueran abonadas, “deben corresponderse con el valor actual de las mismas, o lo que es igual, con la cantidad actual de moneda de curso legal que la CSJN le haya asignado a la UMA mediante acordada”.

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