La sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la condena solidaria contra un grupo de empresas solicitada por un trabajador que cumplía funciones de ingeniero y su relación se basaba en un contrato de locación de servicios, por lo que las demandadas afirmaban que la vinculación era de tipo comercial.

La indemnización deberá pagase en dólares o en pesos de acuerdo al tipo de cambio del Dólar MEP ya que vislumbraba el real valor de lo adeudado porque el reclamante percibía su remuneración en billetes estadounidenses.

En el presente caso, el actor, que se había recibido de ingeniero en telecomunicaciones, trabajaba para Telecom Argentina y para Telecom Chile, y se le pagaba por sus servicios desde Telecom USA, con abonos de servicios de montos iguales y periódicos.

La vinculación se había formado a través de un contrato de locación de servicios. Tras solicitar que le regularicen su situación laboral, y ante el silencio de las emplazadas, el profesional se consideró despedido y reclamó la indemnización correspondiente más diversas multas laborales.

Reclamó el pago de las indemnizaciones en dólares ya que percibía su salario en tal moneda.

La sentencia de primera instancia atribuyó responsabilidad solidaria en los términos del art. 31 de la LCT y ordenó el pago de la indemnización en moneda argentina.

Las quejas de las demandadas

Las condenadas cuestionaron la decisión por cuanto tuvo por acreditada la relación laboral. Criticaron la forma en la que se interpretaron las cláusulas del contrato, en el que, destacaron, se hizo constar que la contratación no creaba un vínculo laboral ni de dependencia entre las partes, a la vez que expresaron la voluntad de convenir una prestación de servicios profesionales regida por el Código Civil.

Adujeron que tampoco se consideraron otras circunstancias que demostrarían que el accionante no prestó servicios dependientes para la empresa y, por ende, que no le resultó aplicable la presunción reglada en el art. 23 de la LCT.

Desde otro ángulo, aseveraron que los pagos efectuados al actor en los Estados Unidos no demostraban la existencia de una relación laboral, puesto que se trataba de una modalidad frecuente en los contratos civiles y comerciales, en los que son normales los abonos de servicios por montos iguales y periódicos.

Asimismo, se agraviaron porque se les atribuyó responsabilidad solidaria en los términos del art. 31 de la LCT

Aseguraron que en la especie no se demostró la configuración de maniobras fraudulentas ni de una conducción temeraria y añadieron que en la causa tampoco obraron elementos que permitan concluir sobre la existencia de un conjunto económico de carácter permanente.

Los cuestionamientos del actor

En tanto, el actor se quejó porque la sentenciante, a los fines de establecer la base de cálculo de los conceptos derivados a condena, decidió descartar la incidencia del bono anual y de las comisiones trimestrales convenidas, así como los viáticos y el grossing up o acrecentamiento impositivo y previsional.

Y objetó el decisorio en el aspecto que dispuso que el importe de condena sea pagado en moneda de curso legal. Destacó que, durante el transcurso del vínculo, percibió sus retribuciones en dólares estadounidenses, de modo que -alegó- que su crédito indemnizatorio debía serle pagado en la misma moneda, puesto que el pago en moneda extranjera resultó ser condición esencial para el cumplimiento de las obligaciones convenidas.

En ese marco, consideró que la aplicación al caso de lo dispuesto en el art. 765 del Código Civil y Comercial resultaba errónea, en tanto que se trataba de una norma de aplicación supletoria a la voluntad de las partes y, por lo tanto, inaplicable a una obligación en la que se pactó la cancelación en moneda extranjera.

En subsidio, cuestiona el tipo de cambio establecido en la sentencia de primera instancia, la que, conforme aduce, en este punto no resulta clara, habida cuenta que, en la actualidad, los tipos de cambio “legales” u “oficiales” son variados y muy disímiles en su cotización y, de ahí, es que resulta relevante determinar con precisión y equidad el tipo de cambio al que debe liquidarse el monto de condena. Arguye, al respecto, que debido a la “brecha” existente entre -por ejemplo- el dólar oficial y el dólar MEP, debe estarse a la cotización que refleje más fielmente la verdadera paridad dólar/peso y a la que, en verdad, su parte pueda acceder para adquirir en el mercado la cantidad de dólares derivada a condena, que es -según señalala cotización que se fija para el “dólar MEP/dólar bolsa”. Sostiene que, de otro modo, se pulverizaría el crédito, pues cuando reciba los pesos al valor del dólar oficial, podría comprar menos de la mitad de los dólares establecidos en la sentencia.

Qué dijo la Cámara

Las camaristas Patricia Russo y Silvia Pinto Varela entendieron que resultaba operativa la presunción prevista en el art. 23 de la L.C.T. (“El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario”), pues el actor desempeñó tareas atinentes a su profesión de ingeniero en computación, como proveedor de servicios técnicos y comerciales para el “Grupo ECI Telecom” en la región de Latinoamérica.

En tal contexto, las demandadas tenían a su cargo aportar pruebas idóneas para desactivar los efectos de la presunción, esto es, demostrar que existieron circunstancias, relaciones o causas que autorizan a tener por acreditado un vínculo de naturaleza distinta a la que es propia de un contrato de trabajo.

Agregaron que la circunstancia de ser el actor un profesional universitario no excluye a la aplicación de la presunción prevista en el art. 23 de la LCT, puesto que dicha norma no contiene distinción alguna cuando hace referencia al “…hecho de la prestación de servicios…” y las profesiones liberales no son excepciones a las contingencias sociales y económicas que habitualmente suceden.

Ante ese panorama, consideraron demostrada la existencia de una típica relación de trabajo dependiente, pues no luce desactivada la presunción prevista en el art. 23 de la LCT, en tanto no es posible extraer que el accionante, para desarrollar su actividad, hubiese asumido riesgos o invertido capital propio para soportar pérdidas y obtener ganancias.

El actor únicamente aportó su trabajo y se halló inserto en una organización totalmente ajena de titularidad de la empresa accionada, que su trabajo se enderezó al cumplimiento de los fines de ésta y que se encontró sujeto a su poder de dirección y de organización, todo lo cual, a mi juicio, lo coloca fuera del marco del vínculo civil o de carácter autónomo que invocan las recurrentes y dentro del régimen del contrato de trabajo.

La indemnización

Los magistrados incluyeron diversos rubros solicitados por el actor, como la incidencia del bono trimestral, por lo que elevaron el monto de la condena. Además, aclararon que el importe de la indemnización prevista en el art. 245 de la LCT debía fijarse de acuerdo a las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Vizzotti”.

También estimaron que resultaba justo y equitativo disponer que, en el supuesto en que las sociedades condenadas decidiesen liberarse de su obligación mediante el pago de la sentencia en moneda de curso legal, podrán hacerlo a través del pago de la suma de pesos equivalente a la cantidad de dólares convertidos al valor del dólar “MEP” (dólar del mercado electrónico de pagos), según la cotización del día anterior al del pago, puesto que esta cotización se deriva de la compra de títulos públicos que cotizan en ambas monedas, por lo que son un valor de mercado y su compra-venta no afecta a las reservas públicas.

Y concluyeron que “no hay por qué interpretar que el equivalente en moneda en curso legal al que alude el artículo 765 del Código Civil y Comercial, suponga que la conversión deba realizarse según la cotización oficial”.

Las quejas de las demandadas

Los cuestionamientos del actor

Qué dijo la Cámara

La indemnización

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