La sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial condenó a Mercado Libre por los daños y perjuicios derivados de la compra de rodados publicados por una presunta concesionaria que, luego de recibir el dinero dejó de responder los llamados de los compradores.

El tribunal concluyó que, si bien la empresa resulta responsable al permitir que en la publicación del vendedor figure la leyenda “identidad verificada” y “concesionaria”, lo que genera en los visitantes del sitio una aparente seguridad, igualmente los actores influyeron mayoritariamente en la producción del daño ya que obraron con “una negligencia absolutamente inexplicable” y desatendieron los consejos de seguridad.

En el caso “P.A.P. S.R.L. y otro c/ Mercado Libre S.R.L. s/ Ordinario”, los demandantes indicaron que fueron víctimas de una estafa al intentar adquirir tres vehículos 0 km que se ofrecían en la plataforma de comercio electrónico bajo la identidad verificada de una supuesta concesionaria llamada “Automóviles Prana S.R.L.”.

Remarcaron que, a través del contacto con un vendedor -quien se presentó como representante de dicha sociedad-, se realizó la transferencia de importantes sumas de dinero: $10.790.000 por parte de la empresa y u$s13.800.

Pero la operación no se concretó y los compradores nunca recibieron los vehículos. Tras el envío de los fondos, los supuestos vendedores dejaron de contestar llamadas y mensajes, por lo que consideraron que se trataba de una maniobra fraudulenta.

Los actores iniciaron una demanda por daños y perjuicios contra Mercado Libre.

Argumentaron que la plataforma contribuyó al engaño al validar públicamente la identidad del vendedor y permitirle figurar como “concesionaria”.

Mercado Libre pidió rechazar la demanda al sostener que no participó en la operación ni recibió el dinero, y que el contacto y la transferencia de fondos se realizaron por fuera de la plataforma. Sostuvo que su rol fue pasivo, limitado a proveer un espacio de publicación, sin deber alguno de verificar exhaustivamente los datos del vendedor.

Afirmó que la estafa fue obra de un tercero ajeno a su control y que los actores actuaron con ligereza, debido a que omitieron verificaciones básicas (como visitar el supuesto local o llamar a números oficiales).

El fallo de primera instancia

La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda de manera parcial. Condenó a la empresa tecnológica a pagar $3.237.000 y u$s4.140, sumas correspondientes al 30% del daño económico sufrido, con más intereses. El 70% restante fue imputado a los propios accionantes por su comportamiento negligente en la operación.

La magistrada consideró probado que Mercado Libre había desempeñado un “rol activo” al permitir que el vendedor se registrara como concesionaria, con “identidad verificada”, tras un proceso en el que la empresa requirió documentación, datos comerciales y validación de la dirección declarada.

Según la sentencia, esta validación fue deficiente: “La conducta de la plataforma en el proceso de registración del usuario resultó deficiente, teniendo en cuenta el estándar que es esperable en un prestador profesional de servicio” y “ello fue determinante porque permitió que los delincuentes se mostraran en el Marketplace VIS como concesionaria de la marca Toyota”.

No obstante, también advirtió que los actores “coadyuvaron a que la estafa pudiera perpetrarse”, ya que no tomaron los recaudos mínimos esperables.

“Los actores realizaron la compra de tres vehículos de importante valor en forma totalmente remota, comunicándose sólo a través de WhatsApp y email, sin cerciorarse sobre la veracidad del anuncio”, señaló. Además, destacó que los valores pactados eran significativamente inferiores al precio de mercado, lo que debía alertar sobre la posible ilicitud de la operación.

La apelación de las partes

Los actores cuestionaron el bajo porcentaje de responsabilidad asignado a la compañía y el rechazo de ciertos rubros indemnizatorios, como el daño moral y el lucro cesante por privación de uso.

La demandada apeló la condena y la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor respecto de la empresa actora, al considerar que la operación tenía fines empresariales y no encuadraba en una relación de consumo.

Asimismo, remarcó que no debía considerarse responsable porque no participó en la transacción, no recibió los fondos y su intervención fue pasiva.

La sentencia de la Cámara

Los jueces Gerardo G. Vassallo y Pablo D. Heredia destacaron que las plataformas digitales de comercio electrónico proporcionan la infraestructura mediante la cual los usuarios realizan operaciones comerciales, y que la intervención de este sitio fue más allá del simple rol de intermediario técnico.

Según los magistrados, la inclusión por parte de Mercado Libre de la leyenda “identidad verificada” y “concesionaria” generó una expectativa de confianza en los compradores.

Afirmaron que la plataforma no se limitó a alojar contenidos, sino que asumió funciones de validación y categorización de usuarios. Indicaron que fue la propia empresa la que incorporó estas calidades en el aviso tras analizar la documentación presentada, generando una percepción de legitimidad en los potenciales compradores.

Sin embargo, la Cámara también señaló que los actores influyeron significativamente en la producción del daño. Indicaron que se trataba de una operación completamente remota y de bienes registrables de alto valor, por lo cual era exigible un mínimo de precaución. El fallo remarcó que los actores no adoptaron medidas básicas, como verificar la existencia del vendedor, contrastar los precios con los del mercado o seguir los consejos de seguridad disponibles en la propia plataforma.

Los jueces afirmaron que la conducta de los demandantes evidenció una “negligencia absolutamente inexplicable”, en especial tratándose de empresarios vinculados al rubro del transporte de pasajeros. Agregaron que desatendieron totalmente las advertencias publicadas por la propia plataforma y que avanzaron en una negociación privada por canales como WhatsApp y correo electrónico.

Respecto a la naturaleza jurídica del vínculo, la Cámara sostuvo que en el caso existía una relación de consumo, incluso con respecto a la persona jurídica actora. Indicaron que los vehículos estaban destinados al uso personal de los socios gerentes y no formaban parte del giro comercial habitual de la empresa.

Luego, consideró que la empresa superó el rol de mero hosting al asumir tareas de validación que influyeron directamente en la producción del daño denunciado.

Por ello, confirmó la condena parcial dictada en primera instancia.

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