El proyecto de la “ley Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” que envió al Congreso el presidente Javier Milei, entre las múltiples modificaciones, incluye la posibilidad de divorcio administrativo (sin pasar por los tribunales y sin asesoramiento profesional).

Además, habilita a los escribanos a hacer trámites sucesorios, aunque en este caso con patrocinio letrado obligatorio.

Divorcio“exprés”

El proyecto pretende, en el capítulo 3, incorporar como inciso d, en el artículo 435 del Código Civil y Comercial (CCyCN)-que regula las causas de disolución del matrimonio-, la “comunicación de la voluntad de disolver el vínculo presentada por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal, la cual tendrá los mismos efectos que el divorcio”.

Hasta ahora, el Código Civil y Comercial preveía como causales a “la muerte de uno de los cónyuges, sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento o divorcio declarado judicialmente”.

“En línea con la modernización de la legislación y el respeto a la preponderancia de la libertad individual, se incorpora un novedoso instituto para nuestro país, de uso común en muchas otras naciones del mundo, que es la posibilidad para los cónyuges de solicitar la disolución del vínculo matrimonial con la sola presentación ante el mismo órgano administrativo que celebró el matrimonio civil, sin necesidad de intervención judicial”, dicen en los fundamentos del proyecto.

Pero hay que tener en cuenta que la regulación pretendida difiere de los fundamentos, ya que no aclaran cuál sería el órgano administrativo encargado de disolver el matrimonio.

Esto generó la queja de los profesionales del derecho. En este punto, Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, anticipó: “Nosotros vamos a defender la incumbencia de los abogados porque entendemos que es insustituible la presencia de un juez”.

El CCyCN admite el divorcio por voluntad de una sola de las partes e impone que el pedido sea acompañado por una propuesta sobre la división de bienes y obligaciones derivadas de la responsabilidad parental.

Procesos sucesorios no contenciosos

El proyecto de “ley ómnibus” pretende crear un nuevo régimen para los procesos sucesorios no contenciosos, facultando a los ciudadanos a transmitir la herencia a través de un proceso extrajudicial.

En concreto, establece: 'Artículo 441 - Apruébese el régimen sobre Procesos Sucesorios No Contenciosos que se adjunta como Anexo IV', esto último en referencia a la Ley de Procesos sucesorios.

El artículo 1 trata del proceso sucesorio notarial y dice: “Los sucesores y el cónyuge pueden optar por tramitar los procesos sucesorios por causa de muerte ante los órganos judiciales o ante escribano público en los casos en que no exista controversia alguna entre ellos y sean todos capaces”. El artículo 2 agrega: “El trámite de esos asuntos ante escribano público será optativo y sólo podrá adoptarse por este procedimiento con patrocinio letrado”.

También se establece que “en caso de que en cualquier etapa del proceso se suscitara algún conflicto entre las partes o con terceros, el escribano debe suspender inmediatamente su actuación y remitir el expediente al juez competente, en unplazo no mayor a diez días hábiles”.

Los escribanos podrán requerir a las reparticiones públicas que correspondan los informes que sean necesarios en la tramitación de los procesos.

Quien opte por este proceso deberá solicitarlo, con patrocinio letrado obligatorio, ante el escribano público que libremente elija o al colegio notarial de la demarcación que corresponda.

En la solicitud deberá consignarse si se tiene conocimientode la existencia de testamento del causante. Cada colegio notarial establecerá los aranceles indicativos a percibir por el escribano interviniente. Asimismo, deberá fijar un arancel obligatorio de carácter social para aquellos supuestos en los que la valuación fiscal de los bienes que compongan el acervohereditario no supere el monto que fije la reglamentación, el que será actualizado por un índice oficial.

Los escribanos deberán llevar un registro electrónico de los expedientes en los que intervengan, los que deberán custodiar hasta tanto sean remitidos al archivo especial que lleve cada Colegio Notarial o el Poder Judicial de la demarcación según lo determinen las reglamentaciones locales.

El Acta de Notoriedad de Declaratoria de Herederos se dictará sin perjuicio de terceros, y tendrá iguales efectos que la declaratoria de herederos dictada en sede judicial.

Implicará la investidura de la calidad de herederos a quienes no la tuvieren de pleno derecho.

Cualquier interesado podrá solicitar la exclusión de algún heredero declarado o su inclusión en tal carácter. En este supuesto, el escribano deberá remitir las actuaciones al juez competente en un plazo no mayor a diez días hábiles de recibida la notificación correspondiente.

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La declaratoria de herederos podrá ser ampliada por el escribano en cualquier estado delproceso, a petición de parte legítima, si correspondiere, siempre que hubieraacuerdo entre todos los herederos y demás interesados y, a su criterio, sehubiese acreditado la calidad invocada por el peticionante.

En caso de la sucesión testamentaria, una vez aceptada su intervención, el escribano informará la iniciación del proceso al Registro de Juicios Universales que corresponda.

Luego solicitará al registro de testamentos respectivo si consta en el mismo la existencia de otro testamento posterior al presentado o la eventual revocación de éste.

Posteriormente dispondrá la notificación personal de los herederos instituidos, de los demás beneficiarios o cesionarios, del administrador y del albacea si éste hubiera sido designado, para que sepresenten dentro de treinta días corridos. Si alguno de los beneficiarios fuese incapaz, el escribano remitirá las actuaciones al Juzgado competente en un plazo no mayor a diez días hábiles.

Dentro de los cinco días de aceptada su intervención, el escribano mandará publicar un aviso por un día en el Boletín Oficial del lugar mediante el cual se citará aherederos, acreedores y de todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante para que acrediten su derecho dentro del plazo de treinta días.

Además, de estos procedimientos, que fueron relatados sucintamente, el proyecto estipula distintos cambios al Código Civil y Comercial.

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