La iniciativa denominada “Ley Nicolás”, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y que busca regular los derechos de los pacientes, podría perder estado parlamentario si el Senado no la trata antes de febrero del próximo año.

A fines del año pasado, la Cámara baja aprobó el proyecto, pero ahora está trabado en el Senado porque aún no se conformó la comisión de Salud, encargada de darle dictamen junto con la comisión de Legislación General.

El oficialismo y la oposición se realizan acusaciones cruzadas por la falta de composición de las comisiones. Por lo pronto, la negociación para integrarla está congelada y no hay señales de avance.

Desde Unión por la Patria señalan que, al tener la primera minoría del Senado, deberían encabezar la comisión y denuncian que el oficialismo, junto con sus aliados, forzó una nueva mayoría, que le permitió desplazarlos.

En tanto, la Libertad Avanza considera que actuó conforme a reglamento y que debería presidir la comisión.

La propuesta recibió el nombre de “Ley Nicolás” en referencia al caso del joven Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 cuando le dieron un diagnóstico errado y en realidad padecía una meningitis bacteriana.

Entre otros, además, adhiere al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instituido el 17 de septiembre de cada año, “con el objetivo de promover una agenda que busque generar la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio de salud”.

Puntos principales de la iniciativa

La iniciativa tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.

De acuerdo al proyecto, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta norma, si se sanciona.

Cada dos años el Ministerio de Salud debería emitir un diagnóstico del sistema de salud argentino, cuyo informe deberá consignar las condiciones de la práctica sanitaria en todo el país e incluir todos los aspectos relevantes respecto al cumplimiento de las pautas de buena práctica profesional.

Deberá analizar “tanto desde el punto de vista material, como regulatorio, los dispositivos críticos, tratamiento profesional, equipamiento, aprendizaje, funcionamiento de las residencias, niveles de especialización, cumplimientos de las pautas de buena práctica, estrés laboral, litigiosidad, sanciones, recurrencias de acciones conflictivas y/o todo otro aspecto vinculado con la seguridad de los pacientes y profesionales”.

A su vez, las entidades tendrán que “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos.

En el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa) se establecerá un marco de estándares mínimos “que garanticen procesos de certificación del compromiso con la calidad de las instituciones proveedoras de los servicios de salud, alineados con los objetivos de calidad y seguridad de la atención previstos en la presente ley”.

Verificación periódica del personal de salud

“A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación periódica de las condiciones psicofísicas del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por vía reglamentaria”, estipula otro de los artículos.

La verificación debe encontrarse vinculada a las competencias o requerimientos específicos para las habilidades o prácticas de acuerdo a cada tarea. Para aquellas especialidades que requieran la valoración de una destreza técnica, se deben incorporar mecanismos de simulación.

Condiciones sicofísicas de los profesionales

En caso de aprobarse el texto, será obligatoria la certificación de las condiciones físicas y el estado cognitivo y conductual de todos los profesionales de la salud, cada 10 años, a partir del momento de su matriculación.

“Las exigencias de esta certificación serán establecidas por la autoridad de aplicación nacional, evaluando las necesidades que impongan las especialidades que se ejerzan”.

Y, a partir de los 75 años, “la certificación deberá realizarse cada 3 años'.

Además, “el equipo de salud debe realizar capacitaciones periódicas en materia de calidad y seguridad de la atención sanitaria y legislación vigente vinculada a temáticas de acceso al derecho a la salud, independientemente del área y cargo en el que se desempeñe”.

Incidente de seguridad

La iniciativa dispone que haya un método que asegure la investigación de las causas que produjeron los incidentes de seguridad, eventos adversos y eventos centinela (es decir, situaciones inéditas que ameriten ser reportadas), “con criterio no punitivo, y la consecuente adopción de medidas que eviten su repetición y garanticen el aprendizaje”.
También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”.

Quejas, necesidades y condiciones laborales

Deben establecerse mecanismos para garantizar la presentación de “quejas u objeciones sobre carencias y deficiencias en la prestación del servicio, sin temor a represalias, y su correspondiente análisis”. Además, “asegurar una dotación de personal de salud que satisfaga las necesidades del servicio y el bienestar del personal”, instaurar una duración de turnos y horas de trabajo del personal, que 'eviten su agotamiento físico o mental”, y “prever medidas de protección del personal para salvaguardarlos de toda violencia o intimidación ejercidas por razón de su labor”.

Registro Unificado de Sanciones e Inhabilitaciones

Se busca ordenar el problema de los profesionales que se mudan de provincia para poder ejercer, cuando su matrícula fue suspendida en su jurisdicción de origen. Las autoridades encargadas de controlar el ejercicio profesional deberán “informar de toda medida disciplinaria a la Red Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS)”.

Puntos principales de la iniciativa

Verificación periódica del personal de salud

Condiciones sicofísicas de los profesionales

Incidente de seguridad

Quejas, necesidades y condiciones laborales

Registro Unificado de Sanciones e Inhabilitaciones

Ponemos a disposición el texto del proyecto

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