La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata admitió la acción de amparo deducida por el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas Argentinas de La Plata (CECIM) y declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que derogó la Ley de Tierras (ley 26.737), liberando de esa forma la venta de inmuebles rurales.

Antecedentes

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) interpuso una acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, en cuanto derogó la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. La causa fue certificada como proceso colectivo y se procedió a su inscripción en el Registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el mes de enero pasado, durante la feria judicial, el juez federal Ernesto Kreplak había dictado una medida cautelar suspendiendo preventivamente la vigencia la norma impugnada.

Sin embargo, al dictar sentencia, el titular del Juzgado Federal N°4, Alberto Recondo, falló rechazando la acción de amparo, dejó sin efecto la medida cautelar suspensiva y quitó el carácter colectivo a la acción. El juez de primera instancia entendió que la asociación actora carecía de legitimación para representar los intereses individuales de quienes se verían afectados por la norma.

El Centro de Excombatientesde Islas Malvinas Argentinas apeló la decisión ante la Cámara Federal de La Plata.

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Fundamentos de la decisión de Cámara

En primer lugar, el tribunal sostuvo que la acción interpuesta tiene carácter colectivo, en tanto existe un caso o controversia regido por el derecho federal, atinente a derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos; en este caso, la soberanía nacional como bien tutelado.

En cuanto a la legitimación de la asociación actora, la Cámara consideró que el CECIM es un representante adecuado para ejercer la acción en este proceso, toda vez que “se trata,en este caso, de un planteo atinente a derechos de incidencia colectiva quetienen por objeto bienes colectivos, en este caso, la soberanía nacional como bien tutelado, que es ejercido por una de las asociaciones que concentran el interés colectivo”.

Sobre la validez del dictado del decreto de necesidad y urgencia70/2023, el tribunal concluyó que “las circunstancias excepcionales que prescribe la Constitución Nacional y los precedentes de la Corte Suprema no se encuentran verificadas en el presente caso”, pues no existieron impedimentos para que las cámaras del Congreso de la Nación se reunieran.

Respecto de la Ley de Tierras, los camaristas resaltaron que “las trascendentes razones de protección de la soberanía y de los recursos naturales del país y los desafíos contemporáneos para la producción de alimentos en contexto de crecimiento de la población mundial que tuvo en consideración el Congreso al momento de sancionar la ley, son ahora desconocidos por el Poder Ejecutivo a través de la derogación total del instrumento legal que le dio soporte, haciéndolo de forma permanente y con una fundamentación genérica”.

En conclusión, resolvieron que el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 fue dictado en trasgresión de las pautas del art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional; y, por lo tanto, cabía declarar la inconstitucionalidad de su art. 154, en cuanto deroga la ley 26.737.

Antecedentes

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Ley de tierras: declaran inconstitucional la derogación mediante DNU