La Cámara Federal de Casación Penal volvió a pronunciarse sobre los alcances de la denominada 'Ley de Inocencia Fiscal' y confirmó la aplicación retroactiva de los nuevos montos previstos en el Régimen Penal Tributario.

En la causa 'Martínez, Guillermo Javier s/recurso de casación', la Sala IV resolvió de forma unánime sobreseer al imputado al considerar que los importes atribuidos en concepto de evasión tributaria quedaron por debajo de los nuevos umbrales establecidos tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Inocencia Fiscal por la Ley 27799.

El contexto del caso y el cambio legislativo

El contribuyente se encontraba procesado por el presunto delito de evasión tributaria simple y agravada, vinculado al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2017 y al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos 2018 y 2019. Los montos cuestionados ascendían a $1.998.088,45 por Ganancias, y a $16.057.106 y $17.477.853,75 por el IVA, respectivamente.

Sin embargo, la Cámara destacó que, desde el 2 de enero de 2026, la Ley 27.799 elevó a $100 millones el monto mínimo para configurar el delito de evasión tributaria simple y a $1.000 millones para la evasión agravada por el monto evadido.

Bajo estos parámetros, el Tribunal determinó que los hechos investigados perdieron relevancia penal. Al quedar los montos cuestionados sustancialmente por debajo de los nuevos umbrales, la conducta devino atípica y dictó el consecuente sobreseimiento del contribuyente.

Los fundamentos de la Sala IV

El voto del doctor Mariano Hernán Borinsky remarcó que las impugnaciones deben resolverse según las circunstancias existentes al momento del fallo. En este sentido, recordó la consolidada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (precedentes 'Palero', 'Soler' y, centralmente, el fallo 'Vidal'), que determina que la modificación de los umbrales económicos incide directamente sobre la tipicidad de la conducta, obligando a aplicar retroactivamente la ley penal más benigna si el hecho pierde relevancia penal.

Asimismo, el magistrado destacó que la Ley 27799 no representa una mera actualización de importes, sino que implica un cambio en la política criminal en materia tributaria, al reservar la intervención del derecho penal para aquellos incumplimientos de mayor gravedad económica.

En igual sentido se pronunciaron los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, quienes coincidieron en que mantener la persecución penal en casos cuyos montos ya no alcanzan los nuevos parámetros legales conduciría a sancionar conductas que el propio legislador decidió excluir del ámbito penal.

De esta manera, la Sala IV hizo lugar al recurso de casación, revocó la decisión recurrida y dispuso el sobreseimiento del contribuyente, sin imposición de costas.

El pronunciamiento se suma a una serie de decisiones judiciales dictadas tras la entrada en vigencia de la ley 27799 y ratifica que los contribuyentes con procesos penales en trámite podrán invocar el principio de retroactividad de la ley penal más benigna cuando los montos involucrados no superen los nuevos límites previstos por el Régimen Penal Tributario.

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