Por: Sebastián N. Montenegro Correa

I - Introducción

En los últimos días hemos sido todos testigos de un suceso que ha tomado gran repercusión en la opinión pública, a pesar de ser un tópico quizás desconocido y que desde muchas provincias se lo considera ajeno a su realidad cotidiana, por no contar con glaciares en su territorio.

Sin embargo, mientras se podría creer que en Argentina los glaciares se limitan a las provincias que integran la Patagonia, la mitad de las provincias de nuestro país cuentan, en su territorio, con glaciares, contabilizando, dentro del espacio donde Argentina ejerce su soberanía, más de 14.500.

Considerando que un glaciar es una “masa de hielo acumulada en las zonas de las cordilleras por encima del límite de las nieves perpetuas y cuya parte inferior se desliza muy lentamente, como si fuese un río de hielo”, que el recurso hídrico es uno de los más valorados en todo el mundo -ya que “es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos”- y que nuestro país contiene una de la reservas más importantes de agua dulce de todo el planeta, cómo la Administración planea disponer de este recurso no es un asunto menor.

Es por ello que, en el presente trabajo, analizaremos los cambios que pretende realizar el Poder Ejecutivo de la Nación sobre la Ley Nº 26.639, atento al texto que fue enviado con firma del presidente de la Nación al Senado y que ya ha obtenido media sanción por parte de dicho órgano constitucional.

II - Breve historia de la normativa vigente

Culminando el tercer trimestre del año 2010, el Congreso de la Nación decidió sancionar la Ley Nº 26.639, bajo un título contundente: “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial”.

Integrada por 18 artículos, la citada norma sentó las bases de protección de los glaciares y su periferia, en concordancia, entre otras normas y principios, con lo establecido por normativa del derecho internacional de gran trascendencia, como el Convenio de Basilea y el Protocolo de Kioto, entre las más destacadas; y, a nivel local, con la Ley Nº 25.675[8], conocida como la “Ley de presupuestos mínimos para gestión sustentable”.

Bajo dicha premisa, la finalidad de la ley fue la de preservar los glaciares “como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público”.

Así entonces, bajo un objeto claro y loable, se plasmó en la norma qué actividades se consideraban prohibidas (como las industriales, de minería e hidrocarburos), se estipuló la realización de una evaluación de impacto ambiental para todas aquellas actividades no prohibidas, con algunas pequeñas excepciones (como las actividades de rescate, deportivas y científicas), se designaron autoridades competentes y de aplicación jurisdicción, se estipularon las distintas sanciones que podrían aplicarse a aquellas personas que violentar el plexo legal y se dedicó un artículo especial al sector que nuestro país posee en la Antártida, condicionando la aplicación de esta norma al Tratado Antártico y a su Protocolo de aplicación.

Además:

III - Proyectos de reforma

IV - Conclusión

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