En los autos “Villalón, Marcelo Matías c/Minera Santa Cruz S.A. s/despido”, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la procedencia de las indemnizaciones agravadas por empleo mal registrado, las que en la actualidad se encuentran derogadas por la llamada ”Ley de Bases'.

Recordemos que la Ley 27742, en sus artículos 99 y 100 derogó, en lo que aquí interesa, los artículos 8 a 17 de la Ley Nacional de Empleo, los artículos 43 a 48 de la Ley 25345 y la Ley 25323.

La empleadora demandada se agravió y sostuvo que no deberían aplicarse, en tanto la Ley de Bases las eliminó.

Fundamentos de la sentencia: ¿porqué proceden las indemnizaciones agravadas?

El Tribunal establece que las indemnizaciones agravadas en cuestión, no tienen naturaleza penal sino contractual. Y pretender aplicar la ley más benigna de naturaleza penal a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones contractuales de la parte empleadora, importaría desproteger a la parte más débil de la relación laboral, desconociendo y contrariando los fines y principios que inspiran el derecho laboral.

Más adelante, el fallo señala que “el incumplimiento de las partes, en el caso la empleadora, de alguna de las obligaciones que le impone el ordenamiento legal en el marco laboral no puede ser entendido sino como un incumplimiento contractual que, en ese caso, debe dar lugar a su reparación mediante los daños y perjuicios ocasionados (cfe. Art. 777 inc. c) y concs. Del CCyC), los que, en el caso de las normas derogadas, estaban tarifados por la propia ley”.

Y añade que “entender que el incumplimiento de una obligación contractual pueda dar lugar a una sanción de naturaleza penal, importaría desconocer que en materia penal el poder punitivo corresponde al monopolio del Estado”.

¿Multas o indemnizaciones?

El artículo 2 del CCyC prescribe en primer lugar que “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras...” y no cabe duda que en el caso de las normas derogadas el legislador, sin excepción, utilizó la palabra “indemnización”, por lo que no se puede interpretar que sean normas destinadas a establecer sanciones o penas sino, como lo indica el significado prístino de ese vocablo, el resarcimiento por un perjuicio sufrido por el trabajador.

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