Los jefes de los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados se reunieron el miércoles para consensuar estrategias de cara a la sesión especial del próximo 23 de agosto, en la que se analizarán modificaciones a la Ley de Alquileres.

Esta norma se aprobó a mediados de 2020, en plena pandemia, prevé contratos por tres años y actualizaciones anuales. Una de las principales críticas tiene que ver con su sistema de indexación -que se hace cada 12 meses- tomando como variables la inflación y la suba de los salarios.

El camino hacia el recinto: ¿habrá quórum?

Hay tres tipos de proyectos que se pondrán sobre la mesa: un dictamen de mayoría (del oficialismo), que propone retoques mínimos a la ley; el de minoría, de Juntos por el Cambio, que pretende reformar aspectos clave como la duración de los contratos y el régimen de actualización; y un pedido de derogación de la norma, pero que no tiene dictamen.

En principio, no está garantizado el quórum para la sesión. El oficialismo considera que corresponde darle un tratamiento 'serio' a las iniciativas y analizar los distintos escenarios posibles.

Dentro de la oposición, hay distintas posturas en Juntos por el Cambio: un sector mayoritario quiere una modificación de la ley; otro impulsa la derogación, pero para votarla no están los números porque al no tener dictamen se requiere dos tercios de los votos para habilitar el debate en el recinto.

El primer problema que deberá sortear la oposición es reunir el quórum de 129, al que llegarían justo y con casi asistencia perfecta de sus diputados y aliados. A esto habría que sumarle la presencia de tres legisladores de La Libertad Avanza, que también apoyaron el pedido de sesión.

Los proyectos en análisis

Si se habilita el debate, primero se analizará el dictamen de mayoría, que otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías y mantiene el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC (inflación) y RIPTE (salarios).

En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.

En caso de no aprobarse la propuesta de Unión por la Patria, pasará a analizarse el dictamen de minoría, que propone contratos por dos años y una actualización cada tres meses.

Sobre esta última iniciativa el plazo de ajuste fijado para los alquileres es cuestionado por algunos legisladores de JXC, mientras que en otros bloques estarían de acuerdo en establecer que las actualizaciones se hagan cada seis meses.

Para un grupo de legisladores el plazo de tres meses es muy corto, pero desde el PRO insisten en mantenerlo.

Agrega que, para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.

En caso de que los bloques no lleguen a un acuerdo para poder aprobar el dictamen de minoría, y si es que primero logran rechazar el del Frente de Todos, buscarán que -otra vez- se pongan en consideración los proyectos que directamente proponen derogar la Ley 27.551.

Pedido de las inmobiliarias

'La ley de Alquileres no se puede derogar, se tiene que tratar en el Congreso y modificar', lo aseguró Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria de la Argentina (CIA).

Y destacó que proponen 'que se actualice cada cuatro meses con el índice que establece el Banco Central que toma como referencia los salarios y la inflación y que se vuelva a los contratos cada dos años'.

“No hay dudas de que se va a discutir en el Congreso. Eso no significa que se vaya a aprobar. Para nosotros es fundamental que, en este contexto de incertidumbre, se ponga en agenda el tema', concluyó.

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