Por: Juan Pablo Ocaño

I - Introducción

El jueves 20 de febrero del corriente año, en el Honorable Senado de la Nación, bajo el número de expediente 18/24, se votó por unanimidad la norma denominada “Ley Antimafias” -L. 27786 (de organizaciones criminales)-. El proyecto de ley había sido enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, a iniciativas del Ministerio de Seguridad de la Nación, el cual pretende seguir criterios punitivos similares a los planteados en el Gobierno de El Salvador y la conocida “Ley Rico” de los Estados Unidos. El objetivo de la iniciativa es dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar los delitos de narcotráfico y el crimen organizado.

La normativa forma parte de un paquete de leyes que el Ministerio de Seguridad considera absolutamente necesario para resolver los problemas de inseguridad que aquejan nuestro país, tales como la ley de reiterancia y reincidencia, todo ello con fines de desactivar -según las palabras del propio Gobierno- la “puerta giratoria” de delincuentes en las cárceles de toda la región.

A modo introductorio, diremos que la “Ley Antimafias” persigue una finalidad legítima que coincide con la opinión pública de los ciudadanos, de manera que permitirá al Gobierno de turno obtener un evidente rédito político.

Ahora bien, la necesidad de resolver el problema de la inseguridad de ninguna manera puede implicar no reconocer garantías constitucionales y los principios rectores del derecho penal. Por eso, resulta necesario analizar la nueva ley desde un enfoque técnico-judicial-penal para evitar conclusiones desprovistas de objetividad.

En el abordaje de la nueva legislación, tampoco se pretende llegar a una conclusión cerrada, sino invitar a la reflexión sobre los posibles conflictos de aplicación que podría tener en la práctica judicial. A su vez, el análisis estará concentrado en aquellos artículos que, a nuestro criterio, tendrán cierto grado de conflicto al momento de su aplicabilidad, razón por la cual la interpretación que hagan los distintos operadores del derecho (magistrados, fiscales o defensas, entre otros) será determinante para lograr mantener el respeto por las garantías constitucionales y los límites al poder punitivo del Estado.

II - Ley antimafias

El primer conflicto de aplicabilidad puede identificarse en los artículos 1 y 2 de la ley. Para ello, debemos prestar especial atención a la técnica legislativa utilizada.

“Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación

Art. 1 - La presente ley tiene por objeto brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de tres (3) o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves.

Art. 2 - La presente ley es aplicable en los casos de la comisión de los delitos tipificados en las leyes 23737, 25188, 25246, 26683 y 27447, y sus respectivas modificatorias, y en los artículos 79, 80, 89, 90, 91, 92, 125, 126, 127, 128, 140, 141, 142, 142 bis, 145 bis, 145 ter, 146, 147, 164, 165, 166, 167, 167 bis, 168, 170, 189 bis, 259, 261, 265, 266, 267, 268, 268 (1), 268 (2), 277 y 279 del Código Penal, cuando cualquiera de ellos estuviere verosímilmente vinculado con una organización criminal”.

En este punto, el ámbito de aplicación de la ley resulta claro. Lo que llama poderosamente la atención, y traerá aparejados conflictos evidentes de aplicabilidad, es la redacción “cuando cualquiera de ellos estuviera verosímilmente vinculado a una organización criminal”.

Para evidenciar el problema, debemos analizar los distintos grados convictivos necesarios para avanzar en un proceso penal. En tal sentido, para elevar una causa a juicio, la doctrina y la jurisprudencia no revisten discusión, en cuanto a que es necesario acreditar la “probabilidad” de la existencia del hecho y la participación de los imputados. En este supuesto, la redacción de la norma, en principio, no impediría que los miembros de estas organizaciones criminales sean sometidos a un juicio abierto, oral y público.

Ahora bien, también la doctrina y la jurisprudencia resultan pacíficas al sostener que para dictar una sentencia condenatoria se necesita de una certeza positiva, grado convictivo sustancialmente diferente del requerido para elevar una causa a juicio y concluir la investigación penal preparatoria. La redacción “cuando cualquiera de ellos estuviere verosímilmente vinculado con una organización criminal” parece desconocer la necesidad de esta certeza necesaria para condenar, resultando evidente el conflicto de aplicabilidad.

Además:

III - Incorporación de los artpiculos 210 ter y quater
IV - Conclusión

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