La Cámara de Apelaciones del Trabajo consideró que existió relación de dependencia entre un trabajador que le facturó a una empresa durante 13 años, ya que no se acreditó que se tratase de un empresario autónomo.

En el caso “Pérez, Pablo Ariel c/Nephrology SA s/Despido”, el actor indicó que ingresó a laborar para la demandada el 1 de diciembre del 2002 manteniendo dicha relación “en negro” y que prestaba servicios de lunes a viernes de 9 a 18 horas realizando las tareas de mensajería.

Adujo que recibía órdenes del gerente administrativo y de las personas que trabajaban en tesorería, y que para percibir sus salarios facturaba por sus tareas mensualmente.

Luego señala que en el año 2014 fue despedido sin aviso previo, ya que se lo citó a una reunión con su jefe y un abogado de la firma amenazándolo que si no enviaba un telegrama de renuncia no le abonarían los salarios.

En su presentación, solicitó la nulidad de la renuncia, que se considere que existió un vínculo laboral y que se le abonen las indemnizaciones correspondientes al despido incausado.

En tanto, la demandada negó la existencia de subordinación técnica, jurídica y económica con el actor, y destacó que este es propietario de un emprendimiento unipersonal que se dedica a prestar servicios de mensajería con un vehículo de su propiedad para cualquiera que lo quiere contratar.

El juez de primera instancia rechazó la demanda porque consideró que la demandada había logrado revertir la presunción establecida por el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y probado que las tareas que realizaba el actor no constituían una relación laboral porque, entre otros motivos, las facturas emitidas por aquel no eran correlativas.

El reclamante apeló la sentencia. En su nuevo escrito, alegó que el juez a quo esgrimió argumentos erróneos, arbitrarios y falsos, dado que si observaba la pericia contable resultaba claro que la mayoría de las facturas presentadas eran correlativas.

Y afirmó que no es un elemento indispensable para la existencia de una relación laboral la exclusividad de prestación de tareas a un único empleador, ya que lo que determina la existencia o no de una relación laboral es que se verifiquen los tres requisitos que establece el derecho laboral, subordinación técnica, económica y jurídica.

Los integrantes de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Graciela Carambia y Néstor Rodríguez Brunengo, destacaron que los testigos presentados por la parte demandada afirmaron que el actor -durante varios años- realizó trabajos de mensajería y que uno de los gerentes era el encargado principal de darle instrucciones.

Asimismo, los magistrados también indicaron que el informe contable demostraba que el actor facturó en forma ininterrumpida desde el 18 de noviembre del 2001 hasta enero del 2014. Por ese motivo, consideraron que los elementos probatorios, analizados a la luz del principio de la sana crítica, indicaban que el accionante efectivamente trabajó en relación de dependencia con la demandada, toda vez que no se acreditó que no era un empresario autónomo.

En cuanto al monto de la condena, destacaron que la demandada acompañó el telegrama de renuncia y que el actor no acercó ningún elemento que demuestre la existencia de vicios de la voluntad en ese acto, por lo que esta tuvo efectos jurídicos válidos.

De esta manera, entendieron que no eran procedentes los rubros en conceptos de indemnización por antigüedad, preaviso, el recargo previsto en los arts. 1 y 2 de la ley 25323, y que solo debían abonarse las vacaciones proporcionales y SAC proporcional.

En el artículo “La relación de dependencia y la locación de servicios. Los tradicionales adversarios en la fractura jurídica y social”, publicado en Erreius online, Claudio Aquino explica que “esa temática apareja posiciones técnicas, científicas y hasta de idiosincrasia cultural inocultablemente antagónicas, lo que direcciona a la delicada tarea de delimitar los alcances protectorios del derecho del trabajo”.

Para el especialista, existe la imperiosa necesidad de evaluar razonablemente cada caso concreto.

“La legislación argentina, investigadores, juristas y hombres de derecho en general, debiéramos comenzar a evaluar, evitando rutinarias procrastinaciones, un nuevo esquema que contemple -estatutariamente y con normativa especial- la situación de los llamados profesionales autónomos o liberales que desarrollen labores y/o prestaciones bajo circunstancias de subordinación o dependencia económica, dadas las necesidades de los ingresos hacia sus respectivos patrimonios, y especialmente cuando, aun mediando independencia técnica, los servicios efectuados sean dirigidos por quienes los utilizan en su beneficio y con matices lucrativos”, indicó Aquino.

“En lo que atañe a los perfiles jurígenos del dato presuncional que se predica desde la norma inserta en el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo, aparece natural que para que la presunción legal que admite prueba en contrario obtenga acabada operatividad, deberá ser puntualmente corroborada con suficiente investigación, mediante la acreditación del antecedente fáctico que conduzca hacia la detección de la realización de servicios, obras o tareas en grado de subordinación”, concluye.

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Fuente Erreius

Le facturó a una empresa durante 13 años y para los jueces existe relación de dependencia