Escribanos, contadores públicos y otros Sujetos Obligados deben presentar ante la Unidad de Información Financiera, por primera vez, el informe de un Revisor Externo Independiente (REI) sobre su sistema de prevención de lavado de activos. Qué se evalúa, cómo se designa al REI y las reglas propias de algunos Sujetos Obligados.

El 31 de agosto de 2026 vence el plazo para presentar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) el informe del revisor externo independiente (REI). La fecha cierra el primer ciclo del esquema que el organismo montó entre 2023 y 2024, cuando reemplazó las viejas resoluciones sectoriales por normas construidas sobre el enfoque basado en riesgo. Para escribanos, contadores públicos, algunas entidades no financieras y corredores inmobiliarios se trata del primer informe de esta clase que la normativa les exige, desde que fueron incorporados como sujetos obligados. Emisores de tarjetas, proveedores de servicios de cobros y pagos y proveedores no financieros de crédito comparten la fecha, aunque quienes ya estaban inscriptos venían cumpliendo la revisión bajo el régimen anterior de la Res. UIF 76/2019.

Qué se evalúa

La revisión externa independiente es una evaluación del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo del sujeto obligado, realizada por un tercero ajeno a la organización. Su objeto comprende las políticas, el manual, los procedimientos de conocimiento del cliente, la matriz de riesgos, el esquema de alertas, la capacitación y el circuito de detección y reporte de operaciones sospechosas. El REI debe pronunciarse sobre la calidad y la efectividad de ese sistema, lo que en la práctica significa verificar si las alertas se disparan, si los legajos están actualizados según el riesgo asignado a cada cliente, si las operaciones inusuales quedaron registradas y analizadas y si las debilidades detectadas con anterioridad fueron corregidas.

El informe debe identificar deficiencias, describir las mejoras a aplicar y fijar plazos de implementación. A partir de la Res. UIF 132/2024 el revisor debe además calificar al sistema en una escala de cuatro posiciones, adecuado, adecuado con necesidad de mejora, inadecuado o fuera de alcance. Esa calificación queda en poder de la UIF, que puede pedir aclaraciones, con una precisión expresa en la norma: la falta de observación del organismo carece de efecto convalidatorio.

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El REI lo propone el sujeto obligado

La designación tramita ante el organismo. Es el propio sujeto obligado quien propone al revisor ante la UIF, o quien valida su inscripción cuando ya figura dado de alta, a través del módulo REI del sistema. El revisor debe estar inscripto en el registro público creado por la Res. UIF 67/2017 y reformulado por la 132/2024 (BO 26/08/2024), que exige idoneidad acreditada, capacitación específica en la materia, y la declaración de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses. El sujeto obligado conserva el legajo del revisor por cinco años.

Los contadores públicos

Los contadores públicos se rigen por la Res. UIF 42/2024 (BO 18/03/2024). La norma divide las Actividades Específicas en dos apartados.

El primero comprende la compraventa de inmuebles por encima de 700 salarios mínimos, la administración de bienes y activos por encima de 150, la administración de cuentas bancarias, de ahorro o de valores por encima de 50, y la organización, creación, operación o administración de sociedades y estructuras jurídicas, incluida la compraventa de participaciones.

El segundo comprende la auditoría de estados contables conforme la Res. UIF Técnica 37 de la FACPCE, prestada a sujetos obligados o a entes con ingresos ordinarios desde 4.000 salarios mínimos.

La revisión externa alcanza exclusivamente a quienes realizan actividades del primer apartado. El contador que interviene solo como auditor externo de estados contables queda al margen. La razón consta en los considerandos de la Res. UIF: los representantes del sector plantearon que el auditor revisa e informa sobre datos elaborados por terceros sin ejecutar operaciones que puedan ser vehículo de lavado, y que las normas profesionales ya lo obligan a trabajar con enfoque de riesgo. La UIF aceptó el argumento.

Fechas y sanciones

La revisión es bienal y debe comunicarse dentro de los ciento veinte días corridos contados desde el vencimiento del plazo de la autoevaluación de riesgos. Para este primer ciclo las resoluciones fijaron las fechas de manera expresa: la autoevaluación venció el 30 de abril de 2026 y el informe del REI vence el 31 de agosto, y ambos deben contemplar los períodos 2024 y 2025 (con excepción de aquellos sujetos obligados que hayan tenido resoluciones vigentes a partir del último período anual).

Los escribanos disponen, además, de una vía alternativa. La Res. UIF 242/2023 permite prescindir de la revisión externa independiente cuando el sujeto obligado acredite haber sido objeto de una auditoría del colegio profesional de su jurisdicción que haya contemplado la evaluación del sistema de prevención de LA/FT. En ese supuesto se remite a la UIF el informe respectivo, limitado a lo concerniente al sistema preventivo examinado, con la misma periodicidad bienal. Para este caso, la auditoría colegial debe haber abarcado efectivamente el sistema preventivo, de modo que una inspección circunscripta al protocolo o a cuestiones registrales deja al escribano dentro del régimen general. La acreditación de cumplimiento corre por cuenta del escribano y el vencimiento del 31 de agosto rige igual que para los demás Sujetos Obligados, con lo cual quien descansa en una auditoría colegial que no se realice, estará incumpliendo con la obligación.

Los abogados, por su parte, quedaron fuera de la fecha por una decisión de último momento. La Res. UIF 90/2026, vigente desde el 31 de julio, suspendió el inciso ii) del art. 29 de la Res. UIF 48/2024, que fijaba para ellos el mismo vencimiento, hasta que el organismo establezca expresamente un nuevo plazo y las condiciones de presentación del primer informe. La medida opera sobre el cronograma y deja intacta la obligación sustantiva del art. 11, junto con los demás deberes del régimen. La propia norma lo aclara al exigir que los alcanzados conserven la documentación y los registros de los períodos 2024 y 2025, que son los que examinará el revisor cuando el plazo se reactive.

El incumplimiento de la obligación bajo análisis activa el régimen sancionatorio del Capítulo IV de la Ley 25.246. Las infracciones se sancionan con multas de quince a dos mil quinientos módulos por cada incumplimiento. Con el valor del módulo fijado en 54.140 pesos por la Res. UIF 95/2025, la escala va de unos 812.000 pesos a 135 millones.

Cumplimiento internacional

El organismo que fija los estándares en la materia es el GAFI, un cuerpo intergubernamental creado en 1989 por iniciativa del G7, con secretaría alojada administrativamente en la sede de la OCDE en París, aunque se trata de organizaciones separadas. Sus Recomendaciones 22 y 23 extienden los deberes de debida diligencia y reporte a las profesiones no financieras designadas. En octubre de 2024 Argentina aprobó la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua y evitó la lista gris, sobre el compromiso de que el sistema preventivo funcione en los hechos. El informe del REI es de los pocos instrumentos con los que la UIF puede medir eso sin desplegar una inspección.

Los Sujetos Obligados deben confirmar si sus actividades encuadran en el supuesto de presentación del informe, dar de alta al revisor antes de que empiece a trabajar y reunir la evidencia documental de 2024 y 2025, que es sobre lo que el revisor va a trabajar.

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