Por Daniel Schurjin Almenar

Codirector de Temas de Derecho Penal y Procesal Penal

I - INTRODUCCIÓN

Como integrante del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), nuestro país inició en setiembre de 2023 una examinación frente al Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de prevención y represión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), que se inscribe en un procedimiento de evaluación mutua -entre pares-, que consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para poder instituir sistemas de prevención de LA/FT.

Los resultados, que estarán en octubre de este año, dependerán crucialmente de la demostración, por parte de nuestra Nación, del cumplimiento técnico y de la efectividad de estándares internacionales que el GAFI/GAFILAT tiene fijados. Su testeo se está desarrollando en el marco de una visita in situ que un equipo de evaluadores despliega en la Argentina entre el 6 y el 26 de marzo de 2024.

No es fortuito, entonces, que en medio de ese delicado contexto de comprobación haya tenido lugar la sanción de la ley 27739, por la cual se introdujeron cambios en la letra del Código Penal en materia de terrorismo (art. 41 quinquies), lavado de activos de origen ilícito (art. 303) y financiamiento de la actividad terrorista (art. 306).

Las modificaciones también se hicieron extensivas a segmentos de la ley 25246, que originalmente reguló cuanto atañe al LA/FT, a la Unidad de Información Financiera (UIF), al deber de brindar información que pesa sobre determinado sujetos clave y al régimen administrativo sancionatorio.

A su vez, la normativa emitida innova mediante la creación de un Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, lo cual tiende a conformar la Recomendación 24 del GAFI, y por otra parte, de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), atendiendo así a las innovaciones que desde hace tiempo vienen impactado en el derecho (penal) económico por medio de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).

En este punto, la normativa define a los activos virtuales como la representación digital de valor que se puede comercializar y/o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones, sin que en caso alguno pueda entenderse como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional y las monedas emitidas por otros países o jurisdicciones (moneda fiduciaria).

II - REFORMA DEL ARTÍCULO 41 QUINQUIES DEL CÓDIGO PENAL

Los cambios normativos introducidos por la ley 27739 se inician con la reforma de la agravante específica vinculada a la comisión de actos terroristas que prevé el artículo 41 quinquies del Código Penal.

En la versión previa a la ley 27739 la agravante había sido objeto de críticas debido a su vaguedad en cuanto a su aplicación, por la falta de claridad sobre cómo se determinaría el grado o nivel de terror de la población y cómo se aplicaría la agravante en casos de legítimo ejercicio de derechos humanos, lo que podría afectar las libertades de prensa y expresión.

Las modificaciones, que prácticamente no se han apartado de la letra del proyecto de ley que las impulsó, procuran ampliar el alcance de la agravante para incluir delitos previstos en leyes especiales e instrumentos internacionales que no estaban contemplados en la anterior redacción.

Dentro de un cúmulo de conceptualizaciones que la ley 27739 traza en su segundo capítulo, se define al acto terrorista como aquel que constituye un delito previsto en el Código Penal, en leyes especiales y en las leyes que incorporen tipos penales dispuestos en convenciones internacionales vigentes en la República Argentina y cualquier otro acto que se ejecutare con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros, o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo (art. 4 bis, en el Cap. II de la L. 25246).

Y además:

III - REFORMAS EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS

IV - CAMBIOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

V - MODIFICACIONES RESPECTO DE LA UIF

VI - OBSERVACIONES FINALES

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Este artículo forma parte de la publicación “Temas de Derecho Penal y Procesal Penal” de Erreius, exclusivo para suscriptores

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Lavado de activos de origen ilícito: primeras aproximaciones a la Ley 27739