Por: Juan I. Recio

I - El cambio de paradigma societario

La resolución general 15/2024, sancionada por la Inspección General de Justicia el pasado 15 de julio (BO: 16/7/2024), no es solo una reforma integral de las normas del organismo, sino un giro copernicano en su filosofía en materia de fiscalización y de reglamentación societaria de los actos sujetos a inscripción.

Recordemos que las normas precedentes de la resolución general (IGJ) 7/2015 fueron una adecuación de las disposiciones precedentes a las reformas introducidas por la ley 26994 en la ley 19550 y las que fueron consecuencia de la implementación del Código Civil y Comercial de la Nación. Hasta ese momento regía la resolución general (IGJ) 7/2005, que había condensado en el cuerpo reglamentario las resoluciones generales dictadas desde 2003 en materia de sociedades constituidas en el extranjero, capital y objeto social, pluralidad sustancial, etc.

En esas normas subyacía una visión institucionalista del derecho societario que considera que existen en esta materia normas de orden público y que el registro mercantil debe asumir facultades de control y reglamentación que exceden de los aspectos formales de los actos sujetos a registración, sino que abarcan también cuestiones relacionas a una vocación de prevenir fraudes a terceros y de proteger derechos de los socios minoritarios.

El organismo tuvo una política de corte intervencionista desde 2003, con algunas intermitencias parciales en el período 2016/2019. Así, se controló que las sociedades cumplan con la “pluralidad sustancial”; se requirieron capitales por sobre los mínimos legales; se impuso la obligatoriedad de la prima de emisión en los aumentos de capital; se requirió a las sociedades constituidas en el extranjero acreditar activos en el exterior; se prohibió la constitución de sociedades con objeto múltiple; se limitó el plazo de duración a treinta años cuando no existe máximo legal; se impuso la publicación de avisos en la cesión de cuotas de sociedades de responsabilidad limitada, la cual no es requerida por el artículo 10 de la LGS; se reglamentó a las sociedades por acciones simplificadas de un modo que desnaturalizaba totalmente a este tipo social y desalentaba su constitución, etc.

Las nuevas normas adoptan una filosofía diametralmente opuesta, posicionándose en una visión liberal y mucho más actual del derecho societario, en la que la fiscalización de los actos sujetos a inscripción se limita a la verificación del cumplimiento de los recaudos legales y se eliminan diversas reglamentaciones que incorporaban interpretaciones controversiales sobre los alcances de la ley de fondo.

Así se explicitan los objetivos en los considerandos de la resolución general (IGJ) 15/2024:

“la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden el normal desarrollo y desenvolvimiento de las empresas, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción de nuestro país en el comercio mundial”;
- “resulta imprescindible facilitar tanto la operatoria económica y jurídica de las sociedades”;
“la simplificación de los trámites administrativos ante los organismos públicos es un tema de vital importancia en la gestión de cualquier administración moderna”;
“mediante la presente resolución general se aprobará un nuevo cuerpo normativo, que refleje el contenido, el espíritu y los objetivos perseguidos por los fundadores de la República, expresados en la Constitución Nacional y vinculados con las garantías consagradas en los artículos 14, 17, 18 y 19 y concordantes de ese cuerpo normativo, en un ámbito democrático y con respeto del principio de legalidad, de reserva legal y de jerarquía de las normas involucradas”.

En suma, se pasa del paradigma “institucional” o “publicista” a uno “contractual”, “privatista”, “neoliberal” o “globalizador”, en el que prima la libertad de las partes y la sociedad es un instrumento para reducir los costos de transacción en los negocios, debiendo el derecho intervenir mínimamente. El paradigma “humanista” ya había sido abandonado con la resolución general (IGJ) 13/2024, que derogó las normas que requerían la paridad de género en los órganos societarios [RG (IGJ) 34/2020, 35/2020, 42/2020 y 12/2021].

Este cambio de visión tiene importantes reflejos en diversas regulaciones sobre las variaciones del capital.

Además:

II - Admisión del aporte de activos virtuales
III - Los aportes irrevocables a plazo indeterminado
IV - Eliminación de la obligatoriedad de la prima de emisión
V - Bienvenida a la operación acordeón
VI - Una sociedad inhibida podrá reducir su capital
VII - Conclusiones

Este artículo forma parte de la publicación 'Doctrina Societaria y Concursal (DSCE)', exclusivo para suscriptores de Errepar

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