El decreto 349/2018 promulgó la ley 27436 que castiga la simple tenencia de material pornográfico infantil, esto es 'toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales'.

El nuevo texto de la norma establece que será sancionado con penas de prisión de tres a seis años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio pornografía infantil. A diferencia de la anterior escala penal que era de seis meses a cuatro años. Además se reprime con prisión de cuatro meses a un año el que tenga en su poder “representaciones de las descriptas en el párrafo anterior”, y entre seis meses a dos años para quien tenga material “con fines inequívocos de distribución o comercialización”. En este último caso, la sanción también aumentó pero sólo en el mínimo, ya que en el pasado era de cuatro meses a dos años.

En el Suplemento Especial sobre Cibercrimen y Delitos Informáticos, la fiscal Daniela Dupuy a cargo de la fiscalía especializada en Delitos Informáticos de CABA dice: 'En poco tiempo, la figura del vendedor de pornografía infantil fue sustituida por la de consumidores que se asocian sin ánimo de lucro, bajando, subiendo y facilitando cantidad de archivos de contenido pornográfico infantil rápidamente y ayudados por las técnicas avanzadas de la tecnología -red peer to peer'. Y agrega: 'Hoy la situación es incontrolable y es fundamental abordar la problemática desde la prevención, correcta legislación y sin dejar de observar el tratamiento en otros países, pues una de las características fundamentales de los delitos que se llevan a cabo en entornos digitales es la transnacionalidad.'

En el último párrafo del artículo se disponen penas de prisión de un mes a tres años para quien facilite el ingreso a espectáculos pornográficos o entregue pornografía de menores de 14 años. Este supuesto es el único que se mantiene igual.

El 21 de marzo del 2018, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por voto unánime la modificación. El proyecto contó con el respaldo de 211 diputados, ningún voto negativo y dos abstenciones. Durante el debate, la diputada radical Gabriela Burgos, Presidenta de la comisión de Legislación Penal, manifestó: “El que tiene pornografía infantil es un pedófilo, es el paso previo para la materialización del abuso, no tenemos que tener miedo de decirlo”. A su vez, explicó que en Argentina 'hay un negocio con ganancias de 250 millones de pesos anuales' en torno a dicho material.

La reforma del artículo 128 del Código Penal de la Nación había sido impulsada por los senadores de Cambiemos Julio Cobos y Federico Pinedo. La Cámara Alta había aprobado la norma en noviembre de 2017.

Fuente Erreius

La tenencia de pornografía infantil es un delito incorporado al art. 128 Código Penal