La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó una sentencia de primera instancia que consideró ajustado a derecho el despido indirecto en el que se colocó una trabajadora, ante el silencio de la demandada a la intimación que le cursó para que se corrijan defectos registrales en cuanto a su fecha de ingreso, categoría laboral, jornada de trabajo y remuneración.

Además, los magistrados de la segunda instancia indicaron que la responsabilidad solidaria por fraude laboral se extiende a todos los incumplimientos laborables y no solamente a los que tengan relación directa con la defectuosa registración.

En la causa “Vonutti, Jesica Yanina c/Corrientes Esquina Maipú S.A. y otro s/despido”, la sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda, pero ambas partes decidieron apelar.

La empresa cuestionó que se considere válido el despido indirecto en que se colocó su empleada, y la procedencia de las multas de los artículos 9 y 15 de la Ley 24.013 y del artículo 2 de la Ley 25.323.

Mientras tanto, la actora se quejó por el rechazo de diferencias salariales, la base salarial fijada a los fines del cálculo de los rubros de condena, y que se haya desestimado el pedido de la extensión de la responsabilidad del pago de la sentencia en forma solidaria de la codemandada D. C. J.

Tras considerar ajustado a derecho el despido en que se colocó la empleada, los magistrados comenzaron a analizar los otros puntos de la queja.

Sobre las multas previstas en la Ley 24.013, explicaron que la empleadora se limitó a sostener que el despido operó con anterioridad a la intimación cursada por la trabajadora, a fin de que se subsanen los defectos registrales y, asimismo, señala que tampoco quedaron demostradas. Pero los camaristas entendieron que ello no fue así y confirmaron, en este punto, la decisión de primera instancia.

En cuanto a la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323, indicaron que la actora intimó fehacientemente a la empleadora, obligándola a iniciar una acción judicial a fin de que se le reconozca su derecho -y consecuente percepción de lo que le era debido- y, por ende, satisfacer su crédito, presupuesto fáctico que tipifica la aplicabilidad de esa norma.

De esta manera, ratificaron su procedencia, ya que “la finalidad de dicha norma es la de evitar que el trabajador tenga que iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa -como es el reclamo ante el SECLO- para la percepción de las indemnizaciones legales correspondientes”.

En cuanto a la extensión de la condena solicitada por la actora, el juez Mario Fera, quien realizó el primer voto, indicó que si bien él reiteradamente sostuvo que resulta razonable establecer y limitar la responsabilidad de las personas físicas atendiendo al nexo de causalidad entre la conducta asumida por esta y los daños específicos causados como consecuencia de las irregularidades registrales verificadas, en este caso la medida de la responsabilidad solidaria debe ser total, pues el fraude laboral -incorrecta registración de la fecha de ingreso y la jornada de trabajo- se extiende a todos los incumplimientos laborables y no solamente a los que tengan relación directa con la defectuosa registración.

En dicha inteligencia, consideraron que debía modificarse en este aspecto la sentencia dictada en la anterior instancia y extendieron la solidaridad de la totalidad del monto de la condena a la presidenta de la firma.

En el artículo “Solidaridad de contratistas, intermediarios y administradores en materia de registro laboral”, publicado en Erreius online, Héctor J. Scotti y Diana Dubra explicaron que “es evidente que los deudores coobligados solidarios a texto expreso de la ley no lo son respecto del deber de registrar, pero sí deben asumir su responsabilidad solidaria frente al incumplimiento de ese deber u obligación de hacer con el registro por parte del verdadero empleador”.

“Allí es donde finca realmente la solidaridad, la responsabilidad económica ante el incumplimiento del verdadero obligado, tanto en lo que respecta al trabajador como a los organismos de la Seguridad Social, en caso de evasión o retención de aportes y contribuciones”, agregaron.

Por tal motivo, tanto el trabajador en cuestión como los organismos de la seguridad social tienen la opción de reclamar las correspondientes indemnizaciones a todos los deudores solidarios (empleador verdadero o deudor vicario), o bien, a uno cualquiera de ellos. “Obviamente, sin perjuicio de las acciones por repetición que podrían entablar entre sí los solidariamente obligados”, agregan los especialistas.

En cuanto al contenido de la reclamación, explicaron que quienes resultan solidariamente responsables deben afrontar tanto el pago de las indemnizaciones que pudieran corresponder en caso de despido, salarios, sueldos anuales complementarios, vacaciones no gozadas o diferencias salariales o vacaciones adeudados, como también la totalidad de las indemnizaciones agravadas o multas previstas a favor del trabajador en las distintas previsiones legales (por ejemplo multas de la Ley 24.013 o incrementos de los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323), etc.

La responsabilidad solidaria por fraude se extiende a todos los incumplimientos laborales