I - INTRODUCCIÓN

¿Cuál es el denominador común que tienen el barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad de Dacca en Bangladesh y Tánger en Marruecos? En todas esas ciudades -por citar algunos ejemplos- ocurrieron hechos relacionados a la trata de personas con fines de explotación laboral. Es que, en dichos lugares en los años 2006, 2013 y 2021, respectivamente, se produjeron catástrofes -todas de ellas evitables- en las que personas en situaciones de vulnerabilidad perdieron sus vidas, destacándose un mismo denominador común: todas ocurrieron en talleres clandestinos.

El presente trabajo tiene por objeto efectuar una mirada sobre el delito de trata de personas, en la modalidad explotación con fines laborales, y la relación que existe entre dicha figura y la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas.

Es que la explotación de personas es un grave malévolo delito que contradice los principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional, ya que atenta contra la vida, la libertad y la dignidad. En otras palabras, ataca la esencia del ser humano.

Al respecto, el Papa Francisco destacó lo siguiente: 'Nuestra época ha sido testigo de un incremento del individualismo y el egocentrismo, actitudes que tienden a considerar a los demás desde una perspectiva puramente utilitaria, atribuyéndoles un valor que se determina según criterios de conveniencia y beneficio personal. Se trata esencialmente de esa tendencia a la mercantilización del otro, que he denunciado repetidamente. La trata de seres humanos es una de las manifestaciones más dramáticas de esta mercantilización. En sus múltiples formas, constituye una llaga ‘en el cuerpo de la humanidad contemporánea’, una llaga profunda en la humanidad de quienes la padecen y de quienes la llevan a cabo. La trata, en efecto, desfigura la humanidad de la víctima, ofendiendo su libertad y su dignidad”.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo señala que la definición de trabajo forzoso abarca las prácticas tradicionales del trabajo forzoso, por ejemplo, las secuelas de la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud y las diversas formas de servidumbre por deudas, así como las nuevas formas de trabajo forzoso que han hecho su aparición en décadas recientes, tales como la trata de personas, también llamada 'esclavitud-moderna', para echar luz sobre condiciones de vida y trabajo que son contrarias a la dignidad humana.

Cabe resaltar que el ser humano explotado es considerado un mero medio para obtener un rédito económico y que el motivo de su reducción es esencialmente el lucro. En consecuencia, es posible afirmar que si recuperamos la ganancia terminamos el negocio de la esclavitud.

Sin embargo, considero que para una efectiva lucha contra este tipo de delito, que sin duda representa la esclavitud del siglo XXI, los Estados deben articular todos sus recursos y adecuar su normativa para que ningún eslabón de la cadena quede sin ser juzgado ni eximido de responsabilidad penal por su obrar, que no es otro que intentar maximizar sus ganancias utilizando como medio a seres humanos, denigrándolos a simples objetos sin derechos y aprovechándose de las distintas circunstancias de sus vidas personales, que les generó que se vieran obligados a aceptar trabajar en condiciones por demás indignas para lograr su subsistencia y la de los suyos.

En esa dirección, corresponde recordar que el delito de trata de personas es un delito grave que el Estado Argentino se comprometió a combatir a partir de la ratificación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños. Este instrumento jurídico complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional celebrada en la ciudad de Palermo (Italia) en el año 2000 -de allí que se lo conoce como el “Protocolo de Palermo”-, que impone investigar y sancionar “la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo organizado” [art. 1, inc. b)].

En efecto, debe ponerse de relieve que la demanda de esclavización de los seres humanos proviene de los escalones más altos en la cadena de producción y beneficios, y es aquí hacia donde también se deben dirigir las investigaciones judiciales para alcanzar eficazmente el objetivo constitucional de erradicar el delito de trata de personas.

Por este motivo, y ante la frecuente aparición de talleres clandestinos, estimo prudente efectuar un análisis en lo que respecta a si existe responsabilidad jurídica de las empresas que contratan, en forma directa o a través de un intermediario, a talleres que no cumplen con la normativa vigente por el mero hecho de abaratar sus costos de producción y maximizar sus ganancias.

Ello, a sabiendas de que efectivamente esos lugares de trabajo funcionan de manera irregular, sin cumplir la normativa laboral o de salubridad vigente, y sin embargo, con el claro objetivo de obtener mayor rédito económico, los siguen contratando, o simplemente advierten que los costos de producción ofrecidos por determinados talleres son llamativamente menores a los del mercado. Y, pese al conocimiento específico que poseen en la materia que desarrollan, deciden igualmente contratarlos aunque exista una rayana posibilidad de que se estuviera perpetrando la explotación laboral humana, o en otras palabras, que allí se estuviese cometiendo el delito de trata de personas.

Es que es claro que con su accionar aumenta considerablemente el riesgo de producción de ese resultado, esto es, la presunta existencia de explotación laboral en los talleres en los que se fabrica el producto a vender -generalmente indumentaria textil-.

Entonces, la pregunta que aparece -y que dio origen al presente trabajo- es: ¿El Estado argentino realmente efectúa todas políticas públicas a su alcance para combatir, sancionar y erradicar el crimen organizado en todos los eslabones de la organización criminal, en este caso la trata laboral?

Muchas marcas de indumentaria se nutren de talleres textiles con trabajo esclavo

Desde mi humilde perspectiva, considero que el análisis de las diferentes responsabilidades, teniendo en cuenta las particulares circunstancias de cada caso, necesariamente debe abarcar desde la persona que se encuentra a cargo de los sujetos que son hallados dentro de los talleres clandestinos al practicarse un allanamiento que, generalmente, da inicio a la causa penal, o que constata los hechos previamente denunciados, los propietarios y/o inquilinos del inmueble en el que funciona el taller, los directivos de las empresas que contrataron el lugar para que les produzca su mercancía -generalmente indumentaria textil- y, por qué no, la empresa como persona jurídica privada.

Es que, para erradicar este tipo de delitos, las investigaciones tienen que ser abordadas desde la óptica de un delito de crimen organizado, buscando intentar elevar el horizonte de las imputaciones para no quedarse en los eslabones más bajos de la organización criminal, sino direccionar la investigación en aras de identificar y juzgar a los verdaderos beneficiarios de este tipo de maniobras.

Apoya tal tesitura el análisis estadístico efectuado por el Ministerio Público Fiscal en el informe denominado “Trata laboral en Argentina. El tratamiento judicial de los casos en el Fuero Federal”, en el que mencionan que “se ha advertido que la imputación permanece dirigida hacia las cadenas más débiles de la explotación laboral. Los imputados de estos casos son, como vimos, en la mayor parte de los casos los mismos connacionales, presumiblemente provenientes de experiencias pasadas de explotación. Se necesita seguir reforzando una perspectiva de política criminal que apunte a personas (físicas y jurídicas) que se benefician de la mayor porción de ganancias en este mercado ilegal. La experiencia cotidiana de trabajo indica que la Justicia está comenzando a identificar a otros responsables de la trata laboral, como las marcas de indumentaria que se nutren de talleres textiles con trabajo esclavo, o los grandes productores agropecuarios o multinacionales de este rubro que también echan mano a la explotación de seres humanos”.

Y además:

II - INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CASOS DE TRATA LABORAL

III - LEY DE TRATA DE PERSONAS, SUS MODIFICACIONES Y SU RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

IV - LEY DE CONTRATO DE TRABAJO Y NORMAS AFINES

V - LEGISLACIÓN COMPARADA EN LO QUE HACE A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN

VI - PALABRAS FINALES

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La responsabilidad penal de la persona jurídica en el delito de trata laboral