Por: Álvaro B. Flores

Abogado. Especialista en Derecho Administrativo y Contrataciones del Estado

I - INTRODUCCIÓN. APLICABILIDAD DE LA LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DEL ESTADO (SAE)

Entre las múltiples inquietudes que ofrece la reciente unificación del régimen jurídico de las empresas públicas en Argentina, de acuerdo a la derogación realizada por el DNU 70/2023 (conf. arts. 36, 37 y 40), y su próxima transformación de las entidades empresariales públicas en sociedades anónimas (conf. art. 48, DNU 70/2023), se encuentra la relativa a la eventual aplicación a su respecto, o no, del instituto de la quiebra. Aprovechando la ocasión, se ensayarán algunas reflexiones sobre la temática; principalmente, con relación a las eventuales incidencias en el campo del derecho público.

La eventual admisión de aquella aplicación importaría un cambio sustancial, atento a que, si se repara en el extinto régimen de sociedades del Estado (conf. L. 20705), expresamente se establecía la imposibilidad de que aquellas puedan ser declaradas en quiebra (conf. art. 5), siendo aquella una de las excepciones que no se hallaban expresamente contempladas en la legislación de concursos y quiebras.

El punto de partida para examinar la cuestión se halla en el tercer párrafo del artículo 48 del DNU 70/2023, el cual establece que “...las sociedades anónimas transformadas estarán sujetas a todos los efectos a las prescripciones de la ley general de sociedades 19550, t.o. 1984 y sus modificatorias en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna”.

A partir de la transformación ordenada por la normativa vigente, a efectos exclusivamente propedéuticos, para este trabajo, serán entendidas como SAE aquellas empresas que fueran convertidas en una sociedad anónima, en las cuales el Estado retenga una participación total o mayoritaria. Del mismo modo, bajo esta denominación, serán incluidas aquellas sociedades anónimas que el Estado ha ido sucesivamente creando bajo el amparo de la ley general de sociedades -LGS-, amén de la participación total o mayoritaria del Estado. Entre ellas, podemos mencionar a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina Sociedad Anónima, o Belgrano Cargas y Logística.

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Las SAE parten de una premisa que sería extraña a la lógica adoptada por la LGS, en cuanto a que, al igual que lo que ocurre con las extintas sociedades del Estado, se presenta el supuesto en el cual el Estado -en sentido lato- asume la titularidad del total del paquete accionario de la sociedad. Su funcionamiento y organización va a estar sujeto, en primer lugar, a la normativa que determine su creación. Siguiendo la tónica de las también extintas SAPEM, existirá una aplicación más intensa del régimen de la LGS, sin las limitaciones que la normativa citada les propende a las SAPEM.

Sobre esta especie de sociedades, la Procuración del Tesoro de la Nación destacó que “...aun tratándose de entidades predominantemente regidas por el derecho privado, deben considerarse de aplicación a su respecto ciertas normas y principios de derecho público no incompatibles con las finalidades de su creación ... Es que -aun con el más amplio grado de descentralización- en última instancia integran la organización administrativa del Estado; cuando se trata de entidades del Estado constituidas bajo forma jurídica privada se impone la superación de la personalidad del ente frente a la realidad estatal de la propiedad, el gobierno y dirección de la entidad”. Tal posición, a su vez, ha sido receptada por la Corte Suprema de la Nación.

Sin embargo, también se ha señalado que precisó que “...la relación entre la Administración Pública y las sociedades privadas por ella creadas no es de tipo orgánico, sino que se explica como cualquier relación entre un propietario y la cosa que le pertenece ... Estas sociedades no son el Estado, sino que son propiedad del mismo”.

En este contexto, el régimen de sociedades vigente -en su cuerpo normativo- no establece ninguna cuestión al respecto, siendo tales aspectos regulados por la ley 24522 relativa al régimen de concursos y quiebras. Solamente, como aspecto genérico, se prevé que la declaración de quiebra es una de las causales de disolución de una sociedad [conf. art. 94, inc. 6), LGS]. Vale recordar que la sanción de este tipo de cuerpos normativos -ref. las leyes concursales- es una atribución inherente y privativa del Congreso de la Nación [conf. art. 75, inc. 12), CN].

Y además:
II - RECAUDOS PARA LA SOLICITUD Y DECLARACIÓN DE QUIEBRA DE LAS SAE
III - EFECTOS DE LA QUIEBRA DECLARADA RESPECTO DE LAS SAE
IV - CONFIGURACIÓN DEL ESTADO DE CESACIÓN DE PAGOS EN EL CASO DE LAS SAE
V - CONCLUSIÓN

Este artículo forma parte de la publicación “Temas de Derecho Administrativo”, exclusivo para suscriptores de Erreius.

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