La Sala F de la Cámara Comercial, en un fallo reciente, confirma la resolución del Juez de grado que rechazó la observación efectuada por la AFIP al proyecto de distribución presentado por la sindicatura a fin de que se disponga una reserva por los fondos generados por la enajenación de los bienes de la quiebra para destinarlos al pago del impuesto a las ganancias al considerar que la quiebra no tributa dicho impuesto porque no posee aptitud para efectuar pagos.

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Hechos

En la quiebra de la sociedad Frigorífico Alca SRL, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) observó el proyecto de distribución final presentado por la sindicatura al considerar que no surgía del mismo la reserva de fondos para el pago del impuesto a las ganancias por todos los ingresos obtenidos en la quiebra. A tal fin invocó los decretos 824/2019, 862/2019 reglamentarios de la ley de impuesto a las ganancias.

El Fisco adujo que las ganancias obtenidas por la enajenación de inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga, fallido o no, son alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias y refirió que toda sociedad fallida -como cualquier sociedad disuelta- conserva su personalidad jurídica y la plenitud de su estructura orgánica ya que la liquidación es un mero estado patrimonial.

Agregó que es responsabilidad de la sindicatura y/o los delegados liquidadores cumplir con las obligaciones impositivas que exige la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Finalmente entendió que el hecho imponible se genera en los gastos y gestiones que se deben afrontar para hacer posible la liquidación de los bienes.

La sindicatura contestó el traslado alegando que a la pregunta sobre si una sociedad en quiebra está alcanzada por el impuesto a las ganancias por la venta de inmuebles en subasta, como pretende la recurrente, el a quo realizó un pormenorizado análisis en el que afirma categóricamente que de considerar una respuesta afirmativa a la misma, incurriríamos en un absurdo, ya que en el análisis en cuestión, el a quo, conjuga las normas de derecho tributario, con las que rigen el presente proceso falencial, llegando a la lógica conclusión que “resulta imposible exigir el tributo donde no existe capacidad de pago, la ficción en tal caso deviene en torpe choque con la realidad, la falsedad se convierte en deformación evidente y ni siquiera su creación por vía legislativa puede resultar compatible con el ideario constitucional”.

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Dictamen de la fiscal de Cámara

La Fiscal de Cámara, en su dictamen, entiende que la venta forzada de bienes en el marco de la quiebra no se puede considerar como “rendimientos, rentas o enriquecimientos derivados de la realización a título oneroso de cualquier acto o actividad habitual o no” en los términos del art. 2 de la ley 20.628.

Para llegar a esa conclusión aclara que el nacimiento de la obligación tributaria sólo debe producirse en base a la existencia de una ley formal que establezca claramente el concepto del hecho imponible, definiendo los componentes del elemento objetivo del hecho generador, el elemento subjetivo del mismo, la alícuota aplicable, las exenciones objetivas y subjetivas, es decir todo aquello que resulte sustancial a la materia sobre la cual legisla.

Agrega que el art. 24 de la RG AFIP 2139/06 establece que los sujetos indicados en el art. 3 no serán pasibles de retención cuando hubieran peticionado su propia declaración de quiebra o tuvieren quiebra decretada o se le hubiere pedido la declaración de quiebra, excepto el caso de aquellos que no hubieren sido notificados al momento de practicarse la retención.

Culmina su análisis, esgrimiendo que si el Congreso no previó que el gravamen se extienda a los procesos falenciales, no podría válidamente el Poder Ejecutivo ampliar la faz subjetiva del gravamen, pues los otros órganos de Estado se encuentran impedidos de avanzar sobre los aspectos constitutivos del tributo, como derivación del principio de legalidad.

Sentencia de Cámara

La Cámara comparte los fundamentos plasmados en el dictamen de fiscalía, considerando que los mismos son per se suficientes para tornar endebles los pivotes argumentales de la apelante.

Determina que el presupuesto objetivo en los procesos concursales es la cesación de pagos, siendo éste un requisito sustancial y que el fallido se encuentra desapoderado desde la fecha de quiebra de pleno derecho de sus bienes, lo cual impide que ejercite los derechos de disposición y administración sobre los mismos –art. 107 LCQ-

En este sentido, tomado el criterio expresado por el Dr. Diego Rubio en “Consecuencias Tributarias de los procesos concursales”, publicado en Doctrina Tributaria Errepar del mes de septiembre de 2012, el Tribunal manifiesta que conjugando el principio de constitucionalidad de capacidad contributiva y el presupuesto objeto necesario en materia concursal, la quiebra no puede tributar el impuesto a las ganancias porque no posee aptitud para efectuar pagos.

Finalmente agrega que no puede pasarse por alto que ni la Ley del Impuesto a las Ganancias, ni su Decreto reglamentario, hacen extensivo el gravamen a las liquidaciones concursales; y, para estar gravadas las supuestas ganancias originadas en las quiebras, las mismas deberían estar incluidas objetiva y subjetivamente como presupuestos de imposición en la ley del gravamen debido a que el principio de legalidad exige que la ley establezca claramente la base, el hecho imponible y los sujetos obligados al pago, entre otras precisiones. Es que, todo proceso falencial cuenta con principios y reglas que le son propias y el Fisco debe guardar la necesaria armonía respetando los principios elementales de la ley concursal como la 'pars conditio creditorum', importando la pretensión de cobrar un tributo de fecha posterior a la quiebra con prelación a la masa de acreedores concursales un apartamiento del fin y de lo dispuesto por la LCQ (“La improcedencia de la gravabilidad del Impuesto a las Ganancias en las quiebras” – Dra. Osso, María Cristina - Doctrina Societaria y Concursal Errepar – Octubre 2023).

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