Por: Gastón Vidal Quera

I - EL TEMA

La Cámara Federal de Mar del Plata, en los autos 'Valderrey, Oscar Andrés y otro c/Banco de la Nación Argentina s/Daños y Perjuicios', deja sin efecto una sentencia de primera instancia, y rechaza una demanda iniciada contra el Banco Nación por faltantes en una caja de seguridad por falta de prueba.

Es un fallo que analiza varias cuestiones y que es de interés en la delicada relación contractual que se plantean en estos casos, con las responsabilidades que conlleva este tipo de contratos. También quien debe probar el contenido para el caso en que se sostenga un incumplimiento contractual

Cabe tener en cuenta para ingresar al tema, que el Código Civil y Comercial de la Nación (“CCyCN”) que este tipo de relación contractual encuentra regulación en el artículo 1413: “El prestador de una caja de seguridad responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido de ellas, conforme con lo pactado y las expectativas creadas por el usuario. No responde por caso fortuito externo a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas”. Las cláusulas que eximen de responsabilidad al prestador se tienen por no escritas, siendo válidas las que limitan la misma hasta un máximo solo si el usuario está debidamente informado (art. 1414 del CCyCN).

También es importante a los efectos de este comentario considerar que como indica el artículo 1415 del CCYCN: “La prueba del contenido de la caja de seguridad puede hacerse por cualquier medio”.

II - LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En primera instancia, el juez a cargo del Juzgado Federal de Mar del Plata Nº 2 aceptó parcialmente la demanda por daños y perjuicios ordenándole abonar un importe con intereses, pero rechazó la demanda que pretendía una indemnización por daño moral.

Le aplicó una multa por daño punitivo, que es en favor del usuario, al Banco por $ 5.447.622,45 por aplicación del artículo 52 bis de la Ley Nº 24.240.

La cuestión consiste en analizar si el Banco de la Nación Argentina resulta civilmente responsable por el presunto faltante de dinero en la Caja de Seguridad causada a los titulares, conforme surge del contrato de locación de cajas de seguridad aportados, quienes son los que iniciaron la demanda. Surge que se inició una causa penal por hurto en donde se ordenó el archivo de la causa, por no constituir delito o no poder proceder, pero se considera que por el artículo 1771 del CCYCN se puede analizar la responsabilidad civil en el juicio.

Luego se indica que se trata de una relación de consumo (art. 3 de la ley 24.240) y que ese tipo de contrato tiene como “características más relevantes la existencia de una caja o cofre situada de un banco y que se ofrece como servicio bancario de custodia a fin de que el cliente deposite en ella lo que desee (sin conocimiento del banco) ... se establece que la caja se abre con una llave del cliente y otra de la entidad, debiendo abonar el primero un previo por el servicio prestado”.

Se destaca que en los contratos de consumo por la “desigualdad que se da entre las partes en este tipo de negocios, el legislador fue estableciendo reglas que imponen deberse al predisponente y que describen conductas prohibidas porque abusan de la buena fe del consumidor, así como de su situación de inferioridad económica o técnica”.

En el caso, analizada la prueba se indica que al denunciar el faltante de ciento treinta mil pesos ($130.000) se hizo un acta de constatación por escribano público en donde se dejó constancia de ello, así como que la cerradura en apariencia no se encontraba violentada. Se ofrecieron diversos medios de prueba para probar el origen del dinero (recibos de beneficio jubilatorio de EDEA en concepto de “premio” por haberse retirado, declaraciones testimoniales) y para el juez se probó que el actor cobró ese “premio” por haberse retirado y que los testigos confirmaron que les indicó que lo depositó en la caja de seguridad de un Banco. Con lo cual para el juez “todas esas circunstancias hacen verosímil considerar que el dinero en cuestión haya sido depositado en la caja de seguridad y que entre los meses de febrero y marzo de 2012, los accionantes contaran en ese cofre con la suma de ciento treinta mil pesos que dicen les fue sustraída ... la prueba producida me permite elaborar la secuencia lógica descripta que me lleva a concluir que la guarda del dinero por parte de la entidad ha efectivamente acaecido”.

También se citan declaraciones de empleados del Banco en donde habría irregularidades en las medidas de seguridad del Banco en el sector de cajas de seguridad, tales como la falta de instalación de un circuito cerrado de televisión de seguridad, la falta de persona en el área, incumplimiento de la normativa con relación al procedimiento de grabado y entrega de llaves y que otras personas también denunciaron faltantes en las cajas de seguridad en las mismas fechas que los actores.

Con lo cual se concluye que “... los graves defectos en el cumplimiento de las medidas de seguridad detectados en el sector de cajas de seguridad ... constituyen indicios que por su precisión, gravedad y concordancia me permiten presumir la debilidad del control interno y el alto riesgo de que se produjeran hechos delictivos dolosos que afectaran los bienes resguardados en los cofres de los clientes”.

No se acepta el daño moral por falta de prueba del mismo, pero si se aplica una multa por daño punitivo (art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor), por las graves y múltiples irregularidades en el cumplimiento de las medidas de seguridad en que incurrió el Banco en el sector de cajas de seguridad.

III - EL FALLO DE LA CÁMARA: LA REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA

La Cámara como se adelantó tomó otro criterio y dejó sin efecto la sentencia, rechazando la demanda con costas en el orden causado.

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