La titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4 de Corrientes, Carolina Macarrein, dispuso que el Estado provincial deposite el 50% de un Salario Mínimo Vital y Móvil en concepto cuota alimentaria de un menor porque ni el padre ni sus abuelos pueden abonarla.

En el caso “T., E. A. C/ D., J. S/ ALIMENTOS”, la madre -en representación de su hijo- se presentó en los tribunales para reclamar el pago de la cuota alimentaria al padre del menor de edad y sus abuelos paternos. El hombre incumplió con el pago de los alimentos provisorios y no hubo acuerdo para fijar la cuota alimentaria.

Tras las distintas medidas de prueba, se comprobó que ninguna de las partes podía aportar para la manutención del pequeño ni existía una familia extendida que lo haga.

Alimentos y vulnerabilidad

Al analizar el caso, la jueza remarcó que “la cuestión alimentaria es un tema de derechos humanos básicos. Los niños, niñas y adolescentes son titulares de aquellos derechos generales, como el derecho a llevar una vida digna o al pleno desarrollo de su personalidad, pero además, debido a su especial situación de vulnerabilidad, se les reconoce el derecho a un plus de protección'.

“De allí que la Convención de los Derechos del Niño establezca pautas claras relacionadas con la especialidad en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, agregó.

Entre ellas, se refirió a “la prioridad de la consideración primordial de su superior interés o el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, cuyo cumplimiento recae, primordialmente, en la familia, dentro de sus posibilidades y medios económicos, pero también sobre los Estados partes, al imponerles la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de los alimentos de los padres u otras personas responsables, especialmente cuando vivan en Estados distintos (arts. 3°, 4° y 27 CDN)”.

Alimentos en cabeza del Estado

Para la jueza, 'se configura así una obligación universal en la cual la cadena de responsabilidades no se limita a los progenitores o familiares. Es decir, difícilmente se pueda lograr llevar adelante una vida digna y alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad, si se carece de los recursos básicos y necesarios para ello'.

Por este motivo, aplicó el artículo 604 del Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia (CPFNA) provincial, dispuso que sea el Estado Provincial el que cumpla con la obligación de pasar alimentos para solventar los alimentos, la salud, y la educación del niño.

Dicho artículo trata sobre la “Obligación alimentaria subsidiaria del Estado. Fondo de garantía” e indica: “El Estado debe prestar asistencia inmediata a las niñas, niños o adolescentes si en un proceso de alimentos se prueba que los progenitores u otras personas obligadas están imposibilitados de proveer lo necesario para su subsistencia'.

El juez debe ordenar a los órganos competentes que dentro del término perentorio de veinticuatro (24) horas:

a) Se arbitren las medidas indispensables para asegurar las prestaciones necesarias para cubrir sus necesidades básicas.

b) Se le informe qué medidas se han adoptado. Una ley especial debe regular el funcionamiento del fondo de garantía”.

En la actualidad, el Salario Mínimo, Vital y Móvil asciende a $262.432,93, por lo que el Estado provincial deberá depositar 131.216 pesos.

Alimentos: una cuestión de Derechos Humanos

En el artículo “Los alimentos a cargo de los abuelos y a favor del niño, niña o adolescente: una cuestión de Derechos Humanos”, publicado en Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética, de Erreius, Susana M. Squizzato y Guadalupe Soler explican que “el reclamo de alimentos efectuado por los menores a sus abuelos que transitan la vejez puede reflejar situaciones de vulnerabilidad de ambos integrantes de la relación intrafamiliar, caracterizadas por la primacía del valor utilidad por sobre la justicia, y por la existencia de factores internos y externos que actúan como obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales”.

Y remarcaron que “la tensión entre derechos tan esenciales como el de los alimentos del menor y los del abuelo adulto mayor puede generar verdaderas injusticias si no se propicia un adecuado y prudente examen de las condiciones personales y patrimoniales de ambas partes”.

“A los fines de resguardar los derechos de ambos sujetos de la interacción se requiere el despliegue de repartos por parte de los integrantes de la familia de los NNA que poseen responsabilidad alimentaria a su favor, o del Estado en forma subsidiaria. Ello, no solo como respuesta jurídica tendiente a satisfacer las necesidades de las personas menores de edad, sino también para auxiliar a los abuelos mayores cuyos derechos se encuentran en pugna con los de sus nietos, incluso para proporcionarles condiciones de vida dignas y equitativas durante su vejez”, añadieron.

“No puede desconocerse que se trata de dos vulnerables y si bien debe resolverse in dubio pro niño (art. 3, CDN), lo cierto es que si en el caso en particular la fijación de una cuota alimentaria aun mínima a cargo de la persona mayor de edad atenta contra su propia subsistencia, resulta por demás injusta e irrazonable, y no puede establecerse obligación alimentaria a su cargo”, concluyeron.

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