Por: Daniel Schurjin Almenar

Introducción

La reciente designación de una mujer al frente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal marca un punto de inflexión en la historia institucional del ejercicio profesional del Derecho. El dato, por sí solo, reviste una significación innegable. No solo por su carácter inaugural, sino porque irrumpe en una tradición prolongada de conducción masculina en uno de los espacios más representativos del ejercicio profesional. Sin embargo, su adecuada comprensión exige situarlo en una trama histórica más amplia, donde la cuestión de género ha operado como una variable estructural en la configuración de los espacios de poder.

Un hito en una historia de accesos tardíos

La presencia de mujeres en posiciones de conducción dentro del sistema jurídico argentino ha sido, en términos históricos, excepcional y tardía. La Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye un ejemplo elocuente de esa trayectoria, con una participación femenina escasa en relación con la extensión temporal de su integración.

Algo similar se advierte en el ámbito universitario. Las facultades de Derecho, espacios centrales en la formación de la cultura jurídica, han registrado durante décadas una marcada masculinización en sus estructuras de gobierno. La elección de mujeres como decanas, por vez primera, en instituciones como la UBA (con Mónica Pinto, en marzo de 2010) o la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (con María F. Vázquez, en abril de 2015), así como el reciente antecedente de la primera decana en la historia de la Universidad Nacional de La Plata (Valeria Moreno, electa en marzo de 2026), confirman que estos procesos de apertura han sido graduales y tardíos.

La reiteración del fenómeno en distintos ámbitos permite advertir que no se trata de episodios aislados, sino de manifestaciones de una lógica estructural. En espacios profesionales análogos, como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la configuración de los órganos de conducción ha seguido patrones similares, con predominio sostenido de varones en los cargos de mayor jerarquía.

En ese contexto, la llegada de una mujer a la presidencia del CPACF se inscribe en una secuencia histórica de avances progresivos, que, aun siendo significativos, evidencian la persistencia de barreras de acceso que no han operado de manera explícita, pero sí eficaz.

La neutralidad en cuestión y la persistencia de desigualdades

El derecho ha sido tradicionalmente concebido como un sistema neutral, orientado a brindar respuestas objetivas y universales. Sin embargo, esa pretendida neutralidad ha sido crecientemente puesta en revisión, en tanto ha tendido a reproducir parámetros construidos desde experiencias que no contemplan las desigualdades estructurales existentes.

En este marco, la noción de “techo de cristal” (barreras invisibles que frenan el ascenso de las mujeres a cargos jerárquicos) adquiere especial relevancia como categoría explicativa. La evidencia disponible en distintos ámbitos profesionales muestra que, aun cuando las mujeres acceden en condiciones formales de igualdad, su presencia disminuye de manera significativa a medida que se asciende en la estructura jerárquica. Este fenómeno no responde a una única causa, sino a la convergencia de factores culturales, institucionales y organizacionales que operan de manera persistente.

La historia institucional del CPACF no resulta ajena a esta lógica. La ausencia de mujeres en su presidencia hasta el presente no puede ser leída únicamente en clave contingente, sino como parte de un patrón más amplio que ha condicionado el acceso a posiciones de conducción en el ámbito jurídico.

Desde esta perspectiva, el hecho actual no solo adquiere valor por lo que representa, sino también por lo que permite visibilizar: la existencia de trayectorias desiguales que han sido, durante mucho tiempo, naturalizadas bajo la apariencia de normalidad institucional.

Representación, institucionalidad y horizonte de transformación

La incorporación de mujeres en espacios de decisión produce un efecto simbólico relevante. Amplía los marcos de referencia, interroga las prácticas consolidadas y contribuye a reconfigurar las expectativas en torno a quiénes pueden ocupar determinados roles.

Al mismo tiempo, la dimensión institucional del fenómeno invita a un análisis más exigente. La cuestión de la igualdad no se agota en la apertura de los espacios, sino que se proyecta sobre el modo en que esos espacios funcionan, deciden y se organizan.

En este sentido, la experiencia muestra que los procesos de cambio más profundos no se producen únicamente a partir de hitos individuales, sino a través de la revisión de prácticas, criterios y dinámicas que estructuran la vida institucional. La presencia de una mujer en la presidencia del CPACF ofrece, en ese marco, una oportunidad particularmente significativa para consolidar una mirada más atenta a las condiciones reales en que se ejerce la profesión.

Ello no supone anticipar resultados ni formular juicios prematuros, sino reconocer que el alcance de este momento histórico se medirá, en buena medida, por su capacidad de proyectarse sobre la institucionalidad del Colegio y sobre el conjunto de la abogacía.

El rol institucional del CPACF en clave de igualdad

El Colegio Público de la Abogacía ocupa una posición estratégica dentro del sistema de justicia. Su función no se limita a la administración de la matrícula o a la representación corporativa, sino que incide en la configuración del ejercicio profesional y en las condiciones de acceso a la justicia.

Desde esta perspectiva, el mandato constitucional de promover la igualdad real de oportunidades y de trato, consagrado en el artículo 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional, constituye un parámetro relevante para su actuación institucional.

La incorporación de una mirada que contemple las desigualdades estructurales no aparece, entonces, como un elemento accesorio, sino como una dimensión inherente a la función institucional del Colegio. En un contexto en el que el Derecho es interpelado por sus propias prácticas, la capacidad de las instituciones para revisar sus modos de funcionamiento adquiere una centralidad creciente.

Conclusión

La elección de una mujer como Presidente del CPACF representa un acontecimiento de indudable relevancia en la historia de la abogacía argentina. Su significación excede el plano individual y se proyecta sobre una estructura que, durante décadas, ha evidenciado patrones de acceso diferenciados.

Al mismo tiempo, este hito invita a una reflexión más amplia sobre el modo en que las instituciones jurídicas se configuran y evolucionan. La apertura de espacios constituye un paso necesario, pero no suficiente. El desafío reside en la consolidación de prácticas institucionales capaces de dar respuesta a las exigencias de igualdad real que emanan del orden constitucional.

En ese equilibrio entre reconocimiento del avance y conciencia de los desafíos pendientes se juega, en definitiva, el verdadero alcance de este momento. Allí radica su valor y, también, su proyección.

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