La sala V del Tribunal de Casación Penal de La Plata rechazó un recurso de casación interpuesto por la fiscalía contra el veredicto absolutorio dictado contra los imputados, al concluirse que el personal policial (al proceder a la incautación de material estupefaciente y realizar una requisa en el marco de una prevención policial) realizó un procedimiento arbitrario.

En el caso “C. A., J. L., P. M., J. C. E. y P. M., K. J. s/ recurso de casación interpuesto por el fiscal”, el representante del ministerio público consideró que los acusados son coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Destacó que los acusados circulaban en un vehículo cuando fueron requisados y se encontró que tenían en su esfera de poder, libre disposición y con fines de comercialización, la sustancia estupefaciente cocaína en un guarismo total de 192,7 (distribuidos en un ladrillo compacto y dos envoltorios) y la sustancia estupefaciente marihuana en un peso de 33 gramos, ambos narcóticos considerados como de uso, venta y tenencia prohibida por la ley vigente, como así también la suma total de $41700, producto del comercio ilícito y dos teléfonos celulares.

La magistrada de la instancia concluyó que la prueba producida en la audiencia de debate no permitía tener por acreditado el suceso reseñado, a partir de considerar irregular el procedimiento que diera origen a la causa, y en consecuencia absolvió a los imputados.

Para llegar a esa conclusión, sostuvo que, desde el Centro de Monitoreo del Comando de San Miguel informaron que el hecho se originó porque vieron que una persona ubicada en el asiento del acompañante de un vehículo estaba peleando con otro auto mientras circulaban, y que por ello alertó al personal policial.

El efectivo policial que realizó la interceptación de la camioneta Eco Sport color rojo, manifestó que la indicación del COM era que se identifique al vehículo porque el acompañante del conductor estaba sacando el cuerpo de la ventanilla y que la identificación de rutina consistía en bajar a quienes se trasladaban en el automóvil, realizarles un cacheo preventivo para que no pudieran lastimar al personal y en ese momento fue que se les cayó sustancia estupefaciente.

Agregó que individualizó dicho vehículo, no observó nada raro, pero tocó la sirena y el conductor se detuvo, se le requirió que descienda al igual que al resto de los ocupantes y los requisó.

A partir de los elementos ponderados, el juzgador razonó que en su criterio existía 'una especie de sospecha básica o rudimentaria, que habilita a la policía para verificar la situación y eventualmente, para identificar a los ocupantes del auto en cuestión', añadiendo luego que 'el contenido de la sospecha es absolutamente difuso, la situación habilitante de una actuación oficiosa, se situa en el escalón más bajo de aquel tipo de presunciones. Por lo que en obvia consonancia, la interferencia de la autoridad policial debe ser, equivalentemente, la mínima.'.

La apelación de la Fiscalía

El Fiscal Adjunto señaló que la actuación policial no vulneró garantía constitucional alguna pues no hubo exceso alguno en el accionar desplegado y el personal policial actuó preventivamente en la emergencia a fin de resguardar su seguridad y la de terceros.

El funcionario denunció arbitraria y parcial valoración probatoria y señaló que el procedimiento preventivo se llevó a cabo por el personal policial en razón de la advertencia del operador de las cámaras del Centro de Monitoreo del Comando de San Miguel relativa a que quien se ubicaba como acompañante de la camioneta Eco Sport discutía con personas que circulaban a bordo de otro automóvil, lo que ponía en peligro su integridad física y la de terceros.

En razón de ello, personal policial ante la sospecha de la posible comisión de un delito, la emergencia y la puesta en peligro de la integridad de terceras personas interceptó la camioneta Eco Sport en que se desplazaban los aquí imputados.

Agregó que los funcionarios policiales luego de solicitarle al conductor la documentación correspondiente le ordenaron a todos los ocupantes que desciendan del auto, momento en el que se le cayó a uno de ellos dos bolsas de nylon conteniendo cocaína, la que se incautó.

Asimismo, realizaron la requisa de dicho vehículo secuestrándose sustancia estupefaciente.

La decisión del Tribunal de Casación

Los jueces Manuel Alberto Bouchoux y Mario Kohan observaron que el fiscal no realizó ninguna crítica a lo manifestado por el juez ni ofreció argumentos novedosos que pongan al descubierto los desaciertos que se le atribuyen al pronunciamiento.

Luego recordaron que el éxito en materia casatoria se obtiene cuando se logra acreditar que el órgano de juicio incurrió en inobservancia o errónea aplicación de preceptos legales y cuando ello constituya un defecto grave del procedimiento o un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso o de la resolución.

Remarcaron que el Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Martín fundamentó su decisión sobre la invalidez del procedimiento inicial, para luego concluir motivadamente la ausencia de prueba, de modo que no incurrió en la arbitrariedad denunciada.

En el caso, enfatizaron que el personal policial con la simple comunicación de un posible conflicto de índole vehicular ordenó a quienes se trasladaban en la camioneta Eco Sport que descendieran y los requisó, al igual que al rodado mencionado.

Luego refirieron que los funcionarios policiales intervinientes no manifestaron que se encontraron ante un flagrante delito y por ello procedieron del modo en que lo hicieron, no justificaron su accionar avasallante de las garantías constitucionales ni mencionaron alguna situación anómala que lo autorizara a proceder sin orden judicial.

Es decir, no hubo situación de urgencia o flagrante delito, que el proceder policial colisionó con el derecho la intimidad y a la privacidad consagrados constitucionalmente y que fue dicho accionar desmedido -sin la existencia fundada de motivos suficientes de sospecha de la ocultación de cosas relacionadas con un delito-, el que permitió el hallazgo de la sustancia estupefaciente.

El recurrente no logra rebatir la conclusión del juzgador en torno a que en el caso no existían, al momento de iniciar el procedimiento, datos objetivos que constituyeran una causa probable de la comisión de un ilícito, lo que sella la suerte de la queja.

Es que, a la hora de analizar la injerencia estatal en ámbitos de intimidad constitucionalmente protegidos, el análisis debe realizarse ex ante, de modo que exista una sospecha fundada de la existencia de un delito previa a aquella injerencia, sin que pueda legitimarse el accionar -en este caso policial- por el resultado posterior resultante de la intromisión (art. 18 C.N., 225, y 294 inc. 5 del C.P.P.).

En definitiva, estimaron que el material probatorio reseñado impide arribar a un pronunciamiento condenatorio, toda vez que no puede censurarse la conclusión del juzgador en punto a que el personal policial fue más allá de sus facultades colisionando su proceder con las garantías constitucionales de intimidad y privacidad, pues no existió la sospecha fundada de la comisión de un delito, ni flagrancia ni urgencia alguna que avalara el procedimiento por ellos realizado.

Así, remarcaron que el personal policial realizó un procedimiento arbitrario careciendo de “motivos suficientes” que lo justifique, basándose en una mera apreciación subjetiva, toda vez que las circunstancias de tiempo, modo y lugar examinadas y la conducta de los imputados no se erigen en “causa probable”, “sospecha razonable” o “razones urgentes” y por ello el procedimiento documentado carece de fundamento y de legitimidad. De esta manera, confirmaron la decisión del juzgado de primera instancia.

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