La doctrina analiza la Ley 27799, conocida como la 'Ley de Inocencia Fiscal', publicada el 2 de enero de 2026, y sus significativas reformas al régimen legal y legislativo de Argentina.

En el presente estudio, Germán Ruetti y Humberto Diez se focalizan en la reforma al artículo 19 del Régimen Penal Tributario, la que establece la obligación imperativa de no denunciar penalmente en casos en los que no exista un comportamiento claramente punible.

Resumen con los puntos clave de la doctrina:

Cambio de Paradigma en la Actuación Tributaria: la Ley 27799 busca revertir la 'actitud persecutoria' de la administración tributaria, que anteriormente se caracterizaba por una 'automática inversión de la carga de la prueba y estigmatización de los contribuyentes'.
Alcance de las Modificaciones: la ley introduce cambios en el régimen penal tributario, la ley de procedimiento tributario nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación, leyes de obras sociales y seguro de salud, y la ley de prescripción previsional. También incorpora un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
Despenalización y Mínima Intervención: se elevan notablemente los umbrales cuantitativos para los delitos y se amplían los supuestos de eximición o exclusión del proceso penal. Se actualizan significativamente los importes de las multas formales.
El 'Nuevo' Artículo 19 del Régimen Penal Tributario: este artículo establece una obligación imperativa de no denunciar penalmente por parte del organismo recaudador en cuatro supuestos específicos, ampliando los casos respecto a la formulación anterior de la Ley 27430:

a) Ausencia Manifiesta de Conducta Punible: cuando sea evidente que no se ha verificado una conducta punible, ya sea por las circunstancias del hecho o porque el perjuicio fiscal obedece a diferencias de criterio en la interpretación normativa o aspectos técnico-contables de liquidación.

b) Determinaciones Basadas Exclusivamente en Presunciones Legales: no se formulará denuncia si las obligaciones tributarias o previsionales ajustadas son resultado exclusivo de la aplicación de presunciones legales, sin otros elementos de prueba que conduzcan a la comprobación del ilícito.

c) Exteriorización Fundada del Criterio Interpretativo: cuando los contribuyentes hayan informado formal y fundadamente su criterio interpretativo y/o técnico-contable ante el organismo recaudador, antes o simultáneamente a la presentación de la declaración jurada, siempre que este criterio no busque tergiversar la base imponible.

d) Regularización Espontánea: si los contribuyentes presentan las declaraciones juradas (originales o rectificativas) antes de ser notificados del inicio de una fiscalización relacionada con el tributo y período fiscal en cuestión.

Naturaleza Imperativa de la Norma: la reformulación completa del artículo 19 refuerza la imperatividad de la norma, buscando que su aplicación por parte de los funcionarios fiscales sea obligatoria, alejándose de criterios personales o facultativos.

Para cerrar, los autores sostienen que si bien “alguna doctrina señala que estamos ante un blanqueo encubierto e indirecto, por nuestra parte, entendemos que las normas en trato no configuran un régimen de blanqueo”.

Por último, concluyen que “en la nueva ley, lo que en verdad se verifica es un cuadro de normas que restituyen a la materia tributaria el lógico y necesario campo de libertad de las personas sin ilegítimas intromisiones de la administración”.

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La “obligación de no denunciar” en el nuevo régimen penal tributario