Por: Carolina M. Peluffo

La Ley 15.513, recientemente sancionada en la Provincia de Buenos Aires, introduce modificaciones sustanciales en el régimen procesal de los alimentos, consolidando un marco normativo orientado a garantizar el acceso efectivo a la justicia, en particular para mujeres y niños, niñas y adolescentes (NNyA). Su contenido implica una evolución normativa en consonancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y se presenta como una herramienta concreta para revertir las históricas dificultades en la obtención y ejecución de sentencias alimentarias.

El espíritu de la norma se inscribe en una lógica de simplificación procedimental, modernización tecnológica y fortalecimiento de los mecanismos de ejecución. A su vez, plantea una clara respuesta estatal a las desigualdades estructurales que enfrentan quienes tienen a su cargo tareas de cuidado, en su mayoría mujeres, frente al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

I - Plazos procesales abreviados y exigencias probatorias flexibles

Entre los aspectos más relevantes de la reforma se encuentra la reducción de los plazos para la contestación de oficios: las oficinas públicas deberán responder en el término de siete días hábiles, y las entidades privadas en cinco. Asimismo, una vez producida la prueba, el tribunal deberá dictar sentencia dentro de los cinco días subsiguientes, de conformidad con el artículo 641 del Código Procesal Civil y Comercial.

En cuanto a la carga probatoria, se flexibiliza la exigencia de prueba directa respecto del caudal económico del alimentante. La parte actora podrá acreditar su capacidad contributiva mediante prueba indiciaria o indirecta, siendo suficiente la presentación de elementos tales como capturas de pantalla, imágenes digitales, evidencias del nivel de vida o gastos no registrables (viajes, bienes de lujo, etc.). Se supera así una concepción probatoria excesivamente ritualista, promoviendo una valoración razonable y contextualizada de los medios de prueba.

II - Convenios no homologados y fuerza ejecutiva

Otro avance significativo reside en el reconocimiento de fuerza ejecutiva a los convenios alimentarios que no han sido homologados judicialmente, siempre que cumplan con ciertos requisitos formales: firma certificada por autoridad judicial o administrativa competente, o acreditación de un principio de ejecución. En los supuestos en que no se verifiquen estas condiciones, la ley establece que deberá prepararse la vía ejecutiva y citarse al deudor para reconocer la firma y ejercer su derecho de defensa.

Asimismo, se incorpora la intervención obligatoria del Ministerio Público en los convenios celebrados, conforme a las previsiones del Código Civil y Comercial, a fin de garantizar el respeto del interés superior del niño y el control de legalidad de los acuerdos.

Además:

III - Notificaciones por medios electrónicos: hacia una justicia digital

IV - Alimentos provisorios y criterios de cuantificación

V - Régimen sancionatorio: multas, intereses y ejecución reforzada

VI - Ejecución, cumplimiento y medidas innovadoras

VII - A modo de cierre: derecho procesal con perspectiva de realidad

Este artículo forma parte de la publicación 'Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética', exclusivo para suscriptores de Erreius

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