En los autos “Dominguez Yanina Vanesa c/ Muresco S.A. s/despido”, del 13 de agosto de 2024, el Máximo Tribunal declara la inconstitucionalidad del art. 132 bis LCT y revoca el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con fundamento en la desproporcionalidad de la solución dada por los jueces para el caso.

Señaló el Tribunal que la falta de proporcionalidad entre la sanción y su finalidad de prevención o punición de la evasión fiscal, queda puesta de manifiesto, a poco que se repare en que en el marco de una relación laboral que duró un año y ocho meses, por la deuda se impuso una multa equivalente a 53 salarios mensuales de la actora.

Cabe destacar que en este caso en particular se encontraba vigente el art 132 bis LCT al momento del despido, en tanto esta normativa fue derogada recientemente por la Ley de Bases.

Marco Legal

El art 132 bis LCT, incorporado por el art. 43 de la ley 25.345 (BO: 17/11/2000) establecía que el empleador que hubiera retenido aportes de un empleado con destino a los organismos de la seguridad social y no los hubiere ingresado total o parcialmente a estos al producirse la extinción del contrato de trabajo, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos.

Asimismo, establecía que la imposición de la sanción conminatoria prevista en este artículo no enerva la aplicación de las penas que procedieren en la hipótesis de que hubiere quedado configurado un delito del derecho penal.

Su decreto reglamentario, N° 146/2001, establece el plazo para presentar la intimación y que proceda la aplicación de la sanción conminatoria.

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la condena por indemnizaciones por despido y, en lo que es materia de agravio, mantuvo la condena al pago de la multa por retención de aportes prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, vigente al momento de los hechos.

Para decidir de este modo rechazó el planteo de inconstitucionalidad del aludido art. 132 bis LCT.

Contra tal decisión, la demandada dedujo el recurso extraordinario federal y la queja.

Qué dijo la Corte

La Corte revocó la sentencia apelada y declaró, para el caso, la inconstitucionalidad del art. 132 bis de la LCT.

A tal fin, expresó que resulta requisito para la validez de una norma legal el de su razonabilidad, sin que quepa a los jueces arrogarse facultades para decidir sobre el mérito ni sobre la conveniencia del criterio adoptado por el legislador, en cuanto lo cuestionado al respecto no revista jerarquía constitucional.

Que la irrazonabilidad de la aplicación a este caso concreto de la norma cuestionada sostuvo el Tribunal - queda puesta de manifiesto, sin más, por la evidente falta de proporcionalidad entre la sanción y su finalidad de prevención o punición de la evasión fiscal, a poco que se repare en que por una deuda que ascendía a $ 11.406,21, se impuso una multa de $ 194.775, equivalente a 53 salarios mensuales de la actora y ello en el marco de una relación laboral que duró un año y ocho meses, desentendiéndose así el fallo de la realidad económica subyacente en la causa.

Por lo demás, sostuvo la Corte, la aludida falta de proporcionalidad obedecía a la ausencia de previsión legal que posibilitase la graduación de la multa, tal como sí se preveía en otras leyes laborales que establecían agravamientos indemnizatorios (v.gr. art. 16 de la ley 24.013 o art. 2° de la ley 25.323), circunstancia a la que se suma la inexistencia de todo tope. Máxime cuando el incumplimiento oportuno de las obligaciones aquí involucradas ya tiene otras sanciones previstas en el régimen legal impositivo así como en el penal.

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