Por: Nadia García

Abogada, especialista en Seguridad Social

Para iniciar este pequeño relato es necesario resaltar que el “Proyecto de Ley ómnibus” enviado al Congreso en su artículo 3 declara, en lo particular, la emergencia previsional hasta el 31 de diciembre de 2025 pudiendo prorrogarse por dos años más. Es decir, durante todo el mandato del actual presidente se podría mantener la delegación de facultades que efectúa la ley.

En el CAPITULO III y por el artículo 106 se suspende la aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias. Nuevamente, como ocurrió durante el año 2020, no se aplicaría la fórmula de movilidad aprobada por el Congreso en esta oportunidad dispuesta por ley 27.609. Ley, esta última, que ya demostró ser insuficiente y empeoró la situación de las personas mayores licuando sus ingresos ante una inflación sin tope.

Mediante este proyecto se facultaría al Poder Ejecutivo Nacional a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica. No surge de la ley ningún parámetro para esta supuesta fórmula automática. Los conceptos de equidad y sustentabilidad lejos de aportar claridad solo recuerdan un pasado demasiado cercano y una historia ya lamentablemente conocida que lleva al achatamiento de los haberes previsionales.

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Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. Nuevamente se acude a una solidaridad intra-generacional (históricamente fue inter-generacional) y se desconoce el mayor esfuerzo contributivo.

Los aumentos se darían por decreto del PEN sin indicarse parámetro, ni periodicidad, subsumiendo una vez más al régimen previsional en la absoluta imprevisibilidad. Una vez más y sin ruborizarse el ajuste apunta a personas mayores que no tienen plan b.

Pasan los gobiernos, pasan las leyes, y la solución siempre es la misma. Por omisión, por empalme, por suspensión, por nueva suspensión, etc. se condena a las personas mayores a la absoluta pobreza.

Con haberes ya depreciados y licuados el proyecto de ley pretende suspender nuevamente los magros e insuficientes aumentos que se otorgan en el marco de la ley 27.609.

Nos queda confiar en las instituciones e instar al Congreso a garantizar los principios constitucionales de integralidad e irrenunciabilidad de los derechos de la seguridad social y el derecho humano fundamental de las personas mayores a una vida digna en el marco de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores con rango constitucional. Todos sabíamos que era decisión del gobierno terminar con el último de los parámetros de actualización de los magros haberes previsionales. Es quizás la crónica de una muerte anunciada. Pero; ¿Se muere o la matan?

Por: Nadia García

Abogada, especialista en Seguridad Social

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